Por: Paola Holguín
“No queremos volver al 2002, donde se suspendían elecciones por orden público”, advirtió el Registrador Nacional, Alexander Vega, en el marco de un encuentro con Gobernadores del país celebrado hace un par de días.
El pánico ya es generalizado y grave en diferentes sectores de la opinión pública y en varias regiones colombianas, donde sus habitantes habían olvidado las angustias asociadas a la violencia terrorista, convencidos de que eran cosa del pasado. El acelerado deterioro de la seguridad ciudadana, por cuenta de los desaciertos de Petro y sus ministros, prueban lo frágil que resultan ser las conquistas que sobre el terrorismo alcanzamos como sociedad durante la década del dos mil.
Generaciones que no experimentaron el terror de aquellos años, que crecieron con una idea distorsionada de los mismos, empiezan a despertar de un letargo inducido intencionalmente por quienes sacan réditos, políticos y económicos, del caos y la deslegitimación del Estado y sus instituciones. Aprendieron a idealizar la “acción subversiva”, a justificar los crímenes más atroces del terrorismo en el, para ellos, sublime derecho a la rebelión, mientras se entregaron, inocentes e impúberes, a las mieles envenenadas de la demagogia y el populismo.
El golpe de realidad no pudo ser peor; la paralización de la Fuerza Pública por orden directa de Gustavo Petro, bajo el eufemismo de Paz Total, ha provocado el fortalecimiento acelerado de las estructurales criminales y, con ello, el aumento de las acciones terroristas en zonas consolidadas desde hace varios años a precio de la sangre de muchos de nuestros Soldados y Policías.
Peor aún, este nuevo estado de cosas evidentemente es más complejo que el de aquellos aciagos años, atendiendo factores tan problemáticos como los siguientes:
1- La hostilidad cada vez más atrevida y violenta en el curso de las protestas y reclamos ciudadanos. Paradójicamente, quienes hoy gobiernan incentivaron el uso de la violencia y la combinación de todas las formas de lucha como medio de presión al Estado; aún hoy, como si no tuvieran la responsabilidad de gobernar, justifican las vías de hecho con incomprensibles eufemismos como el de denominar al secuestro “retención”, a una asonada violenta “cerco humanitario” o reivindicar internacionalmente la necesidad de “incendiar del país”.
2- La pérdida de autoridad de las instituciones encargadas de mantener el orden público y la incertidumbre jurídica en el ejercicio de la actividad de policía y el desarrollo de operaciones militares. En particular, esto explica el retiro voluntario y masivo de miembros de la Fuerza Pública en los últimos días.
3- Las reformas impulsadas desde el Gobierno y su bancada parlamentaria al ordenamiento jurídico tienden, en la práctica, a beneficiar injustificadamente a la criminalidad (prueba de ello, el concepto de viabilidad del proyecto de ley de sometimiento de estructuras del crimen de alto impacto emitido por el Consejo Superior de Política Criminal, donde se advierte expresamente que los beneficios propuestos por el Gobierno Petro carecen de evidencia y fundamentación empírica; dicho de otro modo, no están debidamente justificados).
4- Lo amorfo del discurso gubernamental, la complicidad con regímenes autoritarios, como el cubano, el nicaragüense y el venezolano, así como la renuncia a la lucha contra el crimen -especialmente el narcotráfico—, no solo generan incertidumbre y ahuyentan la inversión; distancian a las naciones que otrora fueran nuestras aliadas en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
A estas alturas del gobierno Petro, o más bien de su “desgobierno”, no cabe la menor duda acerca de su falta de idoneidad para dirigir el país; lo que él y su gabinete denominan “políticas” no son más que eufemismos, consecuencia de la ausencia absoluta de planificación, justificados en un discurso populista e incendiario.
Postdata. De acuerdo con el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, en lo que va corrido de este gobierno, 365 órdenes de captura por asesinatos de líderes sociales y desmovilizados de las FARC no se han podido ejecutar, al igual que otras 3.600 por homicidio. Resultó ser que en el Gobierno de la “vida”, esta es la que menos importa.
