Por: Fernando Torres Mejía
Mientras el país entero se volcó a estar pendiente del café que le gusta a Petro, a escuchar sus chambonadas, sus comportamientos delirantes, sus inocuas peleas, sus madrazos e insultos, la enfermedad endémica de la corrupción continúa su vida normal sin que nada ni nadie haga algo por detenerla y, claro, la justicia continúa confabulada con esta realidad que se volvió común y ya hace parte de nuestro diario vivir.
Cómo duele continuar escuchando a diario casos de corrupción que siguen en la impunidad y los pocos a quienes se les da alguna condena; son un chiste, o, ¿cómo se puede explicar los casos de Emilio Tapias, quien salió de prisión después de que fuera uno de los cerebros detrás del escándalo de corrupción de Centro Poblados donde se perdieron $20.000 millones?
Y sí, fue un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla quien le otorgó el beneficio de casa por cárcel porque ya era “justo” después de haber cumplido 48 meses en prisión y devolver $2.500MM, y eso que no les recuerdo el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, entre otros. Sneider Pinilla, al subdirector de la UNGRD, a quien lo condenaron a seis años por todo lo que se robó y compartió con un número importante de políticos y así como en el caso de Tapias, les aseguró que en pocos meses veremos los titulares de prensa anunciando que un juez otorgó casa por cárcel.
Entonces nos preguntamos, ¿no será que esto es un arreglo o una pantomima para que cuando salga en libertad compartan la fortuna que se robaron? En otras palabras, ¿no será un negocio redondo montado entre los que imparten justicia y algunos chivos expiatorios? Estos últimos se prestan para “enlodar” su nombre por unos cuantos meses, mojar prensa y volverse populares. Luego salen a compartir el fruto de ese “trabajo” con los jueces y los demás que hacen parte de la mal llamada justicia.
Vladimir Fernández, elegido magistrado de la Corte Constitucional, cuya elección está manchada con dineros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y en cuya operación corrupta está involucrado el “Honorable” Iván Name, expresidente del Senado, quien posa de ilustre y gran prócer de la patria, pero lo más absurdo es que la fiscalía no avanza en esta investigación porque tiene rabo de paja, ya que Fernández, como secretario jurídico de la Presidencia, fue uno de los que garantizó la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la nación ante la Corte Suprema de Justicia, es decir, tú me das, yo te doy.
No hay derecho que roben miles de miles de millones de pesos y esta gente esté libre o solo les den condenas de cinco años y que por buen comportamiento solo las paguen en dos años o les den casa por cárcel. Es que ese fenómeno de la corrupción es peor que Petro y lo que viene haciendo, pero nos estamos dejando distraer con sus bajezas y estamos perdiendo la pelea frente a la corrupción, que es el verdadero problema.
¿Saben cuánto tiempo le darán a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones y la ficha más importante del Ejecutivo; Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y de Inteligencia, quien a propósito ya se voló; Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; a Iván Name, Andrés Calle, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz, tan solo para mencionar algunos? Les puedo asegurar sin temor a equivocarme que muchos colombianos se estarán preguntando: «¿Por qué será que a mí no me invitan a estos negocios, donde mi exposición física es cero y el escarnio público dura poco, porque con plata lo que uno tiene son amigos y además es un negocio mucho más lucrativo y menos riesgoso que ser narcotraficante o narcoguerrillero?».
Mientras en Colombia se siga premiando al corrupto, siempre existirán personas dispuestas a pensionarse con algún par de años de cárcel; estos personajes salen con su futuro garantizado mientras los líderes de estos carteles gozan de impunidad. En columnas pasadas he manifestado que con lo único que se acaba con la corrupción es con medidas como la pena de muerte, como la que en 1959 impuso el primer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew, para combatir esta enfermedad y promover el desarrollo económico. Como lo indiqué anteriormente, no me voy a detener a mencionar más actos de corrupción, porque no terminaría en meses de documentarlas, pero no puedo dejar de mencionar lo que está sucediendo con Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien también está inmerso en un billonario escándalo con la empresa que presta los servicios de transporte aéreo Helistar.
Con toda tranquilidad se podría afirmar que Colombia cuenta con los peores jueces y los mejores abogados del mundo, quienes están cobrando más que el dinero que devuelven los que llegan a un acuerdo con la fiscalía. Por lo pronto, los colombianos seguimos distrayéndonos con Petro, mientras la principal enfermedad continúa creciendo.
