La palabra Odebrecht aparece seis veces mencionada en el Auto 1068 de 1.317 páginas elaborado por la Unidad Especial contra la Corrupción de la CGR en el marco de la investigación por el Carrusel de los Colegios durante el gobierno Santos con Gina Parody como Ministra de Educación.
El sonado caso, uno de los más importantes que ha asumido personalmente el Contralor General Carlos Felipe Córdoba, reúne todo tipo de irregularidades en la asignación y ejecución de esos contratos que comprometieron un presupuesto cercano a los $3 billones, dejaron un detrimento $559.853 millones y 311 de 541 proyectos, con problemas légales. Miles de niños afectados.
Según el informe en poder de El Expediente, hay proyectos abandonados, mayores valores pagados por metro cuadrado, pagos en exceso del precio global fijo por obras complementarias, ambientes escolares no construidos, costos desproporcionados de interventoría y gastos administrativos sin pertinencia ni eficiencia asociados a la unidad de gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE).
Un rosario de irregularidades cuyos responsables, según la Contraloría, serían la exministra Parody y su equipo de asesores integrado por tres personas de su entera confianza: Eduardo Behrentz, Carolina Soto y Javier Hernández (ex funcionario de Cecilia Álvarez en el MinTransporte y la ANI vinculado con la investigación de Odebrecht), todos mencionados como posibles responsables fiscales. Los miembros de la junta, que percibían honorarios por participar en ese equipo, tomaron las decisiones y contrataron a dedo a esas empresas que terminaron incumpliendo y con problemas aún más graves.
Dos de esas firmas, el Grupo peruano Graña y Montero y la portuguesa Mota Engil, que forman parte del famoso ‘Club de la Construcción’ asociado a Odebrecht, y son el hilo conductor que puede llevar a las autoridades a pisarle más de cerca los talones a los poderosos que desde las altas esferas del gobierno le abrieron las puertas a esas multinacionales corruptas que participaron en un cruce de favores con Odebrecht y sus aliados.
La exministra de educación Gina Parody y la junta del FFIE le entregaron a dedo la mayor parte de los contratos a estas dos firmas. A Graña y Montero le adjudicaron un contrato por $405 mil millones y a Mota Engil varios contratos por un valor de $465 mil millones.
Como se sabe las exministras Gina Paody y Cecilia Álvarez están fuera del país desde que se les abrió investigación por la construcción de la Via Ocaña Gamarra por parte de Odebrecht que conducía a uno de los puertos donde tiene participación la familia Parody y ahora tiene otro nuevo frente en materia fiscal, disciplinaria y penal con la compulsa de copias a la Fiscalía y a la Procuraduría por los eslabones de este caso con el mega escándalo de Odebrecht.
