Por: Juan José Gómez
Dispone nuestra ya violentada Constitución Nacional vigente desde el año 1991, que la Cámara de Representantes, por conducto de una Comisión legal de 18 integrantes denominada de Investigaciones y Acusación tiene la facultad de investigar y acusar ante el Senado a los funcionarios aforados, tales como el presidente de la República, el Fiscal general, y los magistrados de las altas cortes, pero ocurre que la tal comisión con el transcurrir del tiempo ha demostrado con su inacción y sus retrasos ser algo así como el equivalente de un “saludo a la bandera”, que el pueblo, siempre acertado en sus socarronas apreciaciones sobre lo torcido de lo público ha denominado “Comisión de Absoluciones”.
¿El porqué de la anterior afirmación? Porque a pesar de las muchas acusaciones que se han hecho a anteriores presidentes de la República, como por ejemplo a Juan Manuel Santos, a quien Mariano Ospina Hernández, Enrique Gómez Hurtado e Ignacio Valencia López acusaron nada mas ni nada menos que de traición a la Patria, al igual que cientos de acusaciones dirigidas a otros presidentes, quedaron al final en “agua de borrajas”.
Pero lo más reprochable de todo es lo que ha sucedido con el actual presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, quien ha sido objeto de múltiples acusaciones, que van desde el origen viciado de su campaña electoral con violaciones de normas constitucionales y legales hasta indignidad en el ejercicio del cargo, posiblemente ocasionada esta última por su desordenada y escandalosa vida personal, sus mentiras al electorado e insultos a contradictores, sus discursos de odio y otras acciones nada ejemplares y sigue tan campante en la casa de Nariño haciendo lo que aprendió a hacer desde su época de insurrecto.
En todas las anteriores acusaciones, los llamados representantes investigadores, al parecer firmemente sostenidos por sus compañeros congresistas, han dilatado y confundido la investigación por diversos motivos, entre los cuales han sido reiteradamente mencionados por medios nacionales y rumores de pasillos capitolinos y conversaciones en establecimientos públicos: solidaridad partidista, connivencia con el ejecutivo y consumo de “mermelada”, dulce y abundante mermelada en tal cantidad que de ser cierta debe haber producido una incurable diabetes a su consumidores que ya deben estar siendo tratados con severas diálisis de solidaridad de cuerpo y complicidad, por el daño causado a los disfuncionales riñones politiqueros de esos corruptos padrastros que no padres de la Patria.
Pero es que, si uno analiza la arquitectura constitucional de nuestra nación, encuentra que los famosos pesos y contrapesos de que tan satisfechos y confiados nos sentimos los colombianos, están diseñados y operan exactamente como: yo te doy y tu me das, yo te vigilo y tú me vigilas, yo te controlo y tú me controlas, etc, lo que viene a quedar al final de cuentas en: hagámonos pasito o mejor no nos hagamos nada y sigamos p’alante muy contentos.
Para un mejor entendimiento y a manera de ejemplo, vamos a analizar como es que las cosas se pueden presentar:
-La Comisión de “Absoluciones” alarga o precluye la investigación de un aforado, -supongamos que es el jefe del ejecutivo- y coincidenciamente sus representantes investigadores son generosamente beneficiados con nombramientos de recomendados, contratos con terceros para que no se levanten sospechas y con “cupos indicativos” a favor de los municipios donde tienen votos.
-Le corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocer sobre delitos de los congresistas y al Consejo de Estado declarar motivadamente la “muerte política” de los mismos al igual que declarar cuando queda una “silla vacía”, pero es atribución del Congreso investigar y juzgar a los magistrados de ambas cortes.
-Es deber de la Fiscalía investigar y acusar a los congresistas incursos en delitos, pero a su vez la ya mencionada Comisión de “Absoluciones” de la Cámara de Representantes investiga y acusa al fiscal general en su condición de aforado, lo reporta ante la plenaria de la corporación y esta lo remite al Senado donde es juzgado. Total: si tu me jodes yo te jodo.
Este columnista no entiende que fue lo que motivó a los constituyentes de 1991 para establecer este extraño y perverso sistema de controles, aunque admite que siendo varios de ellos excongresistas y todos políticos (unos que se iniciaban y otros que estaban graduados desde largo tiempo atrás) optaran por facilitar las cosas para sus congéneres, aunque no beneficiaran especialmente ni al estado ni a la sociedad.
Si mi memoria no falla, hace varios años (¿quizás en el 2012?) hubo una reforma constitucional de la justicia, muy debatida y luego concertada, y al final aprobada por el Congreso, mas no sancionada por el ejecutivo ni por el presidente del Congreso, en la cual creo recordar que se creaba una institución especial para juzgar a los aforados. Esa reforma fue tan cuestionada que terminó archivada.
Pero en mí no profesional opinión, que sí es la de un ciudadano de a pie que goza de entendimiento, memoria y voluntad, estimo que más temprano que tarde en nuestro país se hará una acertada y eficaz reforma de muchos aspectos vinculados a la administración de justicia y entre ellos ojalá se incluya un Tribunal de Aforados, independiente, articulado con la Fiscalía y la Procuraduría, conformado por magistrados que sean eminentes juristas y tratadistas, de reconocida trayectoria profesional, de intachable reputación avalada por los colegios de abogados o similares que operen en Colombia, mayores de 60 años, sin ninguna militancia política, que con un completo y calificado equipo de colaboradores y el uso de los elementos técnicos y tecnológicos necesarios se encargue de juzgar a los congresistas y a todos los altos cargos de las demás ramas del poder público.
Tal vez sea éste el medio más idóneo y justo para sustituir esos famosos pesos y contrapesos constitucionales que al final de cuentas no han dado el resultado apetecido por una sociedad que ya solo cuenta con la Justicia Divina, porque la humana hace tiempo que va directo al colapso total.
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