Por: El Expediente
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es, por diseño institucional, uno de los brazos más importantes del Estado colombiano frente a emergencias: terremotos, inundaciones, deslizamientos, cualquier catástrofe que exija una respuesta rápida y coordinada de recursos públicos. Su capacidad de ejecutar presupuesto con agilidad no es un detalle administrativo menor: en un país sísmicamente activo y expuesto a fenómenos climáticos extremos, es literalmente una cuestión de vidas que dependen de que esos recursos lleguen a tiempo. Por eso el hallazgo que documenta el Libro de la Verdad sobre la gestión de la UNGRD durante el gobierno de Gustavo Petro resulta tan alarmante.
La cifra central es difícil de digerir en su magnitud: apenas 4,3% de ejecución en cuatro años completos, sobre un presupuesto de $15,3 billones de pesos. No es una entidad pequeña con recursos modestos mal gestionados: es una de las agencias con mayor presupuesto del Estado colombiano, operando durante todo un periodo presidencial con un nivel de ejecución que deja la inmensa mayoría de esos recursos sin materializarse en obras, programas o respuestas efectivas frente al riesgo de desastres que enfrenta el país.
El hallazgo se agrava con lo que el Equipo Élite Anticorrupción encontró en los días finales del gobierno saliente: un decreto que buscaba trasladar $4 billones adicionales hacia la entidad, sin el proceso de licitación que normalmente exigiría el compromiso de recursos públicos de esa magnitud. El Consejo de Estado suspendió el decreto antes de que pudiera ejecutarse, evitando que una entidad con un historial de ejecución tan bajo recibiera un incremento sustancial de recursos adicionales sin las garantías de competencia y transparencia que la ley exige.
El elemento final de este hallazgo, quizás el más técnico pero también el más revelador sobre la salud institucional real de la entidad, es que la cuenta fiscal de la UNGRD no fue fenecida por la Contraloría General de la República, debido a una incertidumbre contable de $1,29 billones de pesos. En el lenguaje del control fiscal colombiano, que una cuenta «no fenezca» significa que el ente de control no pudo dar por buena, con la certeza que exige la ley, la contabilidad presentada por la entidad para ese periodo. Es, en esencia, un signo de alarma contable que se suma a la baja ejecución y al intento fallido de traslado presupuestal sin licitación.
Para un país que en 2026 enfrentó, precisamente, la magnitud de un terremoto de 7,4 grados que dejó cientos de muertos y miles de damnificados en el occidente colombiano, encontrar que la entidad encargada de gestionar el riesgo de desastres ejecutó apenas el 4,3% de su presupuesto durante los cuatro años previos, con una cuenta fiscal que ni siquiera pudo cerrarse con certeza contable, no es solamente un hallazgo administrativo: es una advertencia directa sobre qué tan preparado estaba realmente el Estado colombiano, en términos de gestión efectiva de recursos, para responder ante la emergencia que finalmente llegó.
