En esta columna publicada en el periódico El Colombiano en octubre de 2017 firmada como ‘Precandidato presidencial CD’ y titulada ‘¿Qué hacer con la JEP?’ el entonces senador se refirió a la impunidad a la que conlleva la JEP y dió la ruta para que el nuevo gobierno (él) pueda introducirle reformas de fondo.
«Todo parece indicar que el poder de la mermelada se impondrá una vez más en el Congreso para sacar adelante la Justicia Especial para “la Paz” que, cada vez más, se parece a una justicia especial para las Farc, donde esa organización exige toda suerte de beneficios para construir sus anhelos de impunidad.
Si el Gobierno logra este empeño tiene la idea de que dicha justicia será inmodificable y les ha vendido ese argumento a las Farc. No es así, la JEP sí se puede reformar. El reciente fallo de la Corte Constitucional nos permite entender que una instancia transicional en el marco del proceso con las Farc no se pueda derogar pero, dado que su desarrollo normativo es el que le da vida, son esas normas las que sí se pueden y se deben reformar.
¿Cómo se puede reformar la JEP? A través de un acto legislativo, un referendo —dado que su vida implica reformas a la Constitución— o a través de una Constituyente. Esos mecanismos se pueden emplear, mucho más cuando la propia Corte ha dicho que los Acuerdos no hacen parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto su desarrollo debe estar compaginado con los principios esenciales de nuestra Carta Política como el debido proceso y el mandato de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos.
El próximo gobierno se va a encontrar con una JEP en etapa embrionaria, que amenaza al estado de derecho y por lo tanto es su deber introducir reformas estructurales que eviten que por la vía de las reformas exprés tramitadas con el dulce de la mermelada se les dé un golpe dramático a las instituciones y se configure una violación del derecho internacional.
¿Qué se le debe reformar a la JEP? Para empezar, no se puede permitir que criminales de lesa humanidad lleguen al Congreso sin investigación, proceso y sanción proporcional a los crímenes cometidos. Segundo, decir “toda la verdad” no puede ser una cortina de humo para evitar sanción efectiva.
Tercero, la Procuraduría debe participar como garante del debido proceso en todas las instancias procesales, no simplemente por invitación. Cuarto, la acción de tutela no puede ser relativizada con respecto a las actuaciones de la JEP. Quinto, la JEP no puede poner en riesgo el principio de cosa juzgada de otras instancias judiciales, porque amenazaría la autonomía jurisdiccional de las cortes y esto implica también que, en materia de conflictos de competencias, la JEP no puede estar por encima de otras jurisdicciones. Sexto, civiles y militares no pueden ser igualados con criminales de lesa humanidad, porque son los miembros de las Farc los que están haciendo la transición de la criminalidad a la justicia y no las fuerzas legítimas de la Constitución y los ciudadanos que se rigen por la ley. Séptimo, se necesita que la JEP tenga sanciones efectivas y proporcionales o de lo contrario estaremos poniendo en riesgo los principios del Estado de Derecho.
El próximo gobierno y el próximo Congreso tienen la enorme responsabilidad de darle al país una reforma estructural de una justicia que se hizo bajo presión de las Farc. Debemos hacerlo de manera oportuna y rápida porque, claramente, la JEP es un monumento a la impunidad y eso no lo vamos a tolerar».
* Precandidato presidencial CD
