Por: El Expediente
Pocas entidades del Estado colombiano dependen tanto de su infraestructura tecnológica como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Cada importación que cruza una frontera, cada declaración de renta que presenta un ciudadano, cada operación de comercio exterior que mueve la economía del país, pasa, en algún momento, por un sistema informático que la DIAN debe operar sin fallas. Por eso el hallazgo que documenta el Libro de la Verdad sobre el estado de la modernización tecnológica de la entidad, tras el proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella, no es un simple asunto de eficiencia administrativa: es una advertencia sobre la columna vertebral misma de la recaudación fiscal colombiana.
Dos contratos tecnológicos concentran $310.000 millones de inversión pública: uno destinado a modernizar el sistema aduanero del país, otro a renovar el software tributario que procesa las declaraciones de millones de contribuyentes. Ambos, según documenta el informe, siguen sin funcionar de manera plena, con una fecha de entrega proyectada que se extiende hasta 2028 —es decir, varios años después de que el gobierno que los contrató haya dejado el poder, y bien entrado el mandato de la administración que lo sucede—.
El contraste entre lo prometido y lo entregado resulta particularmente revelador cuando se compara con el Plan de Modernización que la propia entidad reportó: $333.853 millones invertidos entre 2019 y 2024, con un 95% de avance declarado oficialmente. Sobre el papel, ese porcentaje sugeriría una modernización prácticamente concluida. En la práctica, según documenta el Libro de la Verdad, los sistemas misionales de la entidad —aquellos de los que depende su función central de recaudo y control aduanero— no fueron efectivamente modernizados en la proporción que esa cifra de avance haría suponer.
Esa brecha entre el porcentaje reportado y la realidad operativa es, quizás, el elemento más inquietante de todo el hallazgo. Una entidad puede declarar un avance del 95% en un plan de modernización sin que eso signifique, necesariamente, que los sistemas que los ciudadanos y las empresas usan a diario para cumplir con sus obligaciones tributarias y aduaneras funcionen mejor que antes. Es la diferencia entre el progreso medido en informes de gestión y el progreso medido en la experiencia real de quien intenta hacer una declaración de importación o presentar su renta a través de una plataforma que sigue sin operar con la fluidez prometida.
Para el nuevo gobierno, heredar dos contratos tecnológicos de $310.000 millones con entrega proyectada hasta 2028 significa heredar también la responsabilidad de administrar, durante buena parte de su propio mandato, una transición tecnológica que debió haberse completado bajo la administración anterior. La recaudación fiscal del país, de la que depende la capacidad del Estado colombiano para financiar todo lo demás, sigue operando, mientras tanto, sobre una infraestructura que el propio proceso de empalme describió como estructuralmente inconclusa.