Hay una ironía útil en el oficio de Didier Blanco Rodríguez: durante años se ha dedicado a detectar la verdad detrás de las palabras de otros. Psicólogo y abogado especialista en derecho penal, es reconocido como uno de los poligrafistas más destacados de Colombia —una disciplina técnica que exige precisión, paciencia y una desconfianza metódica ante cualquier discurso que no se sostenga con hechos—. Ese mismo instinto es, según el propio Abelardo de la Espriella, la razón por la que lo eligió este 23 de julio para dirigir la Unidad Nacional de Protección (UNP), la entidad encargada de resguardar la vida de líderes, funcionarios y defensores de derechos humanos en todo el país.
Ibaguereño, orgulloso de sus raíces en el barrio San Diego de su ciudad natal, Blanco construyó una carrera que combina el sector público regional con la iniciativa empresarial propia. Fue asesor externo de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, asesor de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Tolima, asesor de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Lérida y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Tolima, además de asesor en alta gerencia de la Constructora Plinco S.A. entre 2021 y 2022.
En paralelo, fundó y dirige desde 2018 Detektar S.A.S., su propia firma de investigación y poligrafía, y desde 2022 gerencia también la Gestora Urbana de Ibagué —una combinación de experiencia técnica, investigativa y de gestión pública regional poco frecuente para un cargo de esta magnitud a una edad relativamente joven.
Su llegada al cargo no es un simple relevo administrativo: ocurre en medio de una de las controversias más tensas del empalme entre gobiernos.
De la Espriella había denunciado públicamente una presunta «feria de contratos» al interior de la UNP en las semanas previas al cambio de mando —incluyendo la provisión de 6.000 cargos y un contrato multimillonario de servicio de escoltas—, lo que llevó a su equipo a pedirle formalmente al procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, que interviniera de manera urgente en esos procesos antes de la posesión presidencial. Blanco reemplaza en el cargo a Augusto Rodríguez y llega con instrucciones explícitas de restablecer los protocolos de seguridad «a rajatabla», ampliando de tres a cinco los pasos del proceso de protección actual.
«Firmaré un mandato y no me voy a detener a preguntar si una vida vale más que otra. Mi única prioridad será proteger vidas, del político y del líder social con igual importancia y urgencia», afirmó el propio Blanco al conocerse su designación —una declaración que, en un país donde la UNP ha estado marcada por denuncias de trato desigual entre esquemas de protección oficialistas y los de líderes sociales o de oposición, busca marcar desde el primer día una promesa de neutralidad técnica. Con esa combinación de background investigativo y experiencia administrativa regional, Blanco asume ahora la tarea de convertir en política de Estado lo que hasta ahora ha sido, sobre todo, su oficio personal: separar, con método y sin atajos, lo que es cierto de lo que no lo es.
