Por: Julio César Leal Duque
Después de la Constituyente del año 1991, los ciudadanos hemos visto un crecimiento del gasto público en Colombia con proporciones galopantes, y es que el presupuesto general de la Nación corresponde a un acuerdo político, no cuenta con recomendaciones anuales de estabilidad y equilibrio fiscal; es por el contrario, la fuente de la corrupción y el apetito de los políticos que hacen acuerdos sin control alguno.
El gasto público -en la teoría económica- es el principal mecanismo que tiene la política fiscal para “empujar” la demanda agregada. Todos términos económicos aplicables actualmente en el mundo entero. Pero en Colombia se salió de las manos y los políticos hacen y des-hacen con el presupuesto; se evidencia en las últimas cifras presentadas al congreso por el Ministerio de Hacienda donde el gasto de funcionamiento (la burocracia) la quieren pasar de 166 billones aproximadamente, a poco más de 185 billones; esas cifras pasan por el Congreso -y todo hay que decirlo-, pasan como paisaje; nadie discute esas cifras, nadie las interviene de forma apropiada porque en el Congreso no hay discusión técnica, esa se echa a un lado porque la mayoría de los congresistas se apoyan en conceptos de muchas profesiones e intereses, menos a la técnica económica. Y es que la cifra no es despreciable, el gasto de funcionamiento que involucra las nóminas y los intereses de los partidos políticos es de poco más del 16% del PIB. La pregunta que se hacen los lectores es ¿donde está el error?, y la respuesta es muy sutil, es que en el gasto público debe primar el gasto de inversión que es el que sirve, es el que aporta a la economía, es el gasto que técnicamente genera bienestar y crecimiento económico; pero los políticos lo invirtieron porque el gasto de inversión es a duras penas del 4% del PIB, mientras el burocrático es del 16%. Para concluir este concepto, lo más importante del presupuesto está reducido a su máxima expresión y la burocracia disparada. Y técnicamente es una bomba de tiempo que explicaré a continuación.
Debido a ese apetito por seguir aumentando los gastos de funcionamiento de los políticos de turno, el gobierno de turno le dice al Congreso de turno, que necesita más recursos, es por eso que la preocupación de las comisiones económicas (donde se cuentas los economistas en los dedos de las manos) se han concentrado en preguntarse de dónde sacan más recursos para el sostenimiento del Estado, -claro, después de aprobar los gastos, no antes de salir la Ley firmada por el presidente-; y las respuestas son: toca aumentar la deuda y toca hacer reforma tributaria. Con ese cuento nos llevan desde el año 1991. Y la verdad es un cuento, es una mentira burda.
La solución a los presupuestos desfinanciados son también el recorte del gasto, una discusión que no aparece por ninguna parte, se volvió paisaje y se evade en los círculos políticos por todos lados. La estrategia para sostener esa mentira son las modas de las famosas comisiones de “expertos” que vienen ordenando por ley y que presentan unos informes que la luz de la técnica económica no pasan de ser informes carentes de técnica económica y cargadas de política. La prueba de esta afirmación son los títulos que les dan y los resultados, en la comisión que habla de competitividad, el resultado fue lo contrario, según el reporte el Banco Mundial (Doing-Business) Colombia pasó al vergonzoso puesto 8 a nivel mundial con cargas fiscales en todo el MUNDO con un 70% de impuestos que hacen que la competitividad se perdiera y los empresarios no tengan cómo intervenir en el mercado mundial. El aporte de esa comisión fue sostener el apetito del gobierno de aumentar los impuestos y no contenía un solo estudio técnico económico que sustentara por ejemplo el incremento del IVA del 16% al 19%, y demás metieron el impuesto al consumo en operaciones que ya tenían IVA, es decir, dos impuestos indirectos en una sola transacción como es el caso de los restaurantes y panaderías donde muchas fracasaron y tuvieron que cerrar.
Nos quedaríamos escribiendo tristezas con los efectos nefastos de los informes de esa comisión, pero tenemos que seguir con las que acaban de salir, como el informe (si así se puede llamar semejante vergüenza), donde por ejemplo excluyeron las cargas fiscales que tienen que soportar los constructores para poder trabajar y que se llaman obligaciones urbanísticas, es tal el desconocimiento de esa comisión de las normas municipales y departamentales que omitieron incluir un sinnúmero de impuestos tasas y contribuciones que deben soportar los ciudadanos. Lo peor del cuento -del informe- es que tampoco tiene sustento económico, más de 350 páginas donde redactan y redactan sin un solo cálculo que sustente un incremento, eso si, recomiendan subir tarifas en algunos casos hasta le 33 por mil sin apreciaciones técnicas únicamente con opiniones que a todas luces se ven políticas como recomendar poner impuestos municipales a las bebidas azucaradas.
Hace pocos días y por orden del Congreso mediante ley vino otra orden que cumplen a cabalidad y que nadie discutió tampoco, porque los gremios tampoco le metieron el “diente” porque tampoco saben que afectan es a sus afiliados. Hablamos de la nueva comisión de análisis de las exenciones, que además quedan pocas, vienen atormentando a la gente haciéndola sentir culpable que porque en Colombia hay exenciones, y no, lo que hay es gasto tremendamente desbordado, y ahora con la pandemia nos endeudaron de forma irresponsable para cubrir los benditos gastos de funcionamiento.
Pero ¿donde está el peligro? Y voy a ser claro, estamos en una etapa parecida a países como Argentina, donde se perdió el concepto de gasto de inversión y la población sufre continuamente los déficit que llevan al país a entrar en cesación de pagos. Eso por un lado, y por el otro, ese nivel de carga fiscal sobre las empresas y ciudadanos impide que el país sea competitivo, no hay forma de competir con otros países con impuestos al 70%, el año anterior la tabla de personas naturales pasó de 36% al 39% y este año se aprobó una ley carente de constitucionalidad donde se gravan los ingresos, no las utilidades, sobre los contratos con el Estado del 2.5% dizque para el deporte. El Congreso grava sin control y gasta sin control y lo peor sin técnica económica.
¿Que es la técnica económica entonces para este problema de las comisiones? La respuesta es simple para los que somos economistas (no untados de política), los ingresos de los ciudadanos tienen límites, se pueden calcular, los ingresos de las empresas tienen límites (así como se estudia cálculo diferencial en toda la carrera de economía) y se pueden calcular. Ninguna comisión ha medido de forma técnica la capacidad en Colombia para pagar impuestos, para generar riqueza, para ser competitivos, y ese cálculo hay que hacerlo; tampoco se hacen inventarios completos de las cargas fiscales por sectores para liberar las cargas innecesarias, y tampoco hay estudios (no informes) donde se evidencie el desorden de Estatutos Tributarios que tenemos, doble tributación e impuestos ocultos; tampoco se hace nada por simplificar los Estatutos, como por ejemplo que para declarar el patrimonio se deben elaborar múltiples formatos repitiendo información sin control más los reportes de todo tipo en información exógena que el gobierno usa para fregar a los que se informan pero no a los omisos. Pero lo más importante que se debe estudiar según mi opinión es el equilibrio fiscal donde basados en la capacidad de pago de los contribuyentes y después de saber cuánto queda para el crecimiento y desarrollo, se destine una parte para el sostenimiento del Estado (y no el 70% como hoy en día con tendencia a subir) y el pago de las deudas que nos han dejado los irresponsables. Hay que equilibrar el desbalance es a favor del crecimiento, la competitividad y el desarrollo y no en función de los intereses políticos.
