Por: José Fernando Torres Fernández de Castro
Nadie puede desconocer que Colombia se encuentra en una situación difícil en la que no resulta claro el camino a seguir. Más allá de las críticas que pudieren hacérsele al actual Gobierno -algunas o muchas de ellas justificadas-, resultaría abiertamente injusto endilgarle la responsabilidad de lo que está sucediendo y, por otra parte, nada se logra con enfilar baterías contra el Gobierno, pues a este no se le pueden pedir milagros. Lo sensato es que los distintos estamentos de la sociedad contribuyan decididamente para salir del atascadero en que nos encontramos, desde luego con un liderazgo del gobierno, que bastante ha hecho falta.
La última encuesta de Invamer -medición 143 de junio de 2021- registra que el 84% de los encuestados cree que las cosas en Colombia están empeorando; un 93%, que la inseguridad empeora; y, en general, en materia de desempleo, costo de vida, corrupción, estado de la economía, lucha contra la pobreza, entre otros, los indicadores son muy desalentadores. La gestión del Presidente la desaprueba un 72% (en mayo era un 76%).
Colombia puede echarse a llorar o, por el contrario, trabajar en el corto, mediano y largo plazo, sobre algunos ejes fundamentales:
1. La generación de empleo y le reactivación económica. Es tarea que deben acometer conjuntamente los empresarios, gremios económicos, académicos, el gobierno y aún las centrales obreras si demuestran compromiso con el país. Generar oportunidades de trabajo e identificar los sectores que requieren mayor apoyo y que ofrecen mayor potencial de crecimiento, es algo que no da espera. Debe ser un plan de choque, construido a la brevedad, en forma concertada en cuanto fuere posible, a la manera de un Plan Marshall. Brindar oportunidades de empleo es mejor que mantener permanentemente subsidios que van a terminar agotando los recursos públicos o ahogando a las empresas.
2. La seguridad y el orden público y avanzar en la lucha contra el narcotráfico y contra las fuentes de financiación del terrorismo y el vandalismo. Es esta una tarea que incumbe en mayor grado al Presidente, razón por la cual discutir si ello es competencia de los gobernadores o de los alcaldes no pasa de ser un mecanismo de distracción o de evasión de responsabilidades. La Constitución es muy clara en disponer que al Presidente corresponde “Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado” y, para ello, “los actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes.”. Tanto es así que “el gobernador será agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público” y que son atribuciones del alcalde “Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador.”. Hoy existen suficientes instrumentos legales para preservar o recuperar el orden público pero se requiere voluntad y decisión políticas para hacer uso de esos instrumentos, pero si es necesario complementarlos, ello habrá de hacerse de fondo y sin demora.
En esta tarea, como lo hemos dicho en otras oportunidades, el Gobierno no puede titubear, no puede andar con tibiezas y los recientes acontecimientos indican que es mucho lo que hay por hacer, incluida la recuperación y el fortalecimiento de la inteligencia, mejorar la capacidad de investigación y de reacción y especialmente la capacidad de juzgamiento de los actos terroristas y vandálicos para que haya sanciones ejemplares y oportunas. Si no es posible contar con jueces que comprendan la situación y actúen de conformidad, la lucha estará perdida y para evitarlo será necesario adoptar medidas para no quedar a merced de ciertos jueces, para no permitir que el accionar de algunos se lleve por la borda la seguridad y el orden público.
De otro lado, el Gobierno no puede seguir impávido viendo cómo otras ramas -bajo una apariencia de legalidad- le cercenan ilegítimamente competencias en esta materia. El gobierno debe hacer valer el sentido de lo que es gobernar, esto es, mandar con autoridad, dirigir y guiar el país, ejercer una fuerte influencia y no simplemente ser un espectador de los hechos o limitarse a acatar decisiones de otros órganos que claramente se inmiscuyen en asuntos que son de la órbita de su competencia y que pretenden maniatarlo.
