Por: El Expediente
La crisis de hacinamiento en las cárceles colombianas no es un secreto reciente ni un problema que haya aparecido de la nada: es una falla estructural, documentada durante años por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que ha llevado a la Corte Constitucional a declarar en más de una ocasión, en distintos momentos de la historia reciente del país, un estado de cosas inconstitucional dentro del sistema penitenciario. Resolver esa crisis exige, entre otras cosas, construir más cupos carcelarios de manera efectiva y verificable. Por eso, cuando el Equipo Élite Anticorrupción revisó, durante el proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella, la gestión contractual de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), lo que encontró no fue simplemente ineficiencia administrativa ordinaria: fue, según documenta con precisión el Libro de la Verdad, un caso de pagos estatales por obras que sencillamente no existían en la realidad física del terreno.
Una auditoría contractual identificó 119 hallazgos distintos, con un impacto económico conjunto de $78.493 millones. Pero el dato que convierte este caso en algo considerablemente más grave que un simple sobrecosto administrativo es lo que hay detrás de esa cifra global: los interventores de los proyectos —las personas cuya función específica y exclusiva es verificar físicamente, en el terreno, que las obras se estén ejecutando antes de autorizar cada desembolso correspondiente— aprobaron pagos por infraestructura que, en los hechos, no existía. No se trata de demoras en la entrega, ni de sobreprecios sobre obras efectivamente realizadas: se trata, en su forma más directa, de dinero público pagado con la firma y el aval formal de quienes debían garantizar, precisamente, que ese tipo de situación no ocurriera bajo ninguna circunstancia.
El resultado concreto de estas irregularidades fue la parálisis de cuatro proyectos que, de haberse ejecutado según lo planeado, habrían ampliado de manera directa y medible la capacidad del sistema carcelario colombiano en distintas regiones del país. La ampliación de cupos en el establecimiento penitenciario de Itagüí, por un valor de $39.385 millones. La de Barranquilla, por $8.923 millones. La de Ipiales, por $6.988 millones. Y la de Buga, por $6.233 millones. Cuatro proyectos, en cuatro regiones geográficamente distintas del país, todos afectados por el mismo patrón repetido de pagos autorizados sin que existiera una obra real detrás que los justificara.
El costo humano de esta parálisis, más allá de las cifras contables, se mide en algo mucho más tangible e inmediato: mientras estos $78.493 millones se pagaban por cupos carcelarios que nunca llegaron a materializarse físicamente, el 41,4% de la población reclusa total del país seguía, según cifras oficiales del propio sistema penitenciario, durmiendo directamente en el piso de celdas que ya excedían por completo su capacidad diseñada. Cada uno de los cupos carcelarios que debía haberse construido con ese dinero específico, y que finalmente nunca se materializó en ladrillos y cemento reales, representa de forma directa a una o varias personas que hoy continúan purgando su condena en condiciones que la propia Corte Constitucional colombiana ha calificado, en fallos previos, como violatorias de la dignidad humana básica.
El caso queda ahora formalmente en manos de los organismos de control competentes, encargados de determinar responsabilidades individuales precisas: quiénes autorizaron específicamente cada uno de esos pagos irregulares, y si actuaron por negligencia técnica grave o con pleno conocimiento de que estaban certificando, con su firma, la existencia de obras que en realidad no existían. Pero más allá de esas responsabilidades individuales que la justicia deberá establecer con nombre propio, el hallazgo deja abierta una pregunta de fondo sobre la política penitenciaria completa del gobierno saliente: si una porción significativa del dinero destinado específicamente a resolver el hacinamiento terminó, según toda la evidencia documentada, pagando infraestructura fantasma, entonces la crisis carcelaria que el país sigue arrastrando año tras año no es únicamente un problema de insuficiencia presupuestal, como suele presentarse públicamente, sino también, y quizás sobre todo, un problema de qué ocurrió realmente con el presupuesto que sí existía y que sí se desembolsó.
Para las miles de personas privadas de la libertad que hoy siguen durmiendo en el piso de cárceles colombianas saturadas muy por encima de su capacidad, este hallazgo no es una cifra abstracta en un informe de empalme: es la explicación concreta, con nombre de ciudad y valor exacto, de por qué los cupos que deberían haber aliviado su situación nunca llegaron a existir.
