Por: Fernando Torres Mejía
Colombia cierra las puertas de la especialización, aplaza la formalización laboral y deja morir en el Congreso la ley que prometía dignidad
Cada año se repite la misma historia en Colombia: un médico recién graduado paga una inscripción, estudia durante meses, presenta el examen y se queda esperando una respuesta que casi siempre es la misma. Compitió por un cupo, a veces dos, contra colegas tan capacitados como él, y la puerta se cerró otra vez. Así pasan cinco años de una vida profesional que debió estar al servicio de los pacientes. Esa es solo una cara de un mismo problema, que tiene un nombre que pocos quieren pronunciar: maltrato al personal de salud, tolerado por el Estado, el Congreso y los gobiernos.
Cupos a cuentagotas.
Los cupos llegan escasos e irregulares. La Universidad Industrial de Santander abrió en 2025 uno en Patología y otro en Pediatría; la Universidad del Valle, en 2024, uno en Neurocirugía y dos en Oftalmología; hasta la Universidad de Antioquia, la más grande del país en esta materia, ofrece cerca de 107 cupos para 21 especialidades, y en 2026 Neurocirugía tiene apenas dos. Detrás hay una fila de miles de médicos. Portales de preparación estiman que en Dermatología, Cirugía Plástica y Oftalmología hay más de cuarenta aspirantes por cupo; son estimaciones y no cifras oficiales, pero describen lo que viven los aspirantes.
Aspirar cuesta, y quien ingresa tampoco respira.
La Universidad de Antioquia pide, en su guía de 2026, $1.760.905 solo por inscribirse (un salario mínimo más diez mil pesos por la prueba de inglés), y quien se presenta en cuatro universidades gasta más de un salario mínimo, sin garantía alguna. Quien logra el cupo tampoco respira: la Ley 1917 de 2018 reconoce al residente un apoyo de sostenimiento de no menos de tres salarios mínimos, pero no cubre a quienes cursan programas que exigen una especialización previa, de modo que quien quiere subespecializarse queda a su suerte.
Sin reglas comunes y con la maleta lista
Colombia carece de un sistema nacional de acceso como el MIR español o The Match estadounidense, donde las reglas son públicas y las administra una entidad independiente. Aquí cada universidad decide por su cuenta, y la oferta no guarda relación con lo que el país necesita. No tengo pruebas de que las entrevistas se usen para favorecer a alguien, pero cuando los criterios no se pueden auditar, se instala la sospecha de que el cupo se lo lleva el conocido, y esa sospecha, fundada o no, desmoraliza a quienes estudiaron de verdad.
Muchos buscan otras puertas: 1.430 colombianos presentaron el MIR en España en 2025, frente a 596 en 2022, y 474 consiguieron plaza. México es otro destino posible: su ENARM reunió en 2025 a 50.490 médicos que compiten por unas 18.500 plazas, y reservan un número significativo para los extranjeros, por lo que este examen es otra puerta a la que también pueden tocar nuestros médicos cuando aquí no hay cupo.
El costo se mide en consultorios vacíos: Colombia tiene 0,6 especialistas por cada mil habitantes, frente a un promedio de 2,6 en la OCDE, y apenas 115 psiquiatras infantiles registrados. Formamos médicos con el esfuerzo de sus familias y del Estado, les cerramos la puerta y luego nos sorprende que se vayan.
Trabajar tampoco dignifica.
El Gobierno sostiene que busca proteger la continuidad del servicio y permitir una formalización gradual, y mantiene garantías mínimas como la cotización a seguridad social sobre el 100 %. Es comprensible que un gobierno recién llegado necesite tiempo, pero un derecho recién conquistado no puede aplazarse a costa de quienes sostienen los hospitales.
Una ley archivada que prometía cero maltrato y examen que sobrevive.
Tampoco el Congreso estuvo a la altura. El Proyecto de Ley 293 de 2025 Senado – 145 de 2024 Cámara, conocido como Ley Doctora Catalina, buscaba prevenir y detener el acoso y la violencia en el entorno laboral de las residencias médicas y odontológicas: dignidad, equidad, cero maltrato y salud mental. La Comisión Séptima del Senado lo aprobó el 21 de abril de 2026 y solo faltaba la plenaria, pero no alcanzó a debatirse y fue archivado por tránsito de legislatura el 20 de junio. Se engavetó.
El texto aprobado en comisión incluía además el «Examen Nacional Unificado de Ingreso a Residencias Médicas (ENU-RM)», requisito obligatorio, único, estandarizado y anual para acceder a las especializaciones médico-quirúrgicas, un cambio estructural en la forma de competir por los cupos. La idea sobrevivió: en julio de este año se radicó en el Senado el Proyecto de Ley 48 de 2026, «Examen Nacional de Especialidades Médicas», que propone un examen nacional obligatorio con las pruebas Saber Pro del ICFES como referencia. Si corre la misma suerte, los médicos habrán esperado otra legislatura completa.
Nada de esto es inevitable. Existen excepciones, como Icesi y la Fundación Valle del Lili, que financian el 100 % de la matrícula de sus admitidos, pero siguen siendo eso, excepciones. Mientras las instituciones sigan mirando hacia otro lado, el médico que cruza la frontera con su maleta, el que se resigna a ser general sin haberlo elegido y el que cuelga la bata para sobrevivir en otro oficio seguirán siendo el recordatorio de lo que estamos siendo: un país que forma médicos para maltratarlos y desperdiciarlos.
