Por: Paola Holguín
Cinco condenas, cuyas penas sumaban cerca de 200 años de prisión, sesenta y dos órdenes de captura, doce medidas de aseguramiento, tres solicitudes de extradición y veinticinco investigaciones más, por delitos como narcotráfico, terrorismo, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, homicidio con fines terroristas, secuestro, secuestro extorsivo, constreñimiento ilegal, lesiones personales, asalto, extorsión, conspiración en actividades del narcotráfico, hurto, porte ilegal de armas, entre otros. Este es el prontuario de Víctor Suárez, alias “mono jojoy”, uno de los peores terroristas del que se pueda tener registro.
Las autoridades colombianas lo hallaron responsable del secuestro y asesinato de tres norteamericanos, activistas de derechos humanos, en 1999; por sus órdenes fue secuestrada y asesinada en cautiverio, la ex Ministra de Cultura Consuelo Araújo, en 2001; vinculado al proceso por la masacre de ochenta civiles en Bojayá, Chocó; responsable del vil ataque al Club El Nogal, en el que fueron asesinadas 36 personas civiles y 158 más heridas en 2003. El mismo día en que fue confirmada su baja por la Fuerza Pública, el 23 de septiembre de 2010, en desarrollo de la Operación Sodoma, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, lo condenó junto con alias Tirofijo y otros terroristas, a 16 años prisión por el delito de narcotráfico.
De su legado de sangre y terror, sin duda alguna, se destaca el haber sido uno de los artífices e implacable ejecutor del secuestro como política criminal de las FARC. El país aún recuerda, y no se puede dar el lujo de olvidar, los infames campos de secuestrados junto a los cuales acostumbraba a posar, con la arrogancia y la sangre fría propia del criminal de guerra que era.
De ahí, el revuelo que suscitó el homenaje que le rindieron, una vez más, como lo han hecho desde 2017, los integrantes del partido Comunes (movimiento político de las FARC que surgió con el acuerdo de La Habana); entre ellos, la radioperadora y compañera sentimental de Tirofijo, Sandra Ramírez y el ex guerrillero Sergio Marín; personajes a quienes, por gracia del mismo Acuerdo, se les otorgaron curules en el Congreso de la República.
Los actos de exaltación a esta clase de criminales denotan la absoluta falta de arrepentimiento y total desprecio hacia sus víctimas, a quienes les han sido negados todos sus derechos (verdad, justicia, reparación y no repetición) y por el contrario, han sido permanentemente revictimizados.
El País, y el Congreso de la República en particular, están en mora de proscribir legalmente este tipo actos, como lo han hecho España, Alemania o Italia, en camino de honrar el deber institucional y social de adoptar medidas simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas, como lo estableció la Corte Constitucional en sentencia C-344 de 2017. Por ello, junto con el Representante a la Cámara Juan Espinal, radicaremos en los próximos días, por tercera vez, el proyecto de ley por medio de la cual se promueve el respeto y la defensa de la dignidad y la memoria de las víctimas de graves crímenes, con la esperanza de que, en esta oportunidad, por lo menos, se le dé el primer debate.
