Lo que dicen los audios divulgados el 24 de junio por Noticias Caracol coincide con las dos investigaciones preliminares abiertas en marzo en las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn contra el entorno del presidente Gustavo Petro. La sanción de la OFAC al presidente y a su núcleo cercano lleva ocho meses. Diez mil millones de pesos de los colombianos han pagado, hasta ahora, su defensa en Washington. La pregunta no es si los expedientes existen. Es quién, después del 7 de agosto, podrá pagar a sus abogados con dinero que no sea del Presupuesto General de la Nación.
El 2 de septiembre de 2022, tres semanas después de la posesión de Gustavo Petro, un hombre entró a una casa rural en el Urabá antioqueño. Era Danilo Rueda, el comisionado de paz del nuevo gobierno. Al otro lado de la mesa lo esperaba Luis Armando Pérez, alias “Jerónimo”, comandante y director político del Clan del Golfo, acompañado de dos abogados y dos asesores. Hablaron durante horas. Acordaron, entre otras cosas, frenar los operativos militares contra la organización, cancelar los bombardeos aéreos, retirar a los oficiales que conocían las rutas del cartel y suspender las extradiciones de los máximos jefes. Para nombrar el pacto sin nombrarlo, “Jerónimo” propuso una palabra y Rueda la aceptó. La llamaron así: juguemos a los congelados.
La frase, ridícula y precisa, viajó durante cuatro años por discos duros, oficinas y abogados hasta amanecer hoy en los audios que Noticias Caracol divulgó la mañana del 24 de junio. En la grabación se oye al comisionado prometer una “decisión de limpieza” en la inteligencia policial. Habla, con voz pausada, de una “expuración” —dijo expuración, no expurgación— que ya estaba en marcha. Le pide a “Jerónimo” que le suministre los nombres de los uniformados que desobedezcan la orden de detener las operaciones; promete hablar con el ministro de Defensa para tomar decisiones contra ellos. Rueda informa, además, que tres coroneles clave en la persecución del Clan también van a salir. Duraron, en efecto, una semana en sus cargos en la DIJIN, en inteligencia y en antinarcóticos. En el lenguaje del comisionado: muestras de confianza al cartel.
En otro tramo de las grabaciones el comisionado precisa el lenguaje. La orden no era simplemente prohibir bombardeos cuando hubiera menores —como había declarado en público el ministro de Defensa, Iván Velásquez— sino frenarlos. Lo dijo así: “desescalar un poquito más”. Los dos primeros años del gobierno no cayó una sola bomba sobre el Clan del Golfo. Mientras tanto, según las cifras del propio Estado, el cartel pasó de cuatro mil sesenta y un hombres a nueve mil novecientos quince. Y de operar en ciento cuarenta y cinco municipios a tener presencia en trescientos treinta y ocho. La salida masiva de la cúpula militar en agosto de 2022 —cuarenta y ocho generales según fuentes públicas, veintidós de la Policía y veintiséis de las Fuerzas Militares— se leyó en su momento como un movimiento natural de gobierno entrante. Los audios documentan otra cosa: que esas salidas se discutieron en una mesa con un jefe criminal, y se ofrecieron como muestras.
Cuatro años después, esa cadena de mando empezó a deshacerse en público el mismo día. El 24 de junio, horas después de la divulgación de los audios, Iván Velásquez —ministro de Defensa entre agosto de 2022 y febrero de 2024, hoy embajador de Colombia en el exterior— emitió un comunicado en el que aseguró que no tuvo conocimiento de los acuerdos entre Rueda y el Clan del Golfo, negó cualquier injerencia del comisionado en la salida de los oficiales y rechazó los pactos revelados. Sus palabras contradicen la grabación, donde Rueda dice expresamente que iba a hablar con el ministro sobre el cese de bombardeos para tomar decisiones contra los uniformados que desobedecieran la orden. El propio Rueda, ese mismo día, también respondió: negó haber ordenado el frenazo de las operaciones militares y afirmó que la conversación con “Jerónimo” fue una fase de exploración. Cuando la trama empieza a entrar en una pizarra de Park Avenue, lo primero que se reparte no son los honorarios. Son las versiones.
