Por: Francisco Muñoz
Los hechos ocurrieron así. Mariana Garcés Córdoba, la Ministra de Cultura de Santos, le hizo saber en 2014 a la empresa estadounidense Sea Search Armada (SSA) que estaba dispuesta a llegar a un arreglo sobre el reclamo de SSA de haber encontrado el galeón San José en los años ochenta y los derechos que se derivaban al respecto. Pero para ello, le puso como condición que SSA debía retirar las demandas internacionales que tenía en curso contra Colombia en la Corte del Distrito de Columbia en USA; en la OEA y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los norteamericanos le creyeron de buena fe a la ministra Garcés -mordieron el anzuelo- y retiraron los procesos, así lo notificaron al gobierno Santos el 24 de febrