Por: El Expediente
La Imprenta Nacional de Colombia, la entidad del Estado que imprime el Diario Oficial y los documentos normativos del país, tiene desde marzo de 2026 un contrato con la empresa Punto Empleo S.A.S. para que le preste, de manera temporal, el personal que necesita en épocas de mayor trabajo: diagramadores, correctores de estilo, auxiliares de planta.
El 9 de octubre de este año, ese contrato fue ampliado para pagar la nómina de nueve personas hasta marzo de 2027. Ocho de esas nueve personas son, en efecto, diagramadores, correctores o auxiliares. La novena, que entró el 19 de octubre, no tiene nada que ver con producir impresos: es una asesora de la gerencia general de la entidad. Y entró cuatro días después de que la Presidencia de la República le ordenara a todo el Estado frenar justamente ese tipo de contrataciones.
Esa orden es la Circular Externa No. 08, firmada el 15 de octubre de 2026 por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El documento les exige a todos los ministerios, departamentos administrativos y entidades del Estado tres cosas concretas: que no se llenen más del 60 % de los cargos de libre nombramiento y remoción que tiene cada entidad; que ninguna vacante se llene solo porque hay plata disponible en el presupuesto, sino porque hay una necesidad real y demostrable; y que los nuevos contratos de prestación de servicios con personas -los que comúnmente se conocen como contratos por honorarios- no crezcan más de un 25 % frente a lo que cada entidad venía contratando en 2025 y 2026. Cualquier excepción a esas reglas tiene que quedar por escrito, con el motivo, el costo, la duración y la explicación de por qué no se pudo cubrir esa necesidad con el personal que ya existía.
El contrato de la Imprenta Nacional con Punto Empleo -el número 22600012- empezó el 31 de marzo de 2026 y va hasta el 30 de marzo de 2027, por un valor inicial de $444.000.000. Su objeto, escrito en el propio contrato, es contratar una empresa de servicios temporales que le administre personal a la Imprenta «de acuerdo con las necesidades y requerimientos efectuados por la entidad». El 9 de octubre, Punto Empleo aceptó por escrito ampliar ese contrato. Pero los dos documentos que sustentan esa ampliación no coinciden en el monto: la carta de aceptación, firmada por la representante legal de Punto Empleo, Sandra Victoria Osorio Echeverry, dice que se añadieron $444.000.000 y que el contrato queda en $888.000.000 en total; el memorando interno que explica por qué se necesitaba esa plata, firmado por el supervisor del contrato, Jorge Enrique Clavijo Díaz, dice que lo que se añadió fueron $250.000.000, el 56,31 % del valor inicial, dejando un margen de $194.000.000 para ampliaciones futuras. Son dos cifras distintas para la misma operación, en los dos documentos que debían sustentarla.
El memorando de Clavijo Díaz explica para qué es esa plata: «atender incrementos temporales, circunstanciales y extraordinarios en la producción, edición, maquetación, corrección de estilo y logística de despachos» por el cierre del año fiscal y el alto volumen de impresos oficiales que maneja la entidad. El mismo documento certifica que Punto Empleo puso en cada contrato de trabajo la razón concreta que justifica esa vinculación temporal, y que se cumplió lo que exige el Decreto 1072 de 2015 -modificado este año por el Decreto 0581- para que una empresa de servicios temporales no termine siendo una manera disimulada de meter empleados permanentes por la puerta de atrás.
El propio memorando trae la lista de las nueve personas que la Imprenta planeaba mantener contratadas durante noviembre de 2026 a través de Punto Empleo. Ocho de ellas calzan exactamente con la razón que se dio para ampliar el contrato: Angélica Catalina Pinto Garay y Milton Javier Melo García, diagramadores; Álvaro Javier Ureña Castellanos, Johanna Suárez Espejo y Daniela Herrera Obregón, correctores; Isabel Cristina Fajardo Díaz, diagramadora; Adriana María Cifuentes Pulido, auxiliar de planta en la Subgerencia de Producción, y José Ángel Ramírez, auxiliar de planta en la Oficina Asesora de Planeación. Todos entraron de manera escalonada entre abril y septiembre de 2026. La novena no encaja: Rayza Alejandra Reyes Marciales, identificada con la cédula 52.708.813, entró el 19 de octubre de 2026 como asesora de gerencia, adscrita directamente a la Gerencia General de la entidad. Ni la diagramación, ni la corrección de estilo, ni la logística de despachos, ni la atención de impresos oficiales -las razones que el propio memorando da para justificar la ampliación del contrato- tienen que ver con asesorar a una gerencia.
La diferencia importa porque la ley es clara sobre para qué sirve una empresa de servicios temporales: para cubrir necesidades pasajeras de producción, no para poner personal de confianza en la cúpula de una entidad. Ese es justamente el límite que el Decreto 1072 de 2015 busca que no se cruce. Los números del propio contrato muestran que, al 30 de septiembre, ya se había gastado el 83,21 % del valor inicial -$369.433.506- y que la nómina de octubre, con las nueve personas, costaba $56.874.549 al mes; la plata que se agregó al contrato se calculó, según el mismo documento, para pagar esa nómina entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. Esa nómina incluye, desde el 19 de octubre, el sueldo de la asesora de gerencia.
Al mismo tiempo, la Imprenta Nacional también firmó directamente -sin pasar por la temporal- al menos otros cinco contratos de prestación de servicios, todos autorizados por la subgerente administrativa y financiera encargada, María Eugenia Tovar Rojas: gestión comercial del portafolio de productos y servicios, con Daniela Dávila Marciales ($30.000.000); revisión jurídica de los contratos y actos que firma el gerente general, con Katiana Paola Jiménez Portela ($27.000.000); análisis y control de costos, con Nathalia Alzate Céspedes ($24.000.000); revisión de los soportes de los estados financieros, con Sandra Yamile Rojas Rico ($27.000.000); y apoyo administrativo en infraestructura y servicios generales, con Paula Andrea Díaz Casas ($11.400.000). Ninguno de esos cinco contratos, por sí solo, tiene nada irregular; lo que muestran, junto con el caso de la asesora de gerencia, es que la Imprenta Nacional siguió contratando personal por servicios en octubre de 2026, el mismo mes en que el Gobierno le pedía a todo el Estado frenar ese tipo de crecimiento.
La misma Circular 08 obliga a cada entidad a reportarle trimestralmente a la Presidencia cuánta gente tiene contratada, cuánto le cuesta y qué excepciones autorizó y por qué. La ampliación del contrato con Punto Empleo -cuyo monto los propios documentos de la Imprenta no logran poner de acuerdo-, la llegada de Rayza Alejandra Reyes Marciales a la gerencia general a través de un contrato pensado para diagramadores y correctores, y los cinco contratos adicionales firmados en esas mismas semanas son, exactamente, el tipo de información que ese reporte trimestral debería mostrar.
Fuentes consultadas: Circular Externa No. 08 de 2026 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; contrato de prestación de servicios No. 22600012 entre la Imprenta Nacional de Colombia y Punto Empleo S.A.S. y su adición No. 01; memorando de análisis financiero y margen legal de adición contractual, supervisor Jorge Enrique Clavijo Díaz; carta de aceptación de Punto Empleo S.A.S., 9 de octubre de 2026; órdenes de contratación IDIRSIN-INC-113, 116, 117, 118 y 119 de 2026 de la Imprenta Nacional de Colombia.