Mientras los audios envejecían en discos duros de algún testigo, dos oficinas en Nueva York abrían cuadernos sobre el mismo expediente. El 20 de marzo de 2026 The New York Times reveló que las fiscalías federales del Distrito Sur, en Manhattan, y del Distrito Este, en Brooklyn, adelantaban dos investigaciones criminales preliminares contra el entorno del presidente colombiano por presuntos vínculos con el narcotráfico. Las pesquisas se concentraban en tres preguntas: si Petro mantuvo reuniones o contactos con narcotraficantes; si su campaña de 2022 solicitó o aceptó dinero proveniente de esas estructuras; y si representantes suyos ofrecieron sobornos —en contextos como la cárcel de La Picota— a cambio de frenar extradiciones a los Estados Unidos. En los reportes se mencionó la participación de fiscales especializados en narcotráfico internacional, agentes de la DEA y agentes del servicio de investigaciones de seguridad nacional. La DEA designó al presidente colombiano como priority target. Hasta junio de 2026 no hay cargos formales. Las investigaciones siguen abiertas.
Los nombres de los Assistant U.S. Attorneys asignados a estas pesquisas no son públicos. Las dos oficinas mantienen el caso bajo reserva y los portavoces se han abstenido de comentar. Sí son públicos, en cambio, los nombres de quienes las dirigen: Jay Clayton, U.S. Attorney del Distrito Sur, ratificado en su cargo por los jueces de Manhattan en agosto de 2025; y Joseph Nocella, Jr., U.S. Attorney del Distrito Este, juramentado el 2 de septiembre de 2025, ex-fiscal federal en Brooklyn entre 1991 y 1995, con expediente en narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos. La carrera de Clayton, sin embargo, está a punto de pegar un salto. El 11 de junio de 2026, el presidente Donald Trump lo nominó para suceder a Tulsi Gabbard como Director de Inteligencia Nacional. Si el Senado confirma el nombramiento, el funcionario que hoy supervisa la pesquisa contra el presidente colombiano será, en cuestión de semanas, el responsable máximo de toda la inteligencia federal de los Estados Unidos, incluida la información que la DEA ha venido acumulando sobre Colombia.
La Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales del Distrito Sur, donde se gestan los pliegos de mayor calado contra carteles, lleva una década procesando lo mismo: Estados que cooperan con organizaciones criminales transnacionales. Fiscales asistentes como David J. Robles y Sarah L. Kushner aparecen en las acusaciones recientes contra Los Chapitos, contra Néstor Isidro Pérez Salas, alias “Nini”, jefe de sicarios del Cártel de Sinaloa extraditado en mayo de 2024, y contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a nueve actuales y antiguos funcionarios mexicanos, en pliego de abril de 2026. No son los fiscales del caso colombiano —al menos hasta donde se sabe— pero ilustran la lógica de la oficina. La diferencia entre procesar a un cartel y procesar a un Estado que coopera con un cartel, en su lectura, es la misma diferencia que hay entre una organización criminal y una conspiración para importar cocaína: nada, salvo la prueba.
El 19 de agosto de 2025, en la sede de la Dirección Nacional de Inteligencia en Bogotá, Jorge Lemus —el director— y Ricardo Rey Rosanía —el jefe de contrainteligencia— desayunaron con Eduward Ferney Rincón, alias “Boyaco Sinaloa”, un esmeraldero y confeso exnarcotraficante. Lo invitaron, dijeron, para conseguir información sobre los enemigos del Gobierno. Lo que se oye en la grabación es otra historia. Le pidieron al excapo que usara sus contactos con congresistas para empujar un proyecto de ley —el que el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, había radicado el 20 de julio en la Cámara— que crearía un modelo de sometimiento favorable a las organizaciones criminales. La frase, hoy archivada en discos compactos, es esta: ayúdennos con los políticos también para que pase ese proyecto de ley. Le pidieron también que sirviera de puente con alias “Chiquito Malo”, el máximo jefe del Clan del Golfo. Y Lemus, en algún momento, confesó que ya le había mandado una razón al cabecilla a través de otro narcotraficante: alias “J”.
