Por: Luis Alfredo Ramos Botero
Se vienen conmemorando con gran despliegue los 30 años de la constituyente de 1991, que tantas expectativas trajo para la vida institucional del país.
Los constituyentes elegidos en noviembre de 1990, expidieron una constitución que tuvo como razones principales para cambiar la existente, acabar con la corrupción y renovar el Congreso de la República.
Lamentablemente la constituyente había empezado mal, pues con ella se dio un golpe de estado al Congreso, violando abiertamente y sin pudor la constitución que regia para entonces, la de 1886, con las reformas introducidas en los 105 años de existencia.
Los dirigentes de los partidos, patrocinaron y respaldaron la constituyente, con la esperanza de encontrar un cambio en la nueva carta fundamental. Se buscaba un cambio en la rama legislativa y a la vez poner un tapón al fenómeno del narcotráfico que hacía de las suyas en el país.
La constituyente presidida por Álvaro Gómez, Horacio Serpa y Antonio Navarro funciono durante 6 meses y expidió la Carta que hoy tiene el país. Es una de las constituciones mas extensas del mundo y la única con fé de erratas.
Si bien las intenciones fueron muy sanas, todo había empezado mal con el golpe dado al congreso y aunque la presidencia tripartita hizo el mayor esfuerzo político y jurídico para darle al país una renovada constitución, al hacer el balance de su trabajo hay que decir que se crearon con acierto nuevas entidades e instituciones que hoy sirven al país, tales como la Fiscalía General de la Nación, la Corte Institucional, el Consejo de la Judicatura, la Contaduría General, al tiempo que se aprobó la institución de la tutela, la elección popular de gobernadores, y se dio la autonomía al Banco de la República.
No obstante, otras decisiones relacionadas con la reforma a la rama jurisdiccional, que le dieron funciones nominativas, han mostrado lo grave que fue darle esas atribuciones, porque la acercaron al clientelismo, con claras inferencias burocráticas. En referencia a la Tutela que ha sido acogida con beneplácito por las mayorías ciudadanas, consideramos debe ser objeto de una pronta reforma, en vista de los excesos que se han presentado por cuenta de ciudadanos y de jueces. Sin duda la tutela fua uno de los mayores logros de la constitución del 91.
En cuanto al propósito de los constituyentes de acabar o disminuir la corrupción, la norma del 91 no ha logrado tan esperada meta. Todo lo contrario, hoy Colombia es un país con mayor grado de corrupción que corroe tanto al sector publico como al sector privado, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos de turno y de todas las normas que se han aprobado en desarrollo de la constitución, durante estas tres décadas.
En cuanto al Congreso hay que decir que poco o nada cambió, pues ha mantenido en términos generales las viejas costumbres clientelistas, al punto que a la fecha es considerado como una institución que registra muy poca favorabilidad de la opinión pública. El Congreso, después de la asamblea constituyente, rebajó notoriamente el nivel en la calidad y formación de sus miembros, y hoy se ve sometido a la crítica implacable de la opinión pública. El Congreso actual no es comparable en respetabilidad y apoyo popular a congresos anteriores que representaron con decoro a la nación.
En fin, la Asamblea Constituyente tuvo las mejores intenciones para propiciar el cambio político en el país, pero no ha podido lograrlo, no obstante el esfuerzo, los proyectos y acciones de sus integrantes y de los distintos gobiernos de las ultimas décadas. No ha sido la constituyente del 91 la respuesta efectiva contra la corrupción y mucho menos para renovar un congreso, cuestionado hoy más que nunca.
