Por: José F Torres F
En 1894 el capitán del Ejército francés, Alfred Dreyfus, de origen judío, fue acusado de haber entregado a los alemanes documentos secretos y fue condenado a cadena perpetua. El proceso, que estuvo cargado de antisemitismo y en el que se usaron pruebas falsas, dividió profundamente a la opinión pública en dos bandos, los partidarios de Dreyfus (“dreyfusards”) y sus opositores (“antidreyfusards”).
La familia de Dreyfus se dedicó a probar su inocencia y un coronel, jefe del servicio de contraespionaje, Georges Picquart, comprobó en 1896 que el verdadero traidor había sido el mayor Ferdinand Walsin Esterhazy, a pesar de lo cual este fue declarado inocente. El Estado Mayor se negó a reconsiderar su decisión sobre Dreyfus y resolvió sacar a Picquart de Francia y enviarlo a África.
Si bien el Ejército francés intentó mediante intrigas que el caso no se reabriera, la presión de la sociedad, fundada en la comprensión de que lo que estaba en juego era nada más y nada menos que la suerte de la República, obligó a la revisión del caso y a que el Tribunal Supremo lo reabriera. Este anuló el caso, por lo cual hubo un nuevo juicio, pero, oh sorpresa, este resultó nuevamente en condena para Dreyfus.
La Corte de Casación francesa, sin embargo, en 1906 anuló ese segundo juicio y reconoció oficialmente la inocencia de Dreyfus, quien fue rehabilitado y reintegrado al Ejército.
El “affaire Dreyfus” tuvo enorme repercusión no sólo en Francia sino internacionalmente y las consecuencias fueron de tanta importancia que incidieron para la creación de la Liga Francesa para la defensa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, además de que impulsó a Theodor Herzl a fundar la Organización Sionista Mundial en 1897.
El famoso escritor francés Émile Zola escribió en 1898 su famosa carta “Yo acuso..” (“J’Accuso..”), dirigida al Presidente de la República, para explicar las causas del error judicial , al que calificó de implacable e inhumano y aludió a la colusión en los poderes públicos, señalando que esta tuvo como finalidad proteger al verdadero traidor y consumar de esa manera un doble delito: condenar a un inocente y absolver a un culpable.
El parecido con el caso Uribe es evidente, guardadas proporciones, por muchas razones, incluidas -sin ser las únicas- la enorme resonancia nacional e internacional, su trascendencia, el agitado debate que ha generado, la división entre uribistas y anti-uribistas, y las opiniones de quienes, al margen de sus preferencias políticas, sin sesgo y con objetividad han puesto de presente la inequidad del fallo contra Uribe.
Algunos piensan que no se deben criticar las decisiones de los jueces, confundiendo criticar con no acatamiento. No se falta a la dignidad de la justicia ni a su independencia cuando un fallo se somete al escrutinio y se exhiben razonadamente sus errores. Eso no es irrespetar la decisión. Equivale a decir que esta no se comparte y es lo que cotidianamente hacemos los abogados en foros y escritos académicos y lo que se plasma en los recursos de ley contra las providencias. Es también lo que conduce a que en el foro se diga “qué buen magistrado” o, por el contrario, “qué desastre de magistrado” o, lo que es casi lo mismo, qué buena sentencia o qué desastre de sentencia. Los buenos magistrados emiten buenas sentencias y los malos magistrados profieren malas sentencias. Ahí se sabe si un magistrado o un juez es digno o no del cargo. El respeto se gana y no se impone. Igual que la admiración por alguien.
Si un fallo contiene errores crasos, numerosos y en materia grave, el jurista -igual que lo haría un jurado de conciencia- concluiría que el fallo es producto de la ignorancia -en el mejor de los casos- o que corresponde a un fallo político, en que el acusado estaba condenado desde el inicio del juicio, a la manera del affaire Dreyfus y, en uno y otro caso, ese fallo es una vergüenza para la justicia. Justicia así, no es justicia.
No faltan quienes se ofenden cuando no se guarda silencio ante una providencia mala. Es, en realidad, una manera de querer aplicar la censura, de apagar la libertad de expresión, o de defender los propios fallos errados. El análisis de las decisiones, para elogiarlas o para criticarlas y señalar sus defectos, es necesario y más aún cuando quiera que no se ajusten a derecho. Eso es aplicación del estado de derecho y hay que velar por que con la justicia se haga realmente justicia, y no sea un remedo de justicia.
