Por: El Expediente
Hay hallazgos del Libro de la Verdad que se explican con una sola imagen, y el del Fondo Nacional del Turismo es uno de ellos: 88 embarcaderos fluviales, contratados y pagados en su totalidad con recursos públicos, de los cuales solamente cinco quedaron efectivamente instalados y en funcionamiento. Los otros 83 se fabricaron —es decir, el Estado colombiano pagó por su construcción— y nunca llegaron a instalarse, sin los permisos ambientales necesarios y sin que existieran siquiera beneficiarios claramente definidos para su uso.
Es, en esencia, la fotografía perfecta de una obra pública pagada en su totalidad que nunca cumplió su propósito: estructuras físicas que existen, que costaron dinero real de los colombianos, pero que permanecen, según todo indica, almacenadas o abandonadas en algún lugar, sin cumplir la función para la que fueron concebidas y pagadas. No se trata de un proyecto que se quedó a medio construir por falta de recursos: el pago ya se completó. Lo que falta es, simplemente, que las obras terminadas lleguen a su destino y se pongan en uso.
Ese caso puntual de los embarcaderos es, según documenta el Libro de la Verdad, apenas la manifestación más visual de un problema estructural más amplio dentro de FONTUR: la entidad opera sin un gerente en propiedad, tiene 354 negocios jurídicos pendientes de liquidar frente a solamente 47 ya cerrados —apenas el 13% del total—, y enfrenta cuatro obras adicionales que quedaron inconclusas. A esto se suma una discrepancia financiera considerable: mientras la entidad enfrenta demandas judiciales por $257.561 millones repartidas en 93 procesos activos, sus propias cuentas solo reconocen como riesgo provisionado $19.228 millones, trece veces menos que lo efectivamente demandado.
Esa brecha entre el riesgo real que enfrenta la entidad y el riesgo que reconoce en sus estados financieros no es un detalle contable menor: significa que, si una parte significativa de esas 93 demandas se resuelve en contra del Fondo, el impacto fiscal real será considerablemente mayor al que las cuentas actuales de FONTUR permiten anticipar, dejando al nuevo gobierno expuesto a un pasivo contingente que la contabilidad heredada no refleja con la magnitud que efectivamente tiene.
El turismo fluvial colombiano, un sector con enorme potencial en regiones como la Amazonía y el Magdalena, terminó siendo, en este caso concreto, la víctima silenciosa de una gestión que combinó desorden administrativo, obras pagadas sin instalar y una subestimación considerable del riesgo litigioso real que la entidad enfrentaba. Ochenta y tres embarcaderos, en algún lugar de Colombia, siguen esperando que alguien finalmente los ponga a flote.