En un instante de relajación, mientras “Boyaco Sinaloa” le explicaba a los jefes de inteligencia que él estaba alejado del narcotráfico, Lemus soltó una frase que en los audios suena al mismo tiempo a chiste de oficina y a confesión. Le dijo: si se me aparece una líneacita le hacemos. Es difícil traducir esa frase a un pliego federal. Pero en los expedientes que la unidad de Manhattan ha construido contra dirigentes hondureños y venezolanos, frases como esa han caído bajo la categoría de obstrucción a la justicia, manipulación de testigos o, según el contexto, lavado por tolerancia oficial.
En el mismo desayuno, “Boyaco Sinaloa” explicó, sin que nadie se lo pidiera, cómo había limpiado su pasado. Dijo, con todas sus palabras, que había pagado dieciocho millones de dólares en Estados Unidos para resolver sus problemas judiciales por narcotráfico y evitar la extradición. Para entender lo que significa esa cifra hay que pensarla dos veces. Dieciocho millones de dólares no es la multa de un acuerdo común. Es lo que cobra una fiscalía federal cuando construye un acuerdo de cooperación con incautación civil concurrente, en investigaciones de narcóticos transnacionales que típicamente caen en el rango del Foreign Narcotics Kingpin Designation Act —el llamado Kingpin Act— o de la Office of Foreign Assets Control, el OFAC del Departamento del Tesoro. Es también la clase de suma que defensores criminales con oficina en Park Avenue piden, por adelantado, para llevar un caso del Distrito Sur de un acusado extranjero hasta la sentencia. En ese rango cotizan, por ejemplo, los abogados que defendieron a Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública de México hallado culpable en Brooklyn en 2023.
Detrás de esa cifra hay una segunda confesión, más cruda. “Boyaco Sinaloa” explicó también el método con el que se blindó en Colombia: pagó a una fiscal y a un abogado para que le interpusieran una denuncia falsa antes de tiempo y así burlar futuros procesos. La denuncia fue radicada en 2014 por un veterinario de Montería llamado Orlando Mestra. Mestra fue asesinado en 2019. La frase con la que el excapo resumió la maniobra quedó grabada y es de las más reveladoras del expediente: investígueme para cuando vayan a investigar ya estoy investigado. En la lógica del Distrito Sur, esa maniobra es lavado por estructuración, obstrucción anticipada y, según las circunstancias del asesinato del testigo —que un fiscal federal no descartaría revisar de oficio—, witness tampering. En castellano antiguo: intimidación de testigos.
El esquema de la trama no se quedó en una reunión. Javier Grajales, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de la entonces senadora María José Pizarro y viejo conocido de los jefes de la DNI, confesó en la misma grabación que él coordinaba el trabajo operativo de los soplones de la DEA para extraditar a esmeralderos rivales —entre ellos Pedro Orejas y Horacio Triana— y que mandaba a otros a dar la cara para no calentarse. Lo dijo así: siempre por debajo del compartimentar la cosa. Esa frase, traducida al lenguaje federal del Distrito Este, configura conspiración para obstruir la justicia, manipulación de informantes y, según se demuestre, un componente que las fiscalías neoyorquinas no toman a la ligera: el uso del aparato estatal de inteligencia colombiano para inducir investigaciones penales en los Estados Unidos contra rivales del propio confidente. Si la unidad de Manhattan encuentra evidencia de que esa coordinación de soplones tuvo retorno económico, hablaríamos de soborno y lavado. Si la encuentra sin retorno económico, hablaríamos de extradiciones inducidas por intereses privados. Ninguna de las dos versiones envejece bien.
La fiscalía federal en Nueva York no se queda corta de figuras. Sobre la trama, en lo que los audios documentan y lo que las dos oficinas vienen procesando desde marzo, encajan, sin esfuerzo, varias categorías. La conspiración para importar sustancias controladas, bajo la sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, alcanza a cualquier acuerdo que tenga por objeto facilitar el ingreso de cocaína al territorio estadounidense, sin importar dónde se haya celebrado el acuerdo. La Continuing Criminal Enterprise —el llamado Kingpin Statute, sección 848 del mismo Título 21— se construye sobre la dirección sostenida de una organización dedicada al narcotráfico, y permite al gobierno reclamar incautación civil de bienes en cualquier jurisdicción. El estatuto RICO, sección 1962 del Título 18, alcanza al “enterprise” —empresa criminal— que opera con un patrón de actos previstos como “predicate acts”, entre los cuales caben pacíficamente el narcotráfico, la obstrucción a la justicia, el soborno y la corrupción de funcionarios extranjeros bajo el Foreign Corrupt Practices Act. La obstrucción a la justicia, en su modalidad federal, y la manipulación de testigos, sección 1512 del Título 18, son cargos que no exigen un cartel para activarse: bastan una promesa y un mensaje cifrado por intermediario. El estatuto de narco-terrorismo, sección 960a del Título 21, se aplica cuando hay vínculos entre narcotráfico y violencia política o terrorista.
Y aquí entra la pieza que más temían los abogados defensores de carteles colombianos. El 16 de diciembre de 2025 el Departamento de Estado de los Estados Unidos, bajo la Secretaría de Marco Rubio, publicó en el Federal Register la designación oficial del Clan del Golfo —Gulf Clan, Clan Úsuga, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC— como Foreign Terrorist Organization y como Specially Designated Global Terrorist. La designación no fue un gesto retórico. Activó, de manera automática, tres palancas. La primera: cualquier persona en los Estados Unidos que provea apoyo material a la organización —entendido como recursos financieros, asistencia técnica, capacitación o servicios— comete delito federal bajo la sección 2339B del Título 18, con penas que llegan a veinte años de prisión y, en hipótesis de muerte derivada, a cadena perpetua. La segunda: la jurisdicción es extraterritorial. Un servidor público colombiano que celebrara acuerdos operativos con el Clan después del 16 de diciembre de 2025 quedaría, sin más, dentro del radio de acción de la sección 2339B. La tercera: la designación congela los activos de la organización en los Estados Unidos y faculta a la OFAC para perseguir cualquier flujo financiero asociado, en cualquier divisa, en cualquier banco corresponsal del sistema federal.
La cronología, en ese sentido, deja de ser detalle decorativo. La solicitud del comisionado Otty Patiño de levantar veintinueve órdenes de captura contra cabecillas del Clan se cursó en mayo de 2026. Las Zonas de Ubicación Temporal de Tierralta y Nuevo Belén de Bajirá se acordaron en mayo. El ingreso de cuatrocientos integrantes a esas zonas estaba programado para el 25 de junio. Las acciones piloto del esquema sobre Cáceres, El Bagre y Nechí se diseñaron en el mismo periodo. Todo eso ocurrió, sin excepción, después del 16 de diciembre de 2025. Es decir: después de que el Departamento de Estado convirtiera oficialmente al Clan del Golfo en una organización terrorista extranjera bajo la legislación federal estadounidense. Para el Distrito Sur o el Distrito Este, ese marco no se debate. Se aplica. La frase “juguemos a los congelados”, en esa lectura, es una invitación a una mesa que la legislación federal estadounidense persigue por seis frentes distintos.
