Por: Andrés Villota Gómez
La única vez que Colombia ganó la Copa América de fútbol, durante los desmanes de la celebración, lincharon a un joven. Una turba lo golpeaba, hasta que apareció alguien, que le exigió a la muchedumbre asesina que hiciera una fila para seguir matándolo pero en orden, uno por uno y de un solo golpe por persona. Este acto salvaje, refleja, perfecto, el concepto para el colombiano promedio de justicia, Constitución, constitucionalidad, legalidad y legitimidad.
Esta habilidad, repugnante, que tienen los colombianos para justificar, culpar y escurrir el bulto, con la complicidad de un poder judicial de pacotilla, que se entroniza en el aparato estatal colombiano, desde noviembre de 1985, después de reemplazar a los magistrados admirables de las Altas Cortes, que fueron acribillados a manos de los terroristas del M-19 de Gustavo Petro y de Claudia Sheinbaum, en sociedad criminal con Pablo Escobar Gaviria.
Me causaba estupor, mientras cursaba mis estudios de maestría, ver a mis compañeros de clase Progresistas, más jóvenes, inexpertos e ignorantes, tratar de manera agresiva y displicente a los militares colombianos que estaban cursando postgrados, que no habían nacido en 1985, en actitud sumisa y de culpabilidad, pidiendo perdón a los trogloditas amateur que los acusaban de asesinos y de criminales.
A todos los jóvenes estudiantes de postgrado, se notaba, les hicieron una lobotomía y les introdujeron falsas narrativas y dogmas Progresistas que los llevan a creer que, Pablo Escobar Gaviria, asociado con los terroristas del M-19, podían asesinar a los magistrados de las Altas Cortes y tumbar al presidente Belisario Betancur de manera legítima y los militares no podían hacer nada para evitar el golpe de Estado.
Desde el 9 de abril de 1948, la mitología urbana colombiana, decretó que el terrorismo, el saqueo a las arcas publicas, el asesinato, el secuestro, el rapto y venta de niños disfrazado de narcotráfico, la violencia sexual, la destrucción de los bienes ajenos, la violación a la propiedad privada y demás crímenes de lesa humanidad, no son crímenes, si los autores son miembros de La Casta colombiana o Progresistas como Gustavo Petro.
No son crímenes, dicen, porque se trata de manifestaciones del pueblo en contra del Estado opresor que, por lo tanto, no los puede perseguir, judicializar o encarcelar. Se trata de acciones legítimas, dicen, amparadas por el ordenamiento judicial, inventado, por el pueblo colombiano, que es aplicado de manera selectiva.
Hoy, que dominan y controlan todos los poderes del Estado, a su antojo, el efecto ha sido superlativo, roban, saquean, delinquen, sin pudor, de manera evidente, abiertamente, de frente. Justifican su actividad criminal diciendo que “la Derecha también lo hace” y que, por supuesto, esto los hace inmunes al accionar de la justicia colombiana que, también, dominan porque está integrada por ellos mismos.
La Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo, hace parte de este gran concierto para delinquir que es el actual gobierno de Gustavo Petro y su única misión es proteger a todos los hampones de cuello blanco, a los terroristas y a los traficantes de niños que usan el narcotráfico como fachada.
Camargo, desconectada del mundo, ahogada en medio de la vorágine de corrupción y muerte que pretende ocultar, no se ha dado cuenta que está protegiendo a criminales transnacionales, por lo que tiene, encima de ella, a los ojos de la justicia de varios países.
La fiscal se estaba haciendo la pendeja con la extradición de varios terroristas pedidos por el gobierno de los Estados Unidos. La tienen entre ojos, entre ceja y ceja. En cualquier paseo familiar al exterior, a la fiscal Camargo, la pueden capturar, es evidente.
