La empresa Thomas Greg & Sons, propiedad de los hermanos Bautista, mantiene el control de dos contratos multimillonarios en Colombia: la producción de pasaportes y el software utilizado en los procesos electorales del país.
La Procuraduría General de la Nación investiga a los tres cancilleres que han ocupado el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Gustavo Petro —Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia — por presuntas irregularidades en los procesos de licitación para la elaboración de pasaportes.
A pesar de las críticas públicas del presidente Petro hacia Thomas Greg & Sons, la empresa ha sido favorecida mediante declaratorias de urgencia manifiesta y licitaciones que, según expertos, podrían considerarse diseñadas a su medida.
El mecanismo que garantiza la exclusividad de Thomas Greg & Sons en el contrato de pasaportes radica en el papel de seguridad utilizado para su impresión, un material con especificaciones técnicas únicas que no está disponible en el mercado colombiano.
Este papel, fabricado por proveedores especializados en países como Francia, Alemania o Estados Unidos, requiere un proceso de producción e importación que puede tomar entre seis y ocho meses, según expertos consultados por El Expediente.
Ninguna otra empresa en Colombia cuenta con este insumo al momento de participar en las licitaciones, lo que elimina cualquier posibilidad de competencia. En los últimos 20 años, Thomas Greg & Sons ha obtenido consistentemente los contratos de pasaportes y elecciones en Colombia, incluso en gobiernos de diferentes tendencias políticas.
La clave de su dominio está en la rapidez con que se convocan las licitaciones, dejando poco tiempo para que otras empresas puedan adquirir el papel requerido.
Por ejemplo, en la licitación de 2023, el pliego de condiciones exigía la entrega del material en un plazo que solo Thomas Greg & Sons podía cumplir, según denuncias de competidores citadas en medios de comunicación y redes sociales.
Además, un informe de la Contraloría General de la República, publicado en 2024, señaló que las declaratorias de urgencia manifiesta utilizadas por la Cancillería entre 2022 y 2023 para adjudicar el contrato a Thomas Greg & Sons carecían de suficiente justificación técnica.
El contrato de pasaportes, valorado en más de 600.000 millones de pesos en la última década, según datos de la Cancillería, sigue siendo un monopolio de Thomas Greg & Sons, mientras la Procuraduría avanza en sus investigaciones para determinar si hubo irregularidades en las decisiones de los cancilleres involucrados.