Juristas importantes del país, no solo penalistas sino de distintas disciplinas jurídicas, han seguido con sumo interés el proceso. Los que se han pronunciado, que son muchos, han advertido crasos e injustificables errores e irregularidades, dentro de las cuales cabe mencionar, entre otros, los siguientes:
(i) Interceptaciones ilegales a Uribe, además, de grabaciones y escuchas ilegales, sin orden de juez, que han sido aceptadas en el proceso no debiendo haber sido aceptadas;
(ii) Admisión de conversaciones entre Uribe y su abogado, en violación del privilegio abogado-cliente;
(iii) Violación de la cadena de custodia del famoso reloj espía que grabó conversaciones en la cárcel, las cuales fueron editadas según lo dictaminó perito técnico de la misma Fiscalía General de la Nación, no obstante lo cual fueron aceptadas como prueba;
(iv) Errores graves en la valoración de pruebas, como darle credibilidad al testimonio de un testigo -Monsalve-, condenado a 40 años por homicidio y secuestro, y cuyo testimonio fue desmentido por su propio padre, además de que estaba fundado en un testimonio de oídas por cuanto Monsalve reconoció no conocer a Uribe;
(v) No valorar en su justa dimensión los argumentos de defensa, los testimonios por esta presentados y la calidad, trayectoria y dicho del acusado;
(vi) No consideración, para absolver, del principio de la duda razonable;
(vii) Elogios impertinentes a quienes acusaron y críticas también impertinentes al acusado y a su familia;
(viii) Consideraciones al inicio del fallo absolutamente impertinentes, como las referencias al género, que le daban un cariz político al fallo y
(ix) Válgame Dios, condena ostensiblemente superior a la solicitada por la Fiscalía, que era de 9 años, de por sí altísima para la naturaleza del delito imputado.
Ha de recordarse que en dos ocasiones la Fiscalía pidió la preclusión del proceso contra Uribe. Con la llegada de la actual fiscal, se produjo un sorpresivo cambio de decisión, para acusar a Uribe y apartarse de la solicitud de preclusión. La condena impuesta es prácticamente el doble de la prevista en los acuerdos de paz para miembros de las Farc (entre 6 y 8 años), y a ellos -algunos de los cuales han sido acusados de cometer delitos de lesa humanidad- no se les ha impuesto pena alguna y, antes por el contrario, los premiaron con curules gratis y seguridad reforzada, que invocan para pretenciosamente posar como adalides de la moral, sin serlo. Y es el doble de la condena impuesta al director de la UNRGD en el caso de corrupción más grande que haya tenido este país en los últimos tiempos.
Todo lo anterior demuestra inquina, saña, encono por parte de la juez del caso, quien, en mi opinión, no impartió justicia y por ello no se hace acreedora de respeto y mucho menos de admiración.
No se puede replicar en Colombia el proceso Dreyfus, ni condenar a Uribe por ser “Uribe”, ni por haber enfrentado a las Farc como lo hizo en su tarea en defensa de Colombia, como lo quieren sus contradictores. No se puede utilizar el aparato judicial como instrumento de persecución política.
Al igual que en el “affaire Dreyfus”, lo que está en juego es la defensa de los derechos fundamentales del procesado y de lo que aquí suceda dependerá nuestro futuro como país, pues se deben evitar precedentes que sirvan para atropellar los derechos de los ciudadanos. Está en juego, en últimas, la suerte de Colombia y de la democracia. Es inevitable registrar que la condena a Uribe y el atentado a Miguel Uribe -por extraña o por mera coincidencia- constituyen golpes contra el Centro Democrático, que es el partido que mayor oposición ha hecho al gobierno de Petro.
No nos llamemos a engaños: la justicia penal está en entredicho desde hace años, por lo menos desde que se desconoció la validez del computador de Raúl Reyes a pesar de estar intacta la cadena de custodia, y no ha habido en la sociedad la enérgica reacción que era de esperarse para exigir eficacia y un cambio de rumbo. Basta mencionar que al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, hoy prófugo de la justicia por un caso histórico de corrupción y declarado indigno por el Senado (Prensa Senado/18 de junio de 2021), se le escuchó en una grabación pedir fallar políticamente contra Uribe. Otro expresidente de esa misma corporación, estando en funciones, hizo sobre este proceso, en entrevista televisada, unas declaraciones desafortunadas que hacían presagiar el resultado que hoy se ve.
Es la hora de que la justicia demuestre que realmente opera y de que el “affaire Uribe”, como ocurrió en el “affaire Dreyfus”, sirva de inspiración para crear un movimiento que no sólo haga en Colombia realidad los derechos del hombre y del ciudadano, sino que materialice como derecho fundamental el derecho de un país a ser bien gobernado, al buen gobierno, encaminado al bien común y al interés general, y el correlativo derecho de resistencia contra cualquiera que intente eliminar el orden del Estado «cuando no fuere posible otro recurso», como según Fernando Astudillo Becerra lo tiene establecido Alemania, o la consagración de la oposición decisiva contra el despotismo y contra quien quiera destruir derechos inalienables.
