Por: Mayor General (RP) William René Salamanca Ramírez
A ocho días de regresar a las urnas para elegir al nuevo Presidente de Colombia es importante hacer un alto en el camino con el propósito de reflexionar sobre el país que venimos construyendo y, en especial, en el que queremos seguir viviendo.
Este cierre de campañas y los días venideros deben servirnos para valorar las bondades de nuestra democracia que, aunque imperfecta, es uno de los activos más preciados de la sociedad colombiana, el cual debemos cuidar con el mayor esmero, en especial haciendo el mejor uso posible del derecho constitucional a elegir y ser elegido.
Han sido meses de inusitada crispación política, en los cuales se profundizó la polarización del país y se cayó hasta en el agravio personal. Sin embargo, es hora de pensar con cabeza fría en la decisión que debemos tomar como colectividad el próximo domingo 29 de mayo y, eventualmente, el 19 de junio, si somos convocados a una segunda vuelta presidencial.
Son tiempos complejos, pero no apocalípticos. El solo hecho de tener el privilegio de contribuir, a través del voto, a elegir Presidente de la República ya es una ganancia democrática que cierra las grietas de la anarquía y la violencia, porque, como bien lo afirmaba Abraham Lincoln: “Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil”.
Por eso, confío en la institucionalidad y el equilibrio de poderes para construir sobre lo construido y sacar adelante las transformaciones necesarias que nos permitan enrutar a Colombia por el sendero del progreso social.
El nuevo mandatario de los colombianos sabrá cuidar los logros obtenidos como sociedad a lo largo de 200 años de vida republicana, en los cuales hemos buscado cimentar principios universales de respeto a los derechos humanos, la justicia, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión y la propiedad privada.
Soy un convencido de que el presidente electo le garantizará la seguridad jurídica a la inversión extranjera, para que nuestro país siga siendo un escenario atractivo y que, con estos recursos, desarrollemos las obras de infraestructura que tanto requerimos para ser más competitivos en el mercado internacional.
Es hora de diversificar nuestra economía y darle valor agregado a tan variada y excelsa cantidad de materias primas, para que crezcan las exportaciones y la balanza comercial sea cada vez más equitativa y favorable a los intereses de nuestro país.
Confío en que el nuevo huésped de la Casa de Nariño no solo proteja con especial cuidado nuestras relaciones diplomáticas, sino que amplíe ese abanico de posibilidades para nuestros productos alrededor del mundo.
De ahí que la invitación a los 39 millones de colombianos habilitados para votar es a hacerlo sin odios, pensando en un mejor futuro para todos. Ello implica releer con detenimiento las distintas propuestas de los candidatos y sufragar por aquella que nos señale el camino más expedito para encontrar soluciones efectivas a tan graves problemas, como la corrupción, la inseguridad, la pobreza, el desempleo, el creciente costo de vida y la violencia intrafamiliar.
Quien llegue a la primera magistratura del país tiene que tener claro que a partir del momento de su elección deberá pensar en gobernar no solo para sus electores, sino para los 51 millones de personas que vivimos en esta bella tierra, en especial para sacar de la pobreza a más de 21 millones de compatriotas.
Los sueños de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes no dan espera, lo mismo que las necesidades de los indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros.
Es urgente pagar la deuda social con la mujer y toda la clase trabajadora, en especial con aquella que habita en las zonas marginales y la Colombia rural y profunda, quienes merecen mejores condiciones de vida, lejos del maltrato, la explotación y la inequidad.
Desde este espacio hacemos un cordial llamado para que el ganador de la contienda electoral conforme un gabinete de amplia representación nacional, integrado por los mejores, sin distingo de colores políticos, con el firme propósito de superar la polarización y liderar soluciones urgentes a los problemas que enfrenta a diario nuestra gente, como el reclutamiento forzado, el homicidio, el desplazamiento, la extorsión, el hurto en sus distintas modalidades y la destrucción de la riqueza natural.
Ya lo hemos dicho antes, no se trata de reformar por reformar o de afectar lo que está funcionando bien, ni mucho menos querer solucionar todas nuestras dificultades en tan solo cuatro años. Esa estrategia, además de inviable, termina por desencantar rápidamente al ciudadano y reafirmar su pesimismo en las instituciones y el gobierno de turno.
Más bien se trata de apostarle a un programa de gobierno concreto, coherente y realizable, que nos devuelva la esperanza y deje sentadas las bases para que sus iniciativas se conviertan en políticas de Estado que sean consolidas por quien lo suceda en el poder, sin importar su filiación. El país, por ejemplo, reclama con urgencia una Nueva Política Integral de Seguridad, con énfasis en convivencia ciudadana y cambio climático, porque sin seguridad es imposible llevar a cabo las transformaciones que necesita Colombia, y ello implica comenzar por recuperar el control del territorio, parte del cual está amenazado por grupos al margen de la ley, financiados en su mayoría por el poder del narcotráfico.
Es perentorio afianzar la presencia institucional en las fronteras terrestres y marítimas, lo mismo que en el espacio aéreo, para impedir que el crimen organizado nacional y transnacional los siga utilizando para el tráfico de drogas, insumos químicos, armas, municiones, flora, fauna y todo tipo de mercancías, acciones criminales que ponen en riesgo la soberanía patria y destruyen la producción de nuestra industria.
La seguridad ciudadana tampoco da espera y debe ser prioridad nacional. No podemos convertir en parte de la cotidianidad el vivir con miedo, rehenes de una delincuencia cada vez más osada, que a plena luz del día atenta contra la vida y bienes de la ciudadanía.
Desde ya, todo mi reconocimiento a la fuerza pública, en especial a los 305.000 militares y policías que custodiarán el próximo fin de semana el certamen electoral. De seguro, bajo su protección y su profesionalismo, se neutralizarán los riegos que, según la Defensoría del Pueblo, amenazan el libre ejercicio del voto en 290 municipios.
La Registraduría Nacional del Estado Civil debe despejar los nubarrones que todavía persisten desde el 13 de marzo y afinar sus capacidades para que los colombianos conozcamos a la mayor brevedad y con la máxima transparencia el resultado de las urnas. Y a los distintos candidatos, el llamado es a aceptar, de manera oportuna y con grandeza, el veredicto de la democracia.
En la antesala de la primera vuelta presidencial nuestra invitación es a creer en las capacidades institucionales, respetar los ideales ajenos y ponerle freno a ese espiral de odio que tanto daño le hace a Colombia. Es hora de cerrar filas para denunciar en tiempo real cualquier intento por afectar la contienda electoral, incluidas la trashumancia y la compra de votos, y acudir masivamente a las urnas para elegir al mejor.
