Por: El Expediente
Existe una expresión, casi folclórica en la política colombiana, para describir lo que ocurre cuando un gobierno saliente llena de última hora cargos públicos con personas de su confianza: se le llama, coloquialmente, dejar sembrada la casa. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la entidad encargada de proteger a la niñez más vulnerable del país, ofreció durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro un ejemplo particularmente concentrado de esa práctica, según documenta el Libro de la Verdad tras el proceso de empalme con la administración de Abelardo de la Espriella.
En apenas siete días, la entidad realizó 66 nombramientos en condición de provisionalidad —es decir, sin el proceso de mérito ordinario que en teoría debería regir el acceso a cargos públicos de este tipo—. El detalle que convierte esta cifra en un hallazgo digno de atención, más allá de su volumen, es el momento exacto en que ocurrió: a apenas un mes de que el gobierno de Petro entregara el poder, cuando cualquier estándar razonable de transición ordenada aconsejaría, precisamente, contención en las decisiones de personal, no una aceleración repentina.
Sesenta y seis nombramientos en una semana no son, en sí mismos, ilegales bajo la figura de la provisionalidad, que la ley colombiana contempla para cubrir necesidades urgentes del servicio. Lo que resulta difícil de explicar, según el patrón que documenta el informe, es la concentración temporal: no se trata de una entidad que fue llenando vacantes de manera gradual a lo largo del año, sino de un pico abrupto y concentrado, justo en el tramo final del gobierno, en una institución cuya misión —la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad— exige, más que casi cualquier otra entidad del Estado, estabilidad, continuidad y personal seleccionado con el máximo rigor técnico posible.
El Libro de la Verdad no afirma que cada uno de esos 66 nombramientos careciera de mérito individual; lo que documenta, con la precisión de fechas que caracteriza a todo el informe, es un patrón temporal que por sí solo justifica la atención de los organismos de control: una entidad que decide, en su última semana de gestión bajo un gobierno saliente, ejecutar más de sesenta nombramientos discrecionales, en lugar de dejar esas decisiones, por prudencia institucional básica, en manos del gobierno que estaba a punto de asumir la responsabilidad de dirigirla.