Por: El Expediente
La figura del principio de oportunidad —que permite suspender la acción penal a cambio de colaboración efectiva— ha sido la principal estrategia de la Fiscalía para avanzar en este complejo entramado.
Sneyder Pinilla, precisamente, aportó información detallada sobre las entregas de dinero, los involucrados y los flujos de recursos, lo que permitió consolidar imputaciones contra Name, Calle, exministros como Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), y otros funcionarios.
Ortiz había intentado acogerse al principio de oportunidad en 2025, pero la Fiscalía lo negó de manera definitiva en abril de ese año, argumentando que la información suministrada era “escasa” y no cumplía con los requisitos de utilidad sustancial para el proceso. Desde entonces, la única puerta abierta es un preacuerdo (negociación de sentencia reducida a cambio de aceptación de responsabilidad e información adicional).
Con el proceso ya en etapa de acusación formal (septiembre de 2025) y rumbo a juicio, y tras agotar todas las vías para obtener libertad inmediata, analistas judiciales coinciden en que un acercamiento negociado con el ente acusador representaría para Ortiz la opción más viable para mitigar su responsabilidad penal.
La defensa, liderada por el penalista Mauricio Camacho, continúa adelantando audiencias para acceder a pruebas reservadas y busca demostrar inconsistencias en el caso.
Mientras tanto, el escándalo UNGRD sigue expandiéndose: involucra a más de una veintena de congresistas investigados, exministros imputados y cuestionamientos sobre el alcance del conocimiento en los más altos niveles del Gobierno.
La Fiscalía no ha confirmado aún ningún nuevo acercamiento de Ortiz, pero el agotamiento de las estrategias de libertad hace prever que, en las próximas semanas, el “preacuerdo” podría convertirse en el siguiente capítulo de este emblemático caso de corrupción.