Hay una pieza en la trama que mucha gente quisiera leer de un solo trazo, pero el dato resiste el trazo simple. Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, llegó al cargo el 22 de marzo de 2024 elegida por la Corte Suprema de Justicia a partir de la terna que el presidente Petro le envió. El presidente, al conocer la decisión de la Corte, escribió en su cuenta de la red X una frase breve que muchos archivaron: le acertamos. En su posesión, Camargo se comprometió a actuar con independencia, sin perseguir ni ayudar a nadie. Lo que hizo después, en la práctica, fue ayudar más de lo que dejó de ayudar.
Su oficina firmó, el 27 de marzo de 2026, la Resolución 00072 que suspendía las órdenes de captura contra veintitrés voceros de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, en respaldo expreso a una solicitud de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Esa resolución se mantuvo vigente hasta que el Consejo de Estado, el 20 de mayo, la suspendió en parte, después de que el Departamento de Antioquia la demandara y de que el magistrado Mantilla Navarro encontrara, prima facie, que se había expedido sin la verificación material exigida por la Corte Constitucional. No fue la fiscal Camargo la que reparó la trama: fue un tribunal de lo contencioso administrativo que sentenció lo que ella había firmado. Esa misma cronología tiene una segunda escena. En mayo de 2026, en plena polémica por la cautela, el comisionado Otty Patiño solicitó el levantamiento de veintinueve órdenes de captura adicionales contra miembros del Clan del Golfo, entre ellas las de alias “Chiquito Malo”, alias “Rodrigo Flechas” y alias “Monseñor”, los tres con extradición vigente. Esa vez, después del golpe del Consejo de Estado y con las cámaras encima, la fiscal Camargo se negó.
La negativa es un hecho. Lo es también lo que la antecedió. La fiscal firmó cuando le pidieron firmar, y dejó de firmar cuando la jurisdicción contenciosa le indicó que lo que firmaba era ilegal. En términos procesales, esa negativa de mayo es lo que ahora abre la bisagra por la cual las dos fiscalías de Nueva York pueden, si lo consideran, solicitar el trasvase formal de pruebas hacia su jurisdicción. La fiscal puede defender la independencia que prometió en su posesión, o no. La política colombiana suele leerse en los matices. El derecho estadounidense, en cambio, no exige al fiscal que lo busca ningún matiz: exige solamente que firme un oficio en una hoja con membrete. Y revisa, sin sentimentalismo, qué firmaron otros antes.
El 20 de mayo de 2026, semanas antes de que Caracol divulgara los audios, el Consejo de Estado ya había hecho un movimiento que ahora se lee distinto. La Sección Primera del tribunal de lo contencioso administrativo, en un proceso adelantado por el Departamento de Antioquia contra la Fiscalía General, decretó la suspensión cautelar parcial de la Resolución 00072 —la que ordenaba el levantamiento de las capturas contra los voceros del Clan en Medellín y el Valle de Aburrá— por desconocer la sentencia C-525 de la Corte Constitucional. El magistrado ponente, Carlos Fernando Mantilla Navarro, escribió una frase que, después de los audios, suena distinta. Dijo, citando al departamento demandante, que “basta con que uno solo de los beneficiarios aborde un vuelo para que la acción de la justicia se vea frustrada de manera definitiva”. El aeropuerto al que se refería era el José María Córdova de Rionegro. El Consejo de Estado, en su lenguaje, llamó a eso riesgo de fuga internacional. Los fiscales de Manhattan, en el suyo, lo llaman flight risk. La diferencia entre los dos términos es la velocidad con que la frase se convierte en una boleta de captura.
