Flor Marina Hernández Rodríguez, exconcejal de Yopal, acumula un extenso historial de denuncias penales que configuran un patrón de conducta delictiva en el departamento de Casanare. Los registros judiciales de la Fiscalía General de la Nación documentan una trayectoria de años en la que la señalada utiliza métodos violentos, maniobras fraudulentas y coerción para apropiarse de predios, estafar compradores de vivienda y desplazar a legítimos propietarios, todo bajo una impunidad que ha comenzado a desmoronarse ante la gravedad de los hechos recientes.
La conducta más grave documentada ocurrió el 6 de enero de 2024 en la vereda Brito Alto, municipio de Paz de Ariporo. En esa fecha, los propietarios de la finca Villa Taly denunciaron ser víctimas de desplazamiento forzado, intento de homicidio y secuestro perpetrado por Hernández Rodríguez en compañía de terceros y hombres armados. El relato de las víctimas detalla cómo, tras ser alertados de la presencia de cinco vehículos y más de una decena de individuos en su propiedad, solicitaron apoyo policial. Al arribar la Fuerza Pública al predio, fueron recibidos con disparos por parte de los invasores, quienes terminaron siendo expulsados en un operativo que involucró a la Sijín y al Ejército Nacional. A pesar de la intervención de las autoridades en el momento, el acoso no cesó, pues Hernández Rodríguez impidió días después el ingreso de los propietarios para alimentar a 181 bovinos y otros animales, despojándolos efectivamente de su lugar de residencia y trabajo.
Este comportamiento no es un hecho aislado. La documentación judicial revela que Hernández Rodríguez ha mantenido una disputa persistente sobre el predio «Las Guaras», donde, a pesar de que fallos judiciales de primera instancia de 2022 negaron las pretensiones de posesión de las demandantes —quienes omitieron contratos previos ante los estrados—, ella ha continuado ejerciendo actos de hostigamiento. Las denuncias de mayo de 2023 describen cómo la exconcejal, acompañada de individuos que portaban armas, intentó asesinar a los dueños de Villa Taly rociándoles gasolina e intentando prender fuego a las instalaciones y a las personas, gritando amenazas de muerte y utilizando la fuerza para intentar expulsarlos de tierras que ya habían sido objeto de controversias legales previas.
El alcance de estas actividades ilegales se extiende al sector inmobiliario, donde Hernández Rodríguez ha sido denunciada por el delito de urbanización ilegal y estafa. En 2019, la Oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía de Yopal compulsa copias a la Fiscalía tras identificar que el proyecto «Villa Flor Etapas 3 y 4» vendía lotes sin contar con licencias de urbanización o parcelación, engañando a decenas de familias. Los testimonios de las víctimas de esta estafa relatan un sistema de captación de dinero bajo falsas promesas de desarrollo, que luego derivaba en reuniones intimidatorias con escoltas para disuadir cualquier reclamo sobre la pérdida de sus ahorros.
El historial de denuncias, que se remonta al menos hasta el año 2014, incluye casos por constreñimiento ilegal, donde se reportaron enfrentamientos armados y el uso de personal de seguridad para amedrentar a líderes comunales y vecinos que se oponían a obras ilegales o arbitrariedades en el espacio público. A pesar de los múltiples procesos abiertos por estafa, amenazas, perturbación a la posesión y desplazamiento forzado, las víctimas coinciden en un punto alarmante: el sentimiento de vulnerabilidad ante la capacidad de la denunciada para persistir en sus agresiones, ignorando las decisiones judiciales y las medidas de protección solicitadas por quienes han osado cuestionar su actuar.
