Por: Paloma Valencia
Colombia enfrenta en el narcotráfico su peor enemigo. El narcotráfico es responsable de financiar todas las violencias y parte de la corrupción. Algunos sostienen que el Plan Colombia fracasó, sin embargo, soy de la idea de que lo que fracasó fueron las políticas que se impusieron para reemplazarlo. Se suspendió la erradicación aérea, se suspendió la erradicación forzosa, se cesó de extraditar, de extinguir el dominio de los bienes.
Se creó el Penis, un programa de erradicación voluntaria con incentivos económicos para los cultivadores. Sin embargo, un estudio de la Universidad de los Andes muestra como la erradicación voluntaria pone en peligro la vida de los líderes; la probabilidad de que un líder social sea asesinado en un municipio Penis es 167 veces mayor que la de un líder en un municipio no Penis.
Combatir el narcotráfico implica separar las estructuras criminales que dominan el negocio, de los sectores campesinos que están prácticamente secuestrados por esos grupos ilegales. Se requiere mano firme para combatir las estructuras criminales, lo cual tiene que incluir no solamente la extinción de dominio, la extradición, la interceptación aérea, la destrucción de laboratorios, el control de los precursores químicos… todo el paquete de medidas para debilitar el negocio. Se requiere también fuerza pública capaz de conservar el territorio para la legalidad.
En cambio, el problema de los campesinos exige un corazón grande. Los campesinos llegan al cultivo ilícito por pobreza, y a pesar de que después quieran salir, no pueden hacerlo porque los grupos ilegales no los dejan. Son ellos las primeras víctimas del narcotráfico. Son sus hijos quienes son reclutados para las estructuras criminales, son sus hijas las víctimas de la incidencia de la violencia sexual mucho más alta en esas zonas que en el resto del país. Para salvarlos de ese secuestro es necesario hacer erradicación forzosa y al mismo tiempo proveer mercados alternativos que les generen ingresos para tener una vida digna.
Entre los campesinos podemos distinguir al menos tres tipos de problemas distintos. El primero el microfundio en lugares de baja conectividad vial, donde las producciones agrícolas son un pésimo negocio. En estos sitios es posible hacer mejoras estructurales: en las vías y en los mercados. Parte de los temas pendientes en las conversaciones con los EE. UU. es la necesidad de crear mercados especiales para nuestro sector agrícola, en especial, los productos de la sustitución. Son necesarios precios diferenciados para los productos de estos campesinos para que puedan renunciar a los cultivos ilícitos y mantener unos ingresos que les permitan una vida digna. Esa es la única manera de qué el proyecto de sustitución sea sostenible.
El segundo grupo de cultivos se encuentran en zonas de reserva y parques nacionales. En esos lugares no debería haber asentamientos humanos y es necesario blindarlos para proteger los ecosistemas estratégicos hoy tan amenazados.
El tercer grupo es el de la frontera agrícola. Colonos que van derribando la selva para hacerse a tierras y esas mejoras posteriormente se las venden a otros y el cultivo de introducción es la coca. A esos campesinos debemos hacerles ofertas de tierra en otros lugares de Colombia para que puedan tener una vida productiva y podamos, al mismo tiempo, proteger y salvar de la deforestación nuestros ecosistemas estratégicos. Hay que desactivar el frente colonizador.
La legalización no es posible ahora. Si lo hiciéramos nuestros mayores socios comerciales nos cerrarían las puertas. Es un discurso que no aporta en la solución del problema de hoy.