El reloj importa. El 21 de junio, tres días antes de que los audios salieran al aire, Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta presidencial colombiana con el 49,66 por ciento contra el 48,70 por ciento del senador Iván Cepeda. El margen fue menor a un punto. Donald Trump felicitó al ganador esa misma noche con un mensaje en mayúsculas: “He Won, BIG!”. Dos días después, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, le envió un mensaje público al presidente electo y lo invitó a que su administración trabajara con el Departamento de Guerra y con la Coalición Anticárteles de las Américas —la A3C, el Escudo de las Américas que Trump lanzó el 7 de marzo en Miami— para erradicar a los narcoterroristas que azotan el hemisferio. De la Espriella respondió de inmediato: “A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia NO será más gobernado por un gobierno complaciente con el narcoterrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde. Firmes por la Patria”. Quedan cuarenta y cuatro días de Gobierno saliente. La concentración de más de cuatrocientos integrantes del Clan del Golfo en las Zonas de Ubicación Temporal de Tierralta y Nuevo Belén de Bajirá estaba programada para el día siguiente al de la divulgación de los audios. Las acciones piloto del esquema incluyen tres municipios del Bajo Cauca antioqueño: Cáceres, El Bagre y Nechí. La cobertura territorial del programa, sumada a los flujos de cocaína que el corredor del Urabá viene irrigando hacia el Caribe durante todo el ciclo, definen el último elemento que un fiscal de Nueva York necesita para construir competencia federal.
El 24 de octubre de 2025, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos —la OFAC— incluyó al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al exministro Armando Benedetti en la lista de personas bloqueadas conocida popularmente en Colombia como lista Clinton. La sanción no es un gesto simbólico. Significa que sus bienes en territorio estadounidense quedan inmovilizados, que cualquier persona o entidad estadounidense que opere con ellos comete delito federal sin licencia previa de la propia OFAC, y que las puertas del sistema bancario internacional —que pasa, casi todo, por Nueva York— se cierran. Para un jefe de Estado en ejercicio que dispone de la chequera pública, eso es soluble. Para el mismo hombre, ciudadano privado a partir del 7 de agosto, deja de serlo.
Lo que el Estado colombiano ha hecho en los ocho meses transcurridos desde la sanción es, en términos de mercado, una operación quirúrgica. El 4 de enero de 2026, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República —el DAPRE— firmó el contrato número 001-2026 con la firma británica Amadeus Consultancy Limited, cuyo dueño es el abogado estadounidense Daniel Kovalik. El objeto: asesoría legal y representación para sacar a Petro de la lista de la OFAC. El precio: dos millones de libras esterlinas, equivalentes a diez mil millones de pesos colombianos, pagaderos en cuatro cuotas mensuales de quinientas mil libras cada una. La modalidad: contratación directa, sin licitación pública. La fuente de los recursos: el Presupuesto General de la Nación. Es decir, los impuestos de los colombianos.
El detalle más comprometedor del contrato no es su precio. Es la voz pública del propio Kovalik. En octubre de 2025, en una entrevista con Blu Radio, el abogado declaró, sin que nadie le pidiera matices, que defendería a Petro pro bono. Dijo en castellano: “Sí, sí. Lo hago por la causa, porque creo en Petro”. Tres meses después estampó su firma en un contrato por dos millones de libras. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación por posible detrimento patrimonial y violación de normas de contratación pública. El presidente, consultado en febrero por la prensa, defendió la decisión con una frase de tres palabras: tengo el derecho. La frase tiene, en derecho colombiano, algún sustento. En derecho estadounidense también: hasta que la OFAC misma decida que esa transferencia de fondos públicos colombianos a una firma británica controlada por un abogado estadounidense, para defender a un sancionado por la propia OFAC, no constituye una transacción que el sancionado debió declarar como beneficio recibido.
