Por: Bernardo Henao Jaramillo
Las leyes que rigen en un Estado de Derecho imponen las reglas del juego democrático y, consecuentemente, permiten una convivencia ordenada y en paz. Todos los ciudadanos, sin excepción, están obligados a cumplirlas. En Colombia, entre otras, encontramos los artículos 40 y 270 de la Constitución Política que reconocen el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y las formas y los sistemas de participación ciudadana, así como la normativa que regula el debate electoral, incluido el calendario electoral, disposiciones que en su conjunto existen para permitir la transparencia y equilibrio en las jornadas electorales, de donde quien pretenda ser el sucesor del Presidente de la República debe dar ejemplo de cumplimiento y acatarlas rigurosamente.
En cada elección, que idealmente deberían unificar a las nacionales para Congreso de la República con las regionales para Asambleas y Concejos municipales, siempre precede la expedición del decreto correspondiente para la conservación del orden público y ahora, de seguro debe incluir, prevenir y acatar todas las normas de salubridad ante la pandemia de coronavirus.
Para las elecciones presidenciales próximas, cuya primera vuelta tendrá lugar el 29 de mayo de 2022, según se estableció en el calendario electoral adoptado en la Resolución 4371, expedida en mayo 18 del presente año, se estableció el día 29 de enero de 2022, 4 meses antes, como fecha de inicio de la campaña presidencial.
No obstante, el candidato de “Colombia Humana”, vocero del llamado “Pacto histórico” resolvió por sí y para sí comenzar su campaña desde ya. A través de los medios de comunicación los colombianos hemos sido enterados que, además, de la convocatoria en Barranquilla el 10 de septiembre del año en curso, ha llevado a cabo otras dos manifestaciones con esa finalidad, la primera de ellas el 21 de octubre en la ciudad de Cartagena la que, en forma errada y al parecer discriminatoria, se denominó “manifestación del poder negro”, disque, para gritar al lado de Benkos Biohó, asesino de Bojacá (porque no existen ex asesinos), “Libertad”. La otra, en Ibagué el pasado 24 de octubre, jornada iniciada en la Asamblea Departamental en donde Gustavo Petro reinvindicó indebidamente el Acuerdo sobre lo fundamental de Álvaro Gómez Hurtado (Q.E.P.D.), para luego, al lado del senador Luis Fernando Velasco, presidir la manifestación en el parque Murillo.
Sí es tan claro que solo a partir del 29 de enero del próximo año pueden dar comienzo las campañas políticas, cabe preguntarse ¿Porqué el señor Gustavo Petro incumple esa regla? ¿Porqué se le permite a Gustavo Petro estar por encima de la legislación colombiana, rompiendo la transparencia y equilibrio que debe tener la contienda electoral?
El Consejo Nacional Electoral y los otros organismos de control, en particular la Procuraduría, en ejercicio de sus poderes deben asumir la investigación de oficio que les compete, ante la evidente y notoria participación en mítines políticos no permitidos que irrumpen y desestabilizan el juego democrático, para juzgar esa conducta y adoptar de inmediato las medidas que correspondan respecto al infractor de marras.
Pero no sólo como hecho notorio está comprobada esa violación a las normas electorales vigentes que preceden cualquier elección, sino que, además, es por completo procedente ocuparse y llegado el caso también aperturarle proceso, por las recientes declaraciones del ex agente de inteligencia del gobierno Chávez, Hugo Carvajal, más conocido con el apodo del Pollo Carvajal, entregadas a la Audiencia Nacional de España, de quien ya se acordó hacer efectiva su extradición a los Estados Unidos de América, y que recogieron destacados medios periodísticos internacionales, como el País y ABC .
Según esas declaraciones y en particular lo referente a las financiaciones que el chavismo efectuó a candidatos y partidos en distintos países, entre los que mencionó a Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula Da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Vicente Humala en el Perú, Luis Zelaya en Honduras, el Partido Podemos en España, Circo Soles en Italia, no podía faltar el amigo de todos ellos, partidarios y defensores del Socialismo del Siglo XXI, Gustavo Petro, en Colombia.
Este personaje sabe y procura anticiparse al tsunami que deben causar tremendas acusaciones. Salió a desmentirlas y a indicar que no conoce al pollo Carvajal, cosa que poco importa, pues lo grave son los dineros que, se dice, beneficiaron su campaña pasada electoral. Testimonio que coincide con un antecedente que no se puede ignorar, lo informado por el propio Diosdado Cabello quien expresó que el señor Gustavo Petro concurrió al vecino país a pedir apoyo financiero, a quien trató de guabinoso, término que en Venezuela significa: “Calificativo del que evade compromisos y no tiene firmeza para tomar decisiones ni asume responsabilidades. Personas que no cumplen con su palabra. Gente por lo general impuntual e irresponsable que solo piensa en si mismo desvalorando a los demás. Individuos que viven una constante dualidad entre lo que dicen y sus acciones convirtiéndose en seres impredecibles no merecedores de confianza, por lo general nadie los toma en serio”.
No puedo concluir sin recordar que el archivo de la investigación penal, en el asunto gravísimo del video de las bolsas en el que se registra a Gustavo Petro recibiendo dinero contante y sonante, tuvo por fundamento la aplicación de la figura de la prescripción, pues, consideró la Corte Suprema de Justicia que ese ingreso de caudales fue para la campaña de 2006, que no para la reciente de 2018, como sí se infería de la declaración del arquitecto manizaleño Simón Vélez, inferencia que, ante las declaraciones del Pollo Carvajal y las manifestaciones de Diosdado Cabello, siembran en los colombianos de bien una seria y fundada duda de la oportunidad en la cual le fueron entregados esos dineros y de la procedencia de los fondos que utiliza el referido precandidato para efectuar su campaña política, fragmentando los cánones de la contienda electoral y por esa vía llevando al traste la convivencia ordenada y en paz que debe reinar en nuestra sociedad. Oportuno es citar lo dicho por Nassin Nicholas Taleb “Tu deber es gritar las verdades que solo se sussurran”.
Pildorita. Aunque todo es posible en Colombia, nos adelantamos a decir que pese a las voces, por conocidas razones, para que la JEP asuma el conocimiento del caso del detenido narcotraficante Dairo Antonio Usaga, más conocido con el alias de Otoniel, la mencionada autoridad judicial carece totalmente de competencia para así proceder, dado que el Acuerdo no cubre a los narcotraficantes, como tampoco cobija a quienes delinquieran después de diciembre de 2016. Roguemos que no ocurra al igual que sucedió en el pasado con algún miembro de la Farc y que la CSJ actúe con celeridad respecto a la solicitud de los Estados Unidos para su extradición. Esperamos ansiosos todos los colombiano ver con el overol naranja de los presidiarios en el país del norte a este temible criminal que dirigía el Clan del Golfo.
Bogotá, D.C. octubre 30 de 2021
BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de Opinión