Por lo tanto, no es necesario seguir probando que en Colombia no existe la justicia y que las Altas Cortes fueron tomadas desde noviembre de 1985 por La Casta colombiana, que solo persigue a sus enemigos o a todos los que tengan la osadía de anteponerse a sus designios malvados.
La Corte Penal Internacional, una supuesta instancia para que los ciudadanos colombianos puedan exigir la justicia que no tienen en su país, ha sido otro templo dedicado a la impunidad. La fiscal Fatou Bensouda, no hizo nada en contra de los grupos terroristas colombianos, cómo tampoco hizo nada su sucesor, Karim Khan, abogado de los más temidos criminales de la historia de la humanidad, que siguió defendiendo a sus antiguos clientes, desde su nuevo cargo.
Karim Khan, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, tuvo que dejar su cargo mientras lo investigan por abuso y acoso sexual, aunque, tampoco le va a pasar nada porque lo está investigando la ONU, su hermana Globalista. Sus tareas serán asumidas por Mame Mandiaye Niang, otro que, sobra decir, no hará nada diferente.
Entonces, no pasará del anuncio, lo hecho por Wilson Ruiz, abogado y ex ministro de Justicia durante el gobierno del Globalista, Iván Duque, que denunció al presidente Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional (CPI) señalando al mandatario de presuntos «crímenes de guerra, lesa humanidad y responsabilidad penal por omisión».
François Cavard, un colombiano de pura cepa, aunque su nombre diga lo contrario, presentó una denuncia penal internacional en contra del grupo terrorista M-19 y de todos sus miembros, incluidos Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum.
La jurisdicción universal lo permite, sumado a que sus múltiples crímenes nunca fueron amnistiados o indultados y la mayoría de esos crímenes son considerados de lesa humanidad que, por lo tanto, nunca prescriben en el tiempo. Cavard, ha presentado la misma denuncia en más de 30 jurisdicciones de diferentes naciones, incluidas la justicia de Argentina y de los Estados Unidos.
Sin embargo, a pesar de todo el favorecimiento mundial a la permanente infamia colombiana, parece que la suerte le dejó de sonreír a Gustavo Petro y al resto de la criminal Casta colombiana, con el regreso del señor presidente Donald Trump a la Casa Blanca.
El 12 de mayo de 2025, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) emitió un memorando que describe nuevas prioridades en la lucha contra los delitos de cuello blanco, con énfasis en las conductas de alto impacto que amenazan la seguridad nacional, el sistema financiero y la competitividad económica del país. Todo lo que ha hecho Gustavo Petro y sus secuaces, durante los últimos 3 años, en Colombia.
Otra prioridad es la lucha contra los Cárteles del tráfico de niños disfrazado de narcotráfico, que fueron declarados Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), que abre la puerta para las intervenciones de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, como el caso de México para exterminar a los socios de los Cárteles de las FARC, M-19 y ELN.
A Gustavo Petro, cuando deambula por el mundo, convertido en una piltrafa humana, revolcándose en sus adicciones y ahogado en las presiones de su handler desde La Habana, le respiran en la nuca las agencias de seguridad de varios países, por ser un líder antisemita, propio de su condición de nacional socialista obrero colombiano, por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el M-19 y por su fanatismo pro Palestina que incluye la promoción y patrocinio de las actividades terroristas que operan en contra del pueblo de Israel.
No es una coincidencia que utilice aviones privados para transportarse cuando el volumen de su comitiva lo permite, sabe que, de pronto, puede tener un aterrizaje de emergencia en la pista de Guantánamo.
Gustavo Petro, desde su adolescencia, ha estado jugando al ahorcado. Una palabra de muchas letras a la que solo le queda una última letra, antes de perder y ser ahorcado.
La poderosa dictadura cubana, ya lo sentenció, Petro ya no le sirve más, así como le pasó a Hugo Chávez. El final va a ser épico, como lo sueñan los grandes criminales de la historia de la humanidad. Gustavo Petro ya hizo todo para que se lo lleven.