Esa es la paradoja que el mercado legal de Washington va a descifrar entre julio y agosto. Un sancionado por la OFAC no puede recibir, en términos prácticos, servicios de un proveedor estadounidense sin licencia específica. Una licencia que tendría que solicitar el propio sancionado al sancionador. La defensa pagada por el Estado colombiano vence en abril. La pregunta operativa que las firmas de Park Avenue ya se están haciendo es elemental: cuando el cliente deje de ser presidente, ¿quién firma la siguiente factura? El presidente Petro tiene patrimonio personal, declarado en sus campañas, modesto. Verónica Alcocer y Nicolás Petro están también en la SDN List. Armando Benedetti también. Cualquier transferencia de un familiar, un amigo o un partido para cubrir esos honorarios sería rastreada por el sistema federal antes de cruzar el Atlántico. La defensa de Genaro García Luna, condenado en Brooklyn en 2023, costó al ex secretario mexicano más de quince millones de dólares en honorarios solo de juicio. Los abogados del Distrito Sur cobran por adelantado. No fían.
Detrás del presidente y su núcleo OFAC, viene la fila larga de quienes aparecen en los audios y en la trama. Danilo Rueda, hoy excomisionado y sin cargo, vivirá de lo que su patrimonio personal le permita. Jorge Lemus tendrá que financiarse desde el sector privado. Ricardo Rey Rosanía igual. Eduardo Montealegre —exministro de Justicia, exfiscal general— tiene a su nombre una trayectoria profesional que le permitirá honorarios. Otty Patiño asume costos institucionales como exfuncionario, no privados. Javier Grajales no figura en ninguna lista de millonarios. Y los voceros del Clan del Golfo, comandos de un cartel hoy en negociación frenada y bajo presión militar reciente, tendrán que decidir si dedican parte de los recursos del cartel a pagar defensas penales del entorno gubernamental al que decidieron acercarse. Los carteles han hecho ese ejercicio antes. Pagaron a los abogados del Cártel del Golfo de México en los noventa. Pagaron a los abogados de Genaro García Luna durante el juicio en Brooklyn. Los resultados, contables, no fueron buenos.
Mientras los expedientes en Manhattan y Brooklyn sigan en fase preliminar, los costos son los del monitoreo: abogados que reciben llamadas, leen prensa, presentan habeas data en agencias federales. La pregunta cambia el día en que un gran jurado en alguno de los dos distritos recibe pruebas suficientes para librar un sealed indictment. Ese día, los abogados de Park Avenue y de Brooklyn Heights cobran de otra manera. Ese día, también, el saliente protocolo de cooperación entre Colombia y los Estados Unidos deja de ser una abstracción diplomática y se convierte en un avión.
Petro ha negado siempre cualquier vínculo con el narcotráfico. Lo ha dicho con seguridad durante los cuatro años de su mandato. Los audios divulgados hoy no lo señalan personalmente. Lo que muestran es algo más comprometedor: que el comisionado de paz que él escogió, el director de la inteligencia presidencial que él designó, el jefe de contrainteligencia que él avaló y el ministro de Justicia que él nombró se sentaron, a lo largo del cuatrienio, con la cúpula del Clan del Golfo, con un exnarcotraficante confeso que pagó dieciocho millones de dólares a los Estados Unidos para evitar la extradición, y con sucesores penitenciarios de jefes ya extraditados a Brooklyn y a Manhattan. Y lo hicieron, según las grabaciones, con el rumbo que en septiembre de 2022, en una casa rural del Urabá, alguien resumió en una frase: juguemos a los congelados.
El comisionado se sentó. Asintió. El director de inteligencia sirvió el desayuno. El ministro radicó el proyecto. La fiscal heredada de la terna decidió, en el último momento, no firmar. El magistrado del Consejo de Estado escribió la frase clave. El presidente entrante eligió la coalición. El U.S. Attorney que lleva el expediente espera la confirmación del Senado para asumir el cargo más alto de la inteligencia de los Estados Unidos. Y el contrato con Amadeus Consultancy Limited, firmado en enero, vence en abril. Cuarenta y cuatro días. Las facturas, en este oficio, llegan después. La diferencia es que esta vez, a partir del 7 de agosto, ya no las paga el Estado colombiano.
Gustavo Rugeles
Periodismo de investigación