Por: El Expediente
El municipio de Chía, otrora un refugio de tranquilidad en la Sabana de Bogotá, enfrenta hoy una metamorfosis criminal que tiene aterrorizados a los residentes de la vereda Bojacá.
El Conjunto Residencial San Miguel San Valentín se ha convertido en el epicentro de una denuncia que escala a niveles judiciales: la presunta transformación de viviendas familiares en «paga-diarios» e inquilinatos que sirven como fachada para redes de microtráfico.
La situación es crítica. Más de 12 menores de edad que residen en el conjunto se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, no solo por el entorno de inseguridad, sino por la presencia de personas ajenas a la comunidad que, bajo la modalidad de inquilinos transitorios, han alterado la paz del sector.
La denuncia oficial
La administradora del conjunto, ha tomado las banderas de esta lucha judicial y comunitaria. Ante la inoperancia de algunos canales tradicionales, la administración puso en conocimiento de la Policía Nacional y del director de la DIJIN del municipio la existencia de «ollas» de microtráfico que estarían operando dentro de las residencias.
El modus operandi denunciado es alarmante: casas diseñadas para una sola familia están siendo subarrendadas por habitaciones a ciudadanos extranjeros bajo la modalidad de «paga-diario».
Esta sobrepoblación no solo infringe el Reglamento de Propiedad Horizontal, sino que ha creado un flujo constante de personas desconocidas que ingresan al recinto privado con fines sospechosos.
El Expediente tuvo acceso a una comunicación enviada el pasado 26 de mayo de 2025 al propietario de una de las viviendas señaladas, el señor Yeferson Sandoval (Casa 31). En la misiva, los copropietarios expresan una «profunda preocupación» por actividades que van desde el descuido absoluto de menores hasta la sospecha de delitos graves.
Según el documento, se ha identificado el ingreso recurrente de jóvenes externos al conjunto hacia las 5:00 p.m., quienes presuntamente acuden a la propiedad para la adquisición o consumo de sustancias ilícitas como se observen los siguientes videos.
Vecinos del sector colindante (Conjunto Babuyes) ya han emitido reportes anónimos que coinciden con esta versión.
»Le recordamos la gravedad de permitir o tolerar actividades relacionadas con sustancias ilícitas en su propiedad, ya que podría exponerlo a consecuencias legales severas, incluyendo la extinción de dominio», advierte la comunicación enviada por la administración.
Menores en riesgo y deterioro de la convivencia
La denuncia no solo se limita al tráfico de estupefacientes. El desorden social derivado de estos inquilinatos ha generado un entorno hostil.
A pesar de que la carta fue remitida con copia a la Alcaldía de Chía, la Secretaría de Gobierno y la Personería Municipal, los residentes aseguran que las soluciones de fondo no llegan.
La comunidad exige que la ley de propiedad horizontal se aplique con rigor y que la fuerza pública intervenga estos «paga-diarios» que están asfixiando la seguridad de los niños de Chía.
El Expediente continuará vigilante ante este caso, que refleja una problemática creciente en los municipios aledaños a Bogotá: la mutación de conjuntos residenciales en zonas de tolerancia y expendio bajo el disfraz de subarriendos informales.
