Por: El Expediente
El 11 de noviembre de 2026, tres días antes de la apertura anunciada del DaviArena en Sabaneta, la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia -Red Ver-, que preside el abogado Pablo Bustos Sánchez, radicó ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia una denuncia penal para que se investigue la secuencia completa de decisiones que terminó con la venta del lote donde se levantó el escenario: su administración, su arrendamiento, su venta anticipada y las licencias que permitieron construirlo.
El predio, de matrícula inmobiliaria 001-588031, fue comprado en 2009 por la sociedad Ideas & Co S.A.S., del empresario antioqueño Diego Alejandro Arango Duque, y un año después quedó en cabeza del Fideicomiso Log Center, administrado por BBVA Fiduciaria. En 2012 fue embargado dentro de un proceso de extinción de dominio que, catorce años después, sigue sin sentencia. Mientras tanto, el lote quedó bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad del Estado que maneja los bienes incautados a estructuras criminales mientras la justicia define su destino.
En 2021, bajo la presidencia de Andrés Alberto Ávila Ávila en la SAE, la entidad recuperó la tenencia del lote, que ocupaba Ideas & Co; la empresa acudió a la tutela, pero tanto el Tribunal Superior de Medellín como la Corte Suprema de Justicia avalaron la actuación de la SAE -una decisión que la propia veeduría aclara no cuestionar-. Un año después, en marzo de 2022, la SAE subastó el arrendamiento del predio. Lo ganó CLK Venues S.A.S., con la que en julio de ese año firmó un contrato a diez años, con un canon de $80 millones mensuales más IVA y una inversión pactada de $60.000 millones. Mediante un otrosí, el plazo se amplió a treinta años y la inversión a $85.801 millones, una suma que, según el contrato, revertiría al Estado una vez terminara el arrendamiento.
En mayo de 2023, como alcalde de Sabaneta, Santiago Montoya Montoya -hoy senador de la República- firmó el decreto que adoptó el Plan Parcial Ciudad Crystal, con el cual el lote quedó habilitado para desarrollo urbanístico. Dos meses después, la Secretaría de Planeación de Sabaneta, bajo la firma de su secretario, Javier Humberto Vega Meza, le otorgó a CLK Venues la licencia de urbanización, en la que se describió a la SAE como «titular de dominio» del predio, pese a que la propietaria inscrita seguía siendo el Fideicomiso Log Center. La licencia de construcción se expidió en septiembre de 2024, ya en la alcaldía de Alder Cruz Ocampo y con la firma del mismo secretario de Planeación, sin que la urbanización estuviera inscrita y notificando únicamente a CLK Venues. En junio de 2025, ese mismo secretario reconoció por escrito que la Secretaría no verificó la situación jurídica del predio antes de otorgar las licencias.
El giro decisivo llegó en mayo de 2024: mediante la Resolución 263, la SAE autorizó la enajenación temprana de 120 inmuebles bajo su administración, entre ellos este, invocando la causal de cinco años de administración y sin someter la decisión al comité interministerial que exige el artículo 93 de la Ley 1708 de 2014. En julio de 2025 el lote se vendió a CLK Venues -el mismo arrendatario- y a Ticket Fast S.A.S. por $51.510 millones, un 19,8 % por debajo de los $64.249 millones en que la propia SAE lo había avaluado. Con la venta se extinguieron, de un solo golpe, el canon mensual que pagaba CLK y la obligación de que los $85.801 millones invertidos revirtieran al Estado al final del contrato.
La vocera del Fideicomiso Log Center, Juan David Gómez Díaz, gerente de operaciones de BBVA Asset Management, informó por escrito a la SAE, en julio de 2025, que el fideicomiso nunca recibió solicitud alguna para la venta ni para el uso del inmueble, que no autorizó las licencias urbanísticas y que no fue notificado de la Resolución 263. Es decir: según su propia versión, a quien figuraba legalmente como dueño del lote nadie le preguntó nada antes de arrendarlo, licenciarlo y venderlo.
La denuncia pide, además, que antes de la apertura del escenario -programada para el 14 de noviembre- se hagan públicos el certificado técnico de ocupación, la autorización de ocupación, el plan de emergencia y los permisos del evento, y que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá informe si la construcción afectó la quebrada Cien Pesos, que corre junto al predio. A la fecha de esta denuncia, según la propia Red Ver, ninguno de esos documentos se había hecho público.
La denuncia también pone en conocimiento de la Fiscalía, sin corroborarlas -así lo advierte expresamente el propio documento-, dos versiones adicionales: una, de una sola fuente no identificada, según la cual el senador Montoya habría recibido un apartamento en Miami a cambio de su intervención en el proceso; y otra sobre un posible interés de Andrés Felipe Sarabia Torres, hermano de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia y excanciller Laura Sarabia Torres, en gestiones relacionadas con la SAE. En ambos casos la propia veeduría aclara que no atribuye delito alguno a los mencionados, que estos han negado públicamente cualquier irregularidad, y que pone la información en conocimiento de las autoridades únicamente para que la verifiquen.
La denuncia llega, además, en medio de dos hechos recientes que la propia Red Ver cita como contexto: el 5 de octubre de 2026 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos retiró de su lista a Franzul S.A., la sociedad que en 2009 le vendió el predio a Ideas & Co, y la Contraloría General anunció que decidirá antes del 20 de noviembre una denuncia sobre el mismo inmueble, con base en un avalúo retrospectivo elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ninguno de los dos hechos prueba, por sí solo, una irregularidad en la venta; ambos quedaron en manos de la Fiscalía y de la Corte Suprema, que deberán determinar si hubo algo más que una cadena de decisiones administrativas desafortunadas detrás de la venta del lote donde, en dos días, miles de personas entrarán a un escenario del que nadie ha mostrado todavía los permisos.