3. Adopción de medidas duras y eficaces para combatir la corrupción y la impunidad y para el mejor funcionamiento de la justicia. Estas medidas deben obedecer a una estrategia integral, no solo de endurecimiento de penas y de condiciones para otorgar prisión domiciliaria sino, más importante, para garantizar que no haya impunidad y que las decisiones obedezcan a criterios jurídicos y no políticos. De nada sirve tener un cuerpo normativo perfecto pero que no se aplica o se aplica tardíamente. Ello implica revisar la manera como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la rama judicial -especialmente en lo penal-, están realizando su labor. Se trata de entidades o ramas que consumen ingentes recursos pero cuyos resultados en la lucha contra la corrupción dejan mucho que desear y que deben mejorar sustancialmente. El presupuesto de la Fiscalía es de $4.151.021.300.001; el de la PGN, $891.318.951.922; el de la CGR, $1.083.910.164.124. En conjunto, suman alrededor de 6 billones de pesos y, francamente, los resultados no se ven. Hoy por hoy no hay quién ronde a estas entidades, no hay quién les exija resultados y ellas se han convertido en máquinas voraces del presupuesto nacional que han fracasado en la lucha contra la impunidad pues esta, en lugar de disminuir, aumenta. El país no puede seguir lamentándose de la poca eficacia en esa lucha sino que debe encontrar la manera de que haya progresos serios en esa materia. Es urgente establecer indicadores correctos de resultados, encontrar un balance equilibrado entre costo/resultados y sancionar la indolencia.
4. Revisar el destino del gasto social y de la inversión social, para asegurar que los ingentes recursos requeridos e invertidos para aliviar la situación de pobreza y de desigualdad social, se utilicen eficientemente y que lleguen real y efectivamente adonde se necesita, sin despilfarros ni abusos. Esta revisión debe cobijar también la política de salud. Cualquier reforma tributaria que se haga con miras a incrementar el recaudo por concepto de impuestos y atender el gasto social, no puede efectuarse sin que venga acompañada de una política seria, firme y radical, de austeridad y de racionalización del gasto y de una política encaminada a eliminar o reducir el tamaño de organismos o entidades que en nada contribuyen al progreso del país o que contribuyen muy poco y que solo se explican por el apetito burocrático. El país no puede estar sometido a reformas tributarias cada vez que se requieren más recursos y debe hacer un esfuerzo para reducir sustancialmente el gasto. De lo contrario ninguna reforma tributaria será suficiente y llegará un momento en el que las empresas sucumbirán ante la voracidad impositiva.
5. Ordenar el sector de educación. Es tarea que corresponde al Gobierno. Son demasiados recursos, pero mal distribuidos, ineficientemente distribuidos y con resultados mediocres, con una muy pobre calidad de la educación. No se puede dejar la educación en manos de un sindicato como Fecode que ha demostrado no interesarle la educación salvo como mecanismo para la toma de poder. Es un sector que requiere decisiones radicales, fuertes, aún a riesgo de que en el corto plazo se produzcan nuevos disturbios. No es posible seguir remunerando los paros. La figura de compensar el tiempo perdido es una forma de seguir alimentando los paros. El Gobierno debe obrar sin contemplaciones, esto es, no remunerar si no hay el servicio. Esto no solo vale para el sector educación sino para todo el sector público. La huelga no se permite en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Las universidades públicas -y los colegios públicos- se han convertido en una vena rota, en grado tal que el costo de la educación por alumno con toda seguridad termina siendo mucho más costoso que en las universidades privadas -y en los colegios-.
Trabajar sobre estos ejes requiere mucho liderazgo, ejercer una fuerte influencia en los distintos sectores del país y, como hemos dicho otras veces, construir gobernabilidad con sectores y partidos afines. Es tarea de todos si queremos construir un mejor país y generar confianza y seguridad jurídica para que haya inversión, pero corresponde al Gobierno tomar la batuta y que el nuevo gobierno, cualquiera que sea, continúe trabajando sobre estos ejes. De lo contrario se perderá toda esperanza.
