Por: El Expediente
Bogotá, 15 de diciembre de 2025
En un nuevo capítulo de irregularidades que sacuden la Unidad Nacional de Protección (UNP), la multinacional Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Limitada emerge como protagonista de una maniobra que huele a colusión.
La empresa se presentó al proceso PSA-UNP-087-2025 —el megacontrato de casi un billón de pesos para contratar escoltas y proteger a personas en riesgo extremo en seis zonas del país— mediante tres uniones temporales distintas, aplicando a múltiples lotes.
Esta estrategia, que atenta contra los principios básicos de competencia leal y transparencia en la contratación pública, podría permitirle dominar el mercado de seguridad estatal, dejando en desventaja a competidores y comprometiendo la independencia de los esquemas de protección.
El proceso, publicado el 22 de octubre en SECOP II con un presupuesto de $641 mil millones de pesos se diseñó como una única licitación con un solo número y presupuesto global, pero se dividió en seis grupos o lotes geográficos para facilitar la participación.
Los requisitos son idénticos en cada lote, excepto por el número de armas requeridas, adaptado al tamaño de la zona. La mayoría de las empresas, conscientes de sus limitaciones en armamento, formaron uniones temporales y se postularon solo al lote que mejor se ajustaba a su capacidad operativa, respetando así el espíritu de competencia abierta y evitando sobrecargar el proceso.Sin embargo, Prosegur optó por un camino distinto y cuestionable: creó tres uniones temporales con socios diferentes para ofertar en al menos dos lotes distintos.
Esta multiplicación de propuestas bajo el mismo actor principal no solo diluye la diversidad de oferentes, sino que podría configurarse como una colusión encubierta, donde una sola entidad —con su vasta experiencia y recursos— manipula el proceso para maximizar sus ganancias y minimizar la competencia real.
En un mercado donde el control de armas y la experiencia son clave, esta táctica permite a Prosegur «diversificar» riesgos sin exponer su estructura única, violando principios como la igualdad de condiciones y la prohibición de prácticas anticompetitivas establecidas en la Ley 80 de 1993 y la normatividad de Colombia Compra Eficiente.
Lo grave del caso no es solo la aparente vulneración legal, sino sus implicaciones en un contexto de violencia creciente. La UNP protege a líderes sociales, precandidatos presidenciales, defensores de derechos humanos y periodistas en un país donde el magnicidio de Miguel Uribe Turbay en junio pasado y amenazas de disidencias FARC contra figuras como Abelardo de la Espriella han encendido las alarmas. Permitir que una empresa como Prosegur —ya involucrada en uniones temporales controvertidas con firmas como Pretorian Security Ltda., intervenida por la SAE por vínculos con criminales— acapare lotes podría centralizar el poder en pocas manos, exponiendo a los protegidos a riesgos de filtraciones o falta de independencia.
Recordemos que Prosegur ha sido parte de contratos previos con la UNP, como el de $30.000 millones en 2025 vía urgencia manifiesta, y ahora parece expandir su influencia mediante esta fragmentación estratégica.
Esta no es la primera alerta sobre opacidad en la UNP: licitaciones desiertas para vehículos blindados, denuncias de favoritismos durante la convalecencia del director Augusto Rodríguez Ballesteros, y pliegos «a la medida» han marcado el proceso.
¿Por qué Prosegur necesita tres fachadas para competir? ¿Quién en la entidad permite esta duplicidad que erosiona la confianza pública?
La Procuraduría General de la Nación, que ya evalúa acciones por irregularidades similares, debe intervenir de inmediato para investigar esta posible colusión, anular las ofertas conflictivas y garantizar que el billón de pesos del erario sirva para proteger vidas, no para enriquecer monopolios.
Los colombianos merecen transparencia, no trucos corporativos. Si no se corrige, este contrato no blindará a los vulnerables; los expondrá.
