Por: Alejandro Ramírez
Recuerdo muy bien las enseñanzas del profesor estadounidense, académico de negociación de la Universidad de Harvard, William Ury, las mismas que por conducto de nuestros profesores en negociación e inteligencia emocional nos fueron impartidas en clase. Será recordado -entre otras grandes tesis- de la importancia de “subir al balcón” como una técnica para ganar perspectiva. Se trata pues de un ejercicio que nos permite desprendernos de nuestras emociones, canalizándolas hacia dónde permita mejorar una situación de negociación, mediación, etc., permitiendo que los intereses prevalezcan sobre las posiciones y la solución que se busca merezca un análisis suficiente, que en efecto cree valor para las partes en búsqueda de un acuerdo.
Sin embargo, para el Presidente Petro “subir al balcón” funciona con la ley inversa: lo hizo para demostrar su Cólera, amenazar a la clase política con movilizaciones de la guardia indígena y campesina en caso de no aprobar sus reformas; lanzando odas a la primera línea, sin importar que sus miembros hayan sido judicializados por su arremetida contra la sociedad en bárbaras jornadas de vandalismo, tipificando una escala variada de delitos que van desde homocidios, hurtos, secuestros, violaciones, etc. No en vano, con éstos últimos, Gustavo Petro intentó asaltar las funciones del aparato judicial: empezó solicitando a los jueces la libertad de sus miembros, consecuente con la promesa que les hizo, que estarían en libertad para fin de año, lo que escaló luego a la fiscalía solicitando levantar órdenes de captura para graves perpetradores de delitos y bajo una pretendida, pero contradictoria, labor como “gestores sociales”, aún cuando intentaron quemar más de un CAI con sus policías adentro. Licencia que, en bochornoso caso, permitiera conocer las públicas amenazas que hicieron miembros de la primera línea al juez que condenó a alias 19, en plena audiencia.
En la última de sus diatribas, Gustavo Petro quiso ejercer como superior funcional del Fiscal General de la Nación, a turno que dio juego a una de esas sesgadas, pero imaginativas investigaciones de periodistas que trasiegan por los expedientes judiciales, asignando en la Fiscalía General la responsabilidad de ocultar 200 asesinatos de líderes sociales. La respuesta del Fiscal General no se hizo esperar: de consolidase esta situación se subvertía el orden constitucional en su postulado de separación de poderes, pero todos sabemos que estos linderos son ampliamente desconocidos por Petro. Y apelando a su agitado twitter, en vez de retirar lo dicho, reafirmándose en su superioridad jerárquica sobre el fiscal General interpretando a su modo la Constirución – como ningún presidente había osado en manifestar – sin embargo lo cual, aseguró respetar la autonomía de los poderes públicos, incluido el legislativo. Lo cual resulta contra evidente, después de generar dos revolcones en su gabinete ministerial en menos de ocho meses, por cuenta de los trámites de sus proyectos en el congreso, especialmente su reforma a la salud, y amenazar públicamente en retirar del alto gobierno a los miembros de los partidos políticos que no acompañarán sus reformas en el legislativo. No podrá sostener que respeta la autonomía del congreso, cuando conocemos que trabaja por resquebrajar la unidad de los partidos y su ley de bancadas, con el propósito de salvaguardar la malhadada, hiperbólica y sesgada agenda de proyectos que cursa en el legislativo.
Más que una frase desprevenida de quien hoy ejerce como presidente, su pretensión de superioridad jerárquica sobre el Fiscal General de la Nación genera una grave advertencia, si se tiene en cuenta que a finales de este año la Corte Suprema elegirá de una terna que le envíe el Presidente Petro, a cualquiera de los tres juristas que admita someter el poder de la fiscalía al suyo. Oportunamente, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en claro comunicado señaló los errores conceptuales de Gustavo Petro; así mismo concurrieron ex magistrados y exfiscales, salvo Montealegre, quien permitió toda clase de absurdos judiciales en el gobierno de Juan Manuel Santos, a cambio de crecer el aparato burocrático de la Fiscalía con embajadas y Universidad a bordo.
Desde ya, se pronostica que ninguno de los miembros que presente Petro en la terna para la elección del fiscal dará garantías de imparcialidad e independencia para la cabeza del órgano investigador. Ya pudimos escuchar las declaraciones de Iván Velásquez al respecto, en su desastroso paso por el Ministerio de Defensa. Y quienes aseguran que concurriría en dicha terna Martha Lucía Zamora – también cercana al presidente – con un papel imborrable, por lo lúgubre, en los casos del Coronel Alfonso Plazas Vega y el ex diputado del Valle Sigifredo López, con notas de persecución innegables, para no profundizar en su papel como secretaria ejecutiva de la JEP.
La radicalización del mandatario, lejos de mostrar una postura proporcional a la dignidad que ostenta el presidente de la República, no solo lo distancia de una victoria electoral tan discutida cómo lo fueron sus postulados de cambio: lo hace ver en tránsito a un sistema remoto al del equilibrio de poderes donde prevalece su rencor a la democracia, como lo dejan ver sus amenazas de gobernar via decreto, si el congreso se resistía a aprobar su ley del Plan Nacional de Desarrollo, aprobado a tempranas horas de la madrugada y con proposiciones “bajo la manga”, sin cumplir los requisitos formales de publicidad. Cuando Petro “sube al Balcón” la democracia colombiana no recupera su perspectiva, y cada vez más la pierde.
