Por: El Expediente
Las llamadas Casas Colombia fueron concebidas, durante el gobierno de Gustavo Petro, como una fórmula distinta de presencia diplomática en el exterior: en lugar de las embajadas y consulados tradicionales, sedes de carácter temporal, pensadas para operar durante periodos breves de entre 90 y 120 días, presumiblemente para ganar flexibilidad y reducir costos fijos frente al modelo diplomático convencional. Sobre el papel, era una apuesta por modernizar la manera en que Colombia proyecta su presencia en el mundo. Lo que encontró el Equipo Élite Anticorrupción, al revisar la ejecución real de esta política durante el proceso de empalme, fue algo bastante distinto de esa promesa inicial de eficiencia.
Según documenta el Libro de la Verdad, más de $8.500 millones de pesos se destinaron a sostener estas sedes temporales, con una duración de apenas 90 a 120 días cada una. Es decir, una inversión considerable de recursos públicos, comprometida en instalaciones diplomáticas que por diseño estaban destinadas a desmontarse en cuestión de meses, mientras que, en paralelo, la propia red consular tradicional del país —la que atiende de manera permanente y cotidiana los trámites reales de millones de colombianos en el exterior— enfrentaba, según otros hallazgos del mismo informe, colapsos operativos y sedes que ni siquiera llegaron a atender al público de manera efectiva.
El contraste resulta difícil de ignorar: mientras se invertían miles de millones de pesos en un modelo experimental de diplomacia temporal, la infraestructura consular permanente, la que millones de colombianos en el exterior necesitan para renovar un pasaporte, tramitar un registro civil o resolver una emergencia legal, seguía enfrentando las mismas limitaciones estructurales de siempre. Es la clase de desajuste de prioridades que un ejercicio riguroso de planeación presupuestal debería haber detectado antes de comprometer recursos, no después de que un proceso de empalme entre dos gobiernos distintos lo sacara a la luz.
El caso de las Casas Colombia se suma, dentro del Libro de la Verdad, al patrón más amplio que el propio informe documenta para la Cancillería en su conjunto: una entidad que, durante el gobierno de Petro, combinó experimentos de presencia diplomática temporal con sedes consulares tradicionales que no llegaron a atender al público, y sobrecostos en otras localizaciones internacionales. El resultado, leído en conjunto, no es el de una política exterior con una estrategia coherente de despliegue de recursos, sino el de una serie de decisiones dispersas, cada una con su propio costo, sin que el conjunto termine de sumar una presencia diplomática colombiana más efectiva que la que existía antes de que se ensayaran estas fórmulas.