Algo grave sucede en este pueblo

Por: Fernando Álvarez

Circula por las redes sociales una propuesta de algunos ciudadanos preocupados con el futuro inmediato de Colombia. Un manifiesto con 10 acuerdos mínimos firmado por diversas personalidades democráticas y de trayectoria en decencia política, que incluyen exministros, exconsejeros de estado, exgobernadores, exalcaldes, rectores, empresarios, exdirectivos empresariales, dirigentes gremiales, periodistas, artistas y otros profesionales, que llama la atención más por el angustioso clamor implícito que por los evidentes lugares comunes explícitos, que por perogrulladas constitucionales que parezcan no ocultan la extraña sensación de temor e incertidumbre que los obliga a tratar de influir en las próximas elecciones con un punto de vista en favor de un ethos político que comprometa a los candidatos con una especie de juramento por la justicia y la libertad, sin ignorar las urgencias sociales y las aplazadas deudas democráticas del Estado en torno a la protección de derechos y la deficitaria solidaridad humana.

Nadie con cinco dedos de frente o con un dedo de comprensión de la coyuntura dejaría de suscribir estas demandas que cabrían literalmente en cualquier proyecto programático bajo condiciones normales y juego limpio. Defender el Estado Social de Derecho, el sistema democrático y pluralista, las garantías a la empresa privada, a la libertad de prensa y los derechos humanos, en un compromiso firme con la ética de lo público y el respeto por el otro; que rechace la violencia con pretextos políticos, repudie el vandalismo y respalde el monopolio constitucional del uso de las armas por la fuerza pública sin criminalizar la protesta ni sindicar la salvaguarda del orden público, resulta una visión que muy pocos entrarían a cuestionar o evadir.

Una invitación a Impulsar y practicar la solidaridad con los sectores sociales abocados a la pobreza, la desigualdad y el desempleo, defender los derechos de la niñez, la adolescencia, las mujeres, las minorías étnicas y de todos los sectores víctimas de la exclusión y la discriminación es casi de obligatoria adhesión por parte de personas conscientes de no querer perpetuar los vicios; o propender por la seguridad en todo el territorio y velar por la niñez y proteger a las mujeres, las cuales son tareas abordables y justificables para quien quiera reconstruir una sociedad en convivencia y en paz. Priorizar la educación para todos, fomentar la cultura y la ciencia, generar el desarrollo del campo, el apoyo integral a los agricultores y garantizar el acceso a la tierra a la población rural, como fundamento de la paz sostenible, y la protección del medio ambiente como condición para hacer cumplir la Constitución, no resultaría una aventura injustificable para nadie que comprenda la función de lo público y el deber ser de la política.

Construir una sociedad de bienestar con base en un dinámico desarrollo económico, sostenible, generador de oportunidades para todos, fundamentado en la justa remuneración del trabajo, una juiciosa política macroeconómica, la iniciativa privada, la economía de mercado con sentido social y el espíritu emprendedor individual y asociativo, creadores de trabajo y empleo, son puntos que difícilmente encontrarían rechazo en las mentes democráticas con proyecciones equitativas y condiciones participativas. Velar por la provisión adecuada y eficiente de los bienes públicos, garantizar una reestructuración para conseguir una recta y cumplida justicia, que además permita combatir frontalmente la corrupción con acciones concretas y ejemplarizantes y rediseñar políticas y estrategias efectivas para liberar a Colombia del narcotráfico y la violencia, son puntos que nadie con un mínimo de vocación política o con capacidad de servicio o criterio de función social y ánimo renovador puede ignorar o desaprobar si lo que se pretende es la coexistencia pacífica y la convivencia armónica.

No vale la pena enlistar más de 500 firmas que respaldan este pedido para buscar un consenso que pretende interpelar a los candidatos a la presidencia y pedirles que abran sus oídos para lograr un voto consciente y responsable, contribuir a seguir sembrando la cultura de participación democrática y de respeto por los mínimos necesarios para que la ciudadanía tome en sus manos la construcción de su destino. Pero sí vale la pena preguntarse si la voluntad de estos firmantes que creen que los colombianos tienen derecho a un país justo, pacífico, ético y solidario, así como el deber de asumir la responsabilidad de construirlo, se identifica con la voluntad ciudadana y la visión colectiva de que este futuro nos pertenece a todos.

No resulta extraño que el columnista Pedro Medellín diga que es “muy grave lo que está pasando” al comentar otra misiva que también ha circulado por estos días. Para el analista el hecho de que una veintena de académicos y políticos envíe una carta propuesta a los favoritos candidatos presidenciales con “acuerdos básicos para la convivencia” refleja perfectamente la crisis que vive Colombia. “No están buscando que se comprometan con una nueva Constitución. Mucho menos, un cambio político de fondo. Simplemente están pidiendo que sean decentes y que respeten la Constitución. Es decir: 1) Que acepten los resultados electorales y reconozcan al ganador; 2) Que no prolonguen su mandato más allá de los 4 años que establece la Constitución; 3) Que respeten y refuercen el carácter profesional de las Fuerzas Armadas; y 4) Que garanticen la autonomía de los organismos de control y el Banco de la República, entre otras cosas”, dice Medellín.

En su columna lamenta que la justicia haya perdido su norte institucional y que los fallos se hayan politizado, que el sistema de reclutamiento en la rama se haya clientelizado y que la carrera judicial sea hoy escenario donde capean impunemente favores y amiguismos. Los jueces no juzgan y los organismos de control no controlan, dice, a lo que le atribuye que los corruptos salten de puesto en puesto y de partido en partido para evadir la justicia. Para concluir que él suscribe esta propuesta que busca un pacto de honor en el que haya que apostarle a la justicia. Eso es casi aprobar otra perogrullada. Defender la ley para que los intocables no crean que son eternos, los legisladores no crean que pueden hacerlo en causa propia y los armados no crean que pueden actuar en beneficio de la ilegalidad. En resumen, recordar que la quiebra de la justicia es la antesala de desorden político e institucional. O sea que si la sal se corrompe, apague y vámonos.

Debe ser muy grave lo que está pasando en Colombia para que haya que recurrir a pactos por cumplir lo pactado en el contrato social. Ojalá no sea tan grave como para que no terminemos como en el cuento de Gabriel García Márquez llamado “Algo muy grave va a suceder en este pueblo”, porque ya todo el mundo sabe que si el candidato ganador no suscribe de corazón estas propuestas lo que va a pasar es que se va incendiar este pueblo y unos y otros dirán como dijo la protagonista del sueño premonitorio del cuento del desastre anunciado: “Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca”.

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