Por: Diana Perafan Hurtado
Desde hace dos meses que inició el paro y las protestas vandálicas en Colombia, las he seguido de cerca y he estado incluso metida en ellas en calidad de reportera social, tratando de comprender el porqué de su actuar violento.
Estuve en Bogotá en los Héroes, Usme y en Suba el día que pretendieron quemar el portal de estas localidades, decidí meterme de lleno en la protesta vandálica en mi ciudad Popayán del pasado 20 de julio; presencié las directrices de los jefes de la primera línea a sus súbditos capuchos o encapuchados como también presencié a guardias indígenas recibiendo ordenes de un “líder” del CRIC quien les decía hacia donde moverse y que destruir para tener mayor impacto.
No podía creer que mientras la dirigencia del CRIC, recibía del gobierno actual grandes aportes en dinero, por otro lado, estaban destruyendo y vandalizando edificaciones públicas y privadas en Popayán.
Presencié en mi ciudad Popayán, cómo la autodenominada primera línea cumple ordenes de jefes que uno no sabe quiénes son, ni de dónde vienen, pero también existen otras jerarquías de otros grupos que se escudan incluso con chalecos de DD HH, que uno no entiende porque tienen línea directa con los vándalos y hasta le avisan sobre la ubicación o presencia de uniformados de la policía o el Ejercito.
Miré, como varios supuestos defensores de derechos humanos, o vándalos disfrazados con chalecos con estos distintivos, les pasaban artefactos contundentes y molotov a los manifestantes, para agredir a uniformados de la policía e incendiar lo que quedó de la URI y medicina legal.
En Popayán los capuchos o encapuchados de la mal llamada primera línea, ingresaron a las instalaciones de la URI de la fiscalía con patacabras de gran tamaño e incluso ingresaron por el techo de las instalaciones, que habían sido selladas desde la toma del mes de junio, de allí sacaron una motocicleta, sillas, restos de escritorios y retazos de expedientes que fueron incinerados al frente de las instalaciones de la URI.
Gran parte de los manifestantes que ingresaron con los de la primera línea a vandalizar y quemar nuevamente la URI, al igual que el colegio de los niños de funcionarios de la policía en el barrio la Esmeralda de Popayán, pertenecían a la guardia indígena acompañados de algunos estudiantes indígenas de la universidad del Cauca y de la universidad indígena de Popayán, había con ellos presencia considerable de menores de edad que no creo que superen los quince o dieciséis años.
¿cómo es posible que el ICBF no tenga musculo institucional en el Cauca para tomar medidas y restablecer derechos a menores que son instrumentalizados y/o utilizados por los “líderes” que están detrás de estas protestas vandálicas?.
El mismo modus operandi miré en las protestas vandálicas en Bogotá, con los gestores de convivencia del distrito y falsos defensores de derechos humanos, en línea directa con los vándalos de la mal llamada primera línea e incluso, los mal llamados gestores de convivencia del distrito y “defensores de derechos humanos” en Bogotá y en Popayán, provocando a los miembros de la policía y al ESMAD hostigándolos y cómo les aseveré en párrafo anterior, sirviendo de aguateros pasándoles bombas molotov y artefactos contundentes para agredir a la policía o quemar instalaciones públicas.
Cómo defensora de derechos humanos, apoyo con total apego a la ley, toda petición de reivindicación en favor de los ciudadanos, estoy convencida que el derecho a la protesta pacífica debe respetarse y se le deben dar garantías a los manifestantes que tengan justas reclamaciones, pero no cohonesto con los actos de terrorismo vandálico qué he visto en estas acciones coordinadas por no sé quién o quienes, pero sin dudas hay una previa coordinación, articulación y financiamiento que debe ser investigada por las autoridades judiciales del Estado.
Ante todas estas evidencias, es imperativo que se reglamente la protesta y que se castigue con rigor todo acto de vandalismo o terrorismo cometido contra instalaciones públicas o privadas, medios de transporte masivo y particular al igual que judicializar y condenar la violencia contra servidores públicos de manera ejemplar.
Es importante la presencia de personal de derechos humanos en las marchas y protestas, pero qué estos no sean personas que tengan algún vínculo con los manifestantes o con los miembros de fuerza pública, que de verdad tengan una especialidad en derechos humanos certificada por un organismo que cumpla estas funciones y tareas, pero que de ninguna manera, sean los mismos vándalos disfrazados de DD HH, cuando en realidad estos hacen parte del vandalismo y de la articulación e instrumentalización de personas en las protestas, con jefes en la clandestinidad y/o, mimetizados en partidos y movimientos políticos.
