Por: El Expediente
En septiembre de 2024, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones firmó el Contrato Interadministrativo No. 1872, el instrumento legal que dio vida a Centros PotencIA, una iniciativa concebida para llevar formación y acceso a herramientas de inteligencia artificial a distintas regiones del país. El presupuesto asignado fue de $234.399 millones, destinados a construir 63 centros en todo el territorio nacional, con la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y varios consorcios constructores como ejecutores del proyecto.
En su propio informe de gestión de 2025, el Ministerio reportó que ya había instalado uno de los 63 centros prometidos, y que el resto se encontraba en proceso de viabilidad técnica y jurídica —con los centros de Zipaquirá y Caldas, según ese reporte, avanzando al 22,3% y al 28% respectivamente—. Pero según el Libro de la Verdad, el documento que el gobierno de Abelardo de la Espriella presentó al país tras el proceso de empalme, la revisión hecha con corte a abril de 2026 encontró una realidad muy distinta a la reportada: el avance físico real del proyecto era de apenas 2,1%, frente al 17,71% que el propio Ministerio había declarado —una cifra que, según el documento, correspondía únicamente a estudios y diseños, no a obra construida—.
Las obras están paralizadas desde noviembre de 2025, por lo que el Libro de la Verdad describe como debilidades en la planeación, deficiencias en la viabilización de los predios donde debían construirse los centros, y falta de licencias de construcción. Pese a esa parálisis, el Ministerio ya había desembolsado cerca de $4.000 millones únicamente en actividades de planeación y estudios técnicos. La Contraloría General de la República inició, en enero de 2026, un seguimiento permanente a los contratos relacionados con el proyecto.
El costo de esta parálisis, señala el propio documento, no es solo presupuestal: son las regiones donde se prometieron estos centros —pensados para democratizar el acceso a la inteligencia artificial y reducir la brecha digital del país— las que hoy siguen esperando un servicio que, casi dos años después de la firma del contrato, apenas existe sobre el papel.
