Por: El Expediente
La red diplomática y consular de un país es, en buena medida, la cara que ese país le muestra al mundo, y también el punto de contacto real y cotidiano con los millones de connacionales que viven en el exterior y que dependen de un consulado funcional para trámites tan esenciales como un pasaporte, un registro civil o la asistencia legal en momentos de crisis. Es precisamente en esa red donde el Equipo Élite Anticorrupción encontró, durante el proceso de empalme documentado en el Libro de la Verdad, un contraste que resulta difícil de conciliar con cualquier lógica de planeación razonable.
En Monterrey, México, el gobierno de Gustavo Petro abrió una nueva sede consular que, según el hallazgo del Equipo Élite, nunca llegó a prestar atención efectiva al público. Una sede diplomática, con todo el costo fijo que implica mantener instalaciones, personal y operación en el exterior, que existió sobre el papel sin cumplir la función más básica para la que se supone que fue creada: atender a los colombianos que la necesitaban.
Al mismo tiempo, en un punto geográfico completamente distinto del mundo, la sede en Estambul, Turquía, presentó sobrecostos que el informe documenta como desproporcionados frente al nivel de actividad y necesidad real de presencia diplomática colombiana en esa región. Dos casos, en dos continentes distintos, que comparten un mismo patrón de fondo: recursos comprometidos en la red consular sin que exista una correlación clara entre el gasto ejecutado y el servicio efectivamente prestado a los ciudadanos colombianos en el exterior.
El contraste entre ambos casos es, en cierto sentido, más revelador que cualquiera de los dos por separado. Una sede que no atiende al público y otra que gasta de más, documentadas dentro del mismo ejercicio de auditoría del empalme, sugieren no un error puntual y aislado, sino una falla más amplia en la planeación y el control de la red diplomática y consular colombiana durante el periodo revisado: decisiones de apertura, mantenimiento y gasto que no parecen haber respondido, en ninguno de los dos casos, a un análisis riguroso de dónde y cómo se necesitaba realmente la presencia del Estado colombiano en el exterior.
Para los colombianos que viven fuera del país —una población que supera, según distintas estimaciones, los cinco millones de personas— la red consular no es un lujo diplomático abstracto: es, con frecuencia, la única vía de contacto con el Estado que los representa. Que esa red haya operado, en al menos dos puntos documentados por el Libro de la Verdad, con este nivel de desconexión entre el gasto y el servicio, deja una pregunta abierta sobre cuántos otros consulados colombianos en el mundo podrían compartir, en mayor o menor medida, el mismo patrón.
