El Consejo Nacional Electoral (CNE) envió de manera formal a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes la documentación relacionada con las posibles irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Los magistrados Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada firmaron los oficios el pasado 18 de junio, en los que dan traslado de la denuncia presentada por el ciudadano y abogado Sergio Alzate González.
En ella se cuestionan conductas como el uso de fuentes de financiación prohibidas, el posible incumplimiento de topes de gastos, la omisión de información sobre aportes y otros delitos electorales.
El centro de las sospechas recae sobre Ricardo Roa, gerente de la campaña Petro Presidente y actual presidente de Ecopetrol. Según la denuncia, se trataría de alrededor de 63 mil millones de pesos que no fueron reportados correctamente y que habrían sido utilizados durante la contienda electoral.
El CNE ya había concluido una investigación administrativa que derivó en sanciones, las cuales fueron ratificadas y ahora pasan al ámbito penal y de acusación política.
Uno de los documentos se dirige directamente a la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón, invocando las competencias de la Fiscalía. Otro va a la Comisión de Acusación, a cargo del representante Jairo Fabián Corzo Ordoñez. Además, se menciona información remitida por la Superintendencia Financiera sobre operaciones sospechosas, entre ellas posibles cuentas paralelas y movimientos financieros difíciles de rastrear vinculados a la campaña.
Hasta ahora, Ricardo Roa ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que la contabilidad de la campaña fue transparente. Desde el entorno del gobierno se ha hablado de una persecución política, mientras que las autoridades electorales insisten en que se trata de un procedimiento de rutina ante las evidencias presentadas.
Con este paso, el caso sigue su curso en las instancias judiciales y de control político. Tanto la Fiscalía como la Comisión de Acusación tendrán que definir si hay elementos suficientes para abrir investigaciones formales o procesos más profundos. El tema mantiene abierta una de las polémicas más persistentes sobre el camino que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia.
