Por: María Fernanda Cabal
“Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”, reza el Artículo 37 de nuestra Constitución Política, dejando claro que la ciudadanía de manera libre, puede exponer su postura frente a distintos temas.
Con esto quiero decir que NO existe el «derecho fundamental a la protesta»; ni la manifestación violenta está protegida por la Constitución o por las convenciones internacionales.
Lo que tenemos en nuestro ordenamiento constitucional es el derecho fundamental a la libertad de expresión, y de este se deriva el derecho a la manifestación pacífica; que puede darse en forma de una «acción de protesta».
Todo lo han tergiversado, junto con los organismos internacionales, que pareciera que quisieran crear «nuevos derechos» o convertir los deseos de los vándalos en derechos.
Esta ausencia de verdad, es a su vez especialmente notoria en el Congreso de la República; que oculta el sentir de los ciudadanos envueltos en enfrentamientos fundamentados en el discurso del odio y la lucha de clases que difunde la izquierda en todo el mundo.
En este sentido, dentro de esa estrategia de atrapar incautos e instrumentalizarlos, se convierte a los jóvenes en carne de cañón y trofeo de los pirómanos que desde la comodidad de sus curules, quieren ver al país arder.
La inversión revolucionaria, propia de los comunistas, pretende mostrar hechos de violencia como la vía adecuada para generar cambios estructurales en una Nación llena de inequidades indiscutibles.
Bloquear el departamento del Valle del Cauca, uno de los más prósperos de Colombia durante más de cuatro semanas, llevando a la quiebra a cientos de pequeñas, en medianas y grandes empresas de las cuales depende el sustento de miles de familias, NO es una acción pacífica. Así como tampoco lo es el daño sistemático a los bienes públicos y privados, donde los “manifestantes” se han encargado de atacar a la Fuerza Pública, incluso incendiando vivos a policías para infundir miedo en la población y mostrarse desafiantes, como si por encima de ellos -vándalos y delincuentes-, no hubiera Dios ni Ley.
Lo triste es que los responsables no son ni siquiera los jóvenes, instrumentalizados, mientras sus líderes -marxistas cobardes-, se escudan en sus investiduras para no salir a las calles a poner el pecho por el pueblo que aseguran defender.
Ya hicieron públicos los audios en donde se evidencia la coordinación de ataques al ESMAD, asesinatos, entrega de armamento, incendios a hoteles, activación de jóvenes, quema de policías y ataques a la Fuerza Pública con bombas incendiarias; dejando al descubierto la presencia y actuación directa de la Segunda Marquetalia de ‘Iván Márquez’ -FARC-, alias ‘El Paisa’, Henry Castellanos ‘Romaña’ y el abatido ‘Jesús Santrich’ en las acciones criminales.
¿Hasta dónde va a soportar la sociedad? La gente de bien -así les moleste-, ciudadanos que trabajan, que merecen tener la mejor Policía y el mejor Ejército del mundo, no se merece la clase política desvergonzada que no ha hecho sino robar a quienes pagan sus impuestos y generan empleo; los mismos que ahora dictan cátedra de paz, sentados al lado de terroristas y violadores de niños que no pagaron un día de cárcel.
Es momento de unirnos como país, exigirle al Gobierno una postura firme frente a los violentos, y no permitir que se sellen pactos con quienes no respetan los mínimos éticos que construyen una sociedad y una nación.
Es más, el interrogante permanece: ¿Quién eligió al Comité del Paro para negociar? ¿Qué legitimidad pueden tener unos sindicalistas que hasta su propia elección es cuestionada? Ellos deberían ser judicializados por los niños muertos debido a los bloqueos, porque si una ambulancia no llega, es un crimen de guerra.
