Por: Germán Senna Pico
En Colombia el común denominador de los artículos de opinión o de reportaría en todos diarios virtuales y de prensa escrita en su mayoría, tienen que ver con política, orden público y corrupción que, desde luego, van de la mano con la política, sobre todo los de periodistas o investigadores que hacen reportaría a lo largo y ancho del territorio donde las ÍAS se venden al mejor postor o, simplemente no hacen nada, ya que es la política en sí, es un enjambre de corrupción, aunque haya excepciones que valga la pena visibilizar para que el ciudadano vote bien en épocas electorales.
Frecuentemente nuestros artículos en este portal de noticias Expedientes, han sido sobre temas políticos y de orden público, desde luego hemos puesto en evidencia la corrupción a todos los niveles en diferentes entidades territoriales y nacionales.
Hace pocos días se volvió a ventilar y sin asombro, los nefastos hechos de corrupción al interior de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una entidad que creada después de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) cuya liquidación no podría ser más que otro entramado de corrupción, manejado por algunos políticos del partido conservador que siempre estuvo a cargo entidades como la DNE en nuestro país.
Después de leer los últimos artículos de investigación sobre la corrupción en la SAE, desempolvé una denuncia pública presentada por el suscrito mediante una carta enviada al congreso en septiembre de 2015 a los senadores Jorge Enrique Robledo, Paloma Valencia Laserna, Claudia Nayibe López y Luis Fernando Velazco, los únicos que respondieron con una nota de buenas intenciones para investigar, fueron los (2) últimos relacionados en este artículo, pero sin que en la práctica, hicieran algo serio sobre las actuaciones puestas de manifiesto a manera de denuncia en la misiva.
Desde hace más de siete (7) años, pusimos en evidencia cómo en la DNE existía una mafia que manejaba los bienes incautados al narcotráfico y a ex miembros de grupos armados ilegales, como si fuese su caja menor de gastos varios.
Evidenciamos el entramado para subarrendar los bienes con opción de compra a un precio, mientras que por debajo de la mesa iba una tajada superior hasta diez veces del valor reportado a la nación, por la venta de bienes muebles e inmuebles. Así pasó con los bienes decomisados e incautados en Córdoba a Gonzalo Rodríguez Gacha y al hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros.
Sobre los actos de corrupción siempre se habla de manera particular de un político o un “empresario contratista” pero poco se habla de la corrupción avalada por los partidos políticos o por las directivas de entidades desde el ámbito jurídico.
La corrupción a todos los niveles es un cáncer que se debe extirpar y eso se logra con un cambio generacional en todas las ramas del poder público. En el ejecutivo para que no vuelvan a ver más elefantes como el del proceso 8000 que llevó a la presidencia de Colombia a una ficha del cartel de Cali En el legislativo para que no exista más parapolítica ni farcpolítica y menos congresistas inmersos en doble militancia sin que las altas cortes tomen una determinación drástica para que se respete las normas y leyes electorales que rigen el ordenamiento jurídico de la política.
En altas cortes, juzgados y despachos fiscales, para que no existan personajes como Luis Gustavo Moreno y Leónidas Bustos; que ojalá por ningún motivo vuelvan casos creados como el montaje judicial de Iván Cepeda y magistrados ideologizados contra Álvaro Uribe, donde se ha evidenciado que algunos magistrados ejercieron sus funciones más como activistas políticos que de operadores judiciales imparciales.
No hay ejemplo de buenos principios y valores por parte de quienes están obligados a ser maestros y tutores de la honradez para replicarla a las nuevas generaciones. Lo más terrible es que a veces esos corruptos vestidos de congresista, magistrados o soldado General, son llamados padres de la patria. ¿Cómo son capaces de exigirle a sus hijos honradez, si los padres de la patria son el antro de corrupción más grande de la nación? Muchas cosas tienen que cambiar en nuestra nación.
Ojalá nuestra patria boba despierte y llegue algún día verdaderos cambios que pongan a Colombia como la punta de lanza del desarrollo y la industria de américa latina, sin dudas muchas cosas tendrán que cambiar, incluso hasta en la forma de pensar, más con patriotismo que con la falsa simbología política.
Ojalá algún día cambien hasta eso que llaman nuestros símbolos patrios; sin duda alguna Colombia merece y necesita un RESET. Se avecinan las elecciones regionales en nuestro país, y desde ya vaticino que estás serán las elecciones más permeadas por las mafias del narcotráfico y los grupos armados ilegales, todo eso por la laxitud de este gobierno con el crimen organizado y la validación del actuar terrorista de diferentes grupos armados llámese ELN, BACRIN, FARC 2.0, CLAN DEL GOLFO o disidencias, toda vez que con el cuento de “paz total” han avalado que incluso, hasta el lustra botas del congreso tenga interlocución válida para entablar conversación con jefes de estructuras armadas, por cosas menores la corte suprema condenó con alevosía al ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero, pero ahora veremos que con las nuevas políticas de conversación con el crimen organizado y terrorismo impartidas por el gobierno de turno, no habrá delito alguno si el concejal, alcalde o congresista, se va a un asado bailable a un campamento guerrillero o, a la finca de cualquier traqueto en el Cauca o los Llanos. Ya veremos la puesta en escena de la mayor compra de votos de los últimos años en nuestras regiones.
Los comandos de frontera, clan del golfo, disidencias FARC, ELN y hasta los últimos resquicios del M19, luciendo la abultada chequera de los carteles mexicanos que a la final son los que compran toda la droga producida en Colombia.
Para terminar, les manifiesto, que es un anhelo y veo con buenos ojos, que en Colombia se legalicen las drogas blandas como la mariguana y, no sólo para uso medicinal sino también recreativo, personalmente me alegraría de eso, siempre y cuando se tenga prohibición explicita de NO consumo a menores de edad, como es en el caso del alcohol y tabaco, es necesario que el Estado le quite esas rentas que a la vez es un monopolio, a los grupos armados y a las pandillas en barrios y ciudades. Con el manejo y control por parte del estado en la producción y distribución de estas drogas blandas, sin dudas se le quitaría alas a la corrupción que ilegales fomentan al interior de las instituciones castrenses y al aparato judicial a cargo del ente acusador y jueces de la república.
