Por: Paola Holguín
La lógica que debe guiar cualquier reforma, en todo campo del conocimiento y actividad humana, es la búsqueda del mejoramiento del estado actual de cosas (statu quo); resulta irracional propender reformar lo que funciona, y más aún, hacer “borrón y cuenta nueva” por capricho o fundamentalismo.
Pues bien, los cambios impulsados por Petro en el Congreso, evidentemente desconocen esta elemental advertencia, y no sólo lo digo por la agresiva y regresiva Reforma Tributaria.
En lo que respecta a la Reforma Política (Proyecto de Acto Legislativo 018 de 2022 Senado), aprobada el pasado 11 de octubre en el segundo de los ocho debates necesarios, fueron varios los aspectos que suscitaron un profundo debate y resistencia al considerar que atentaban contra el equilibrio de poderes y desvirtuaban el principio democrático de la representatividad.
Algunos de esos puntos son:
1- El Gobierno Petro y su bancada parlamentaria modificaron, por el momento, las reglas sobre transfuguismo político, es decir, el cambio de Partido, haciéndolo posible con la renuncia previa de seis meses; además, de permitir que, por una única vez, en 2026, los miembros de Cuerpos Colegiados de Elección Popular puedan cambiar de partido sin que la renuncia al anterior deba hacerse con dicha anticipación y sin necesidad de renunciar a la curul que ejercen. La intención del Gobierno Petro y de su bancada, sin lugar a dudas, es intentar mantener y consolidar sus mayorías en estas Corporaciones, especialmente en el Congreso de la República, que más parece un gigante con pies de barro caminando en las turbulentas aguas de la política nacional, dadas las dificultades que ha experimentado para hacerlo.
2- Fue aprobada la posibilidad de que los Congresistas puedan renunciar a sus curules para asumir cargos en el Gobierno Nacional de forma inmediata, con el argumento, por demás falaz, de que ello garantiza la representatividad de los Partidos en el Gobierno de turno y fortalece al Congreso. Pues bien, ni lo uno ni lo otro. No es cierto que para que un Partido tenga representación en el Gobierno Nacional, quienes hayan sido elegidos para desempeñarse como parlamentarios sean los únicos representantes ni personas capaces y con liderazgo necesario para representar a los partidos en el Ejecutivo. La medida, en lugar de fortalecer al Congreso de la República, se convertirá en un incentivo perverso para las presiones gubernamentales en el ejercicio de su labor parlamentaria. La medida se convertirá en una eficiente herramienta de chantaje en doble vía, que, en lugar de fortalecer la labor legislativa de control político y el equilibrio de poderes, la debilitará. En todo caso, la medida, en el fondo, termina siendo un engaño al elector, quien deposita su confianza en un aspirante a ocupar una curul parlamentaria para que lo represente en el Legislativo, no para que vaya al Ejecutivo.
3- Finalmente, entre otros ajustes, fue aprobada la lista cerrada y paritaria por dos periodos constitucionales, respecto de lo cual es necesario hacer un par de precisiones: La primera, aunque personalmente tengo el convencimiento de que la lista cerrada fortalece a los Partidos y disminuye sustancialmente el canibalismo al interior de los mismos; debe asegurarse que el orden en la conformación de las listas se haga con un mecanismo democrático, y creo que el único serían unas elecciones primarias el mismo día para todos los partidos, evitando el “lapicero”, convenciones amañadas u otro mecanismo pseudodemocrático.
Y la segunda, tan importante como la anterior, tiene que ver con que la paridad de género no puede desconocer el principio democrático según el cual es el ciudadano, con el poder de su voto, quien decide quién quiere que conforme las Corporaciones Públicas. La paridad de las listas son razonables para las primarias, pero una vez consultada la ciudadanía, el sistema debe respetar la voluntad del elector.
Además, dicho sea de paso, resulta odioso, por decirlo menos, concesiones a las mujeres por el solo hecho de serlo; el acceso a cargos de elección popular siempre debe privilegiar la preparación, la experiencia y el designio del elector en la urna, no el género del aspirante.
