Por: Fernando Torres Mejía
Hay debates que una democracia necesita tener, incluso cuando resultan incómodos. El problema comienza cuando, en medio de la discusión, perdemos de vista aquello que debería estar siempre en el centro: la vida humana.
La controversia provocada por el pronunciamiento de la defensora del Pueblo, Iris Marín, después de la Operación Azarías en el Guaviare pertenece precisamente a esa categoría. Marín cuestionó la manera en que fueron presentados los cuerpos de los integrantes de las estructuras de alias Iván Mordisco muertos durante la operación y recordó que, incluso en la guerra, existen límites que el Estado debe respetar.
Es una advertencia legítima. El Estado democrático no puede renunciar a sus principios precisamente cuando enfrenta a quienes sí los han abandonado.
Pero existe otra pregunta, menos cómoda y quizá más importante: ¿quién está defendiendo con la misma intensidad a quienes padecen la violencia criminal?
Porque Colombia no solamente tiene muertos después de las operaciones militares. Tiene muertos antes de ellas.
Tiene familias desplazadas, comerciantes extorsionados, campesinos amenazados, niños reclutados, policías asesinados y soldados que regresan de la guerra sin una parte de su cuerpo.
Tiene comunidades enteras que han aprendido a vivir con miedo.
La propia Defensoría ha documentado una significativa parte de esta tragedia. Ha advertido sobre el reclutamiento de menores, el deterioro de la seguridad y la expansión de estructuras armadas. También rechazó el ataque del ELN en Ocaña que dejó tres integrantes de la Fuerza Pública muertos y posteriormente condenó otros ataques contra uniformados y comunidades.
Por eso la discusión no debería reducirse a una acusación de silencio absoluto. Sería injusta y, además, fácilmente rebatible.
La pregunta correcta es otra: ¿existe proporcionalidad en nuestra indignación? Porque una democracia tiene la obligación de vigilar al Estado. La tiene porque el Estado concentra el poder legítimo de la fuerza y, por lo tanto, debe estar sometido a controles.
Pero una democracia también tiene la obligación de llamar por su nombre al criminal. No es lo mismo la fuerza legítima utilizada por el Estado para proteger a la población que la violencia empleada por una organización armada para someterla. Esa diferencia no puede diluirse.
Defender los derechos humanos no significa desconocer esa realidad. Tampoco significa otorgarle al Estado licencia para abusar. Significa comprender que la defensa de la dignidad humana debe ser universal y no selectiva.
Ahí está el verdadero desafío para la Defensoría, para las ONG, para los periodistas y para los políticos.
No basta con hablar cuando actúa el Estado. También hay que hablar cuando actúa el crimen.
No basta con exigir respeto por los muertos. También hay que recordar a quienes fueron asesinados antes de que esos criminales terminaran muertos.
No basta con preguntar si la autoridad se excedió. También hay que preguntar qué hizo el victimario para que esa autoridad tuviera que intervenir.
Esa mirada no justifica los excesos. Los abusos del Estado deben investigarse y sancionarse. Colombia ya vivió tragedias como los falsos positivos y nadie debería permitir que vuelvan a repetirse.
Pero tampoco podemos caer en el extremo contrario: aquel en el que la vigilancia sobre la autoridad termina eclipsando la responsabilidad de quienes utilizan las armas para destruir la vida de los demás.
Hay algo profundamente injusto en una sociedad donde la víctima termina explicando por qué necesitaba ser defendida.
El pequeño comerciante no debería explicar por qué no quiere pagar una extorsión.
El campesino no debería explicar por qué quiere permanecer en su tierra.
El niño debería evitar explicar por qué no quiere ser reclutado.
El policía no debería explicar por qué decidió servir.
El soldado no debería explicar por qué arriesgó su vida.
Ellos son ciudadanos.
Y el Estado existe, entre otras razones, para protegerlos.
La Defensoría del Pueblo no debe ser una oficina de defensa del Gobierno. Sin embargo, tampoco puede ser percibida como una institución cuya mayor energía aparece cuando la autoridad obtiene una victoria militar.
Debe ser difícil y mucho más valioso: una institución capaz de incomodar al poder sin dejar de incomodar al crimen.
Ese es el verdadero equilibrio.
Porque los derechos humanos no pueden tener dueño.
No pueden pertenecer a una ideología.
No pueden depender de si la víctima llevaba uniforme o ropa de campesino.
No pueden depender de si el muerto estaba del lado del Estado o del lado de quienes lo combatían.
Todos merecen dignidad. Todos merecen debido proceso. Todos merecen que la vida sea respetada.
Pero quienes eligieron las armas para someter a los demás también deben saber que una democracia tiene derecho a defenderse.
Colombia necesita que quienes defienden los derechos humanos sean igualmente incómodos frente al poder estatal y frente al poder criminal. Necesita una defensa de la vida que no pregunte primero quién es la víctima para decidir cuánto indignarse. Porque los derechos humanos no pueden ser una herramienta para vigilar únicamente a quien gobierna, mientras frente a quienes asesinan, secuestran, extorsionan, reclutan niños y desplazan comunidades, la condena pierde fuerza, se vuelve tibia o simplemente ocupa un segundo plano. Si la dignidad humana es realmente universal, debe defenderse con la misma firmeza cuando la vulnera el Estado que cuando la vulneran quienes desafían al Estado y someten a los ciudadanos. De lo contrario, estaremos construyendo una sociedad en la que hasta la defensa de la vida parece tener preferencias, una sociedad en la que la indignación también tiene fronteras y en la que la dignidad puede terminar dependiendo de quién sea la víctima, cuando los derechos humanos parecen tener dueño.