Por: María Fernanda Cabal
“Quiero informarle a Colombia y a la comunidad internacional que a partir de hoy llevaremos el nombre de ‘Comunes’, porque somos un partido de gente común, trabajando por un país justo y con bienestar para la gente del común”, afirmó el exjefe guerrillero Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, al anunciar que dejarían de llamarse FARC.
Según Londoño, la decisión corresponde al deseo de “desligar a los firmantes del Acuerdo Final de Paz de los actos violentos que siguen cometiendo las disidencias”. (¿Y las que ellos mismos cometieron?)
Timochenko reconoció que había sido un error mantener el nombre. ¡Claro! Con su arrogancia infame pretendieron que los recuerdos de un pueblo fatigado por su barbarie, se olvidaran bajo la fragilidad de la memoria y se pasara la página. Y no fue así.
Hoy caen en cuenta que haber dejado el nombre Farc fue un error; y que no se puede pasar por alto que en el Acuerdo de La Habana se negoció la dignidad de toda una nación; por ende, es necesario invocar la memoria del olvido y borrar sus crímenes. Ya el Tribunal JEP les garantizó impunidad con la selección de jueces a su medida. ¿Cómo se puede aspirar a sanar las heridas, si lo que ocurrió realmente no es debelado?
El caso de Sudáfrica es un vivo ejemplo de la importancia de la verdad a la hora de querer reescribir un nuevo capítulo como sociedad.
Con todo y sus debilidades, una vez abolido el ‘apartheid’, hubo algún grado de arrepentimiento por parte de los victimarios, reconociendo la verdad como una condición indispensable para el perdón.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación -TCR-, creada como una herramienta de justicia restaurativa, habilitó el escenario donde testigos y víctimas podían presentar declaraciones por las graves violaciones a los derechos humanos, como también los responsables de dichos crímenes.
Bajo éste esquema, se realizaron encuentros entre víctimas y victimarios brindando mayor preponderancia a las primeras, otorgando amnistía a los segundos, basada en el principio de satisfacción mutua. Además, se garantizó la participación de la comunidad en todo el proceso, convirtiéndose en una catarsis colectiva.
Casi dos mil audiencias públicas que tuvieron como finalidad exponer a la sociedad las ofensas cometidas durante el régimen, rindiendo cuentas a nivel social.
En Colombia el escenario es bien diferente. Y tanto en el Tribunal JEP como en la Comisión de la Verdad -ésta última presidida por el sacerdote marxista Francisco de Roux, y con una selección de comisionados de izquierda que no pertenecen a ninguna organización de víctimas de les Farc-, cambian las versiones y los nombres de sus actuaciones atroces.
El reclutamiento ni existió, siendo evidente ante los ojos de cualquier incauto. Así, los impunes de las Farc moldean los hechos y pervierten la historia. Los antiguos campos de concentración -donde eran apiñados como gallinas en un galpón centenares de soldados, policías y civiles con cadenas en sus cuellos, ajustadas con pesados cerrojos-, son descritos en audiencias a puerta cerrada como lugares de reclusión legal de “rehenes”, donde se les brindaba un buen trato.
También, atentados con carro bomba como el de la Escuela Superior de Guerra en Bogotá -el 19 de octubre de 2006-, que dejó 14 militares heridos y secuelas irreversibles en jóvenes que, en estado de indefensión, fueron blanco de la crueldad que arrojan los actos terroristas; son enmarcados por la Jurisdicción Especial para la Paz dentro del Derecho Internacional Humanitario, otorgando la amnistía y la libertad inmediata a su autora ‘Mata Hari’, además de ordenar el retiro de la calidad de víctima a los militares heridos, la mayoría con lesiones de carácter permanente.
A esto se suman las más de 1.200 mujeres que hicieron parte de las filas del grupo guerrillero, representadas en los testimonios recogidos por la Corporación Rosa Blanca, que están siendo invisibilizadas bajo el manto de impunidad de dicho Tribunal.
Abusos, abortos forzados, prostitución y enfermedades de transmisión sexual eran el pan de cada día para las niñas y mujeres reclutadas, que han señalado públicamente a miembros del secretariado de las Farc como los progenitores de sus hijos productos de violaciones, algunos de los cuales ostentan una investidura en el Congreso, sin haber un mínimo asomo de justicia para ellas.
El discurso revolucionario legalizado con el Acuerdo de Paz, terminará por minar la veracidad de los hechos, para reescribir la historia ajustada a su escala de valores invertidos, en dónde ellos siempre serán los héroes y nosotros, siempre seremos los “victimarios”.
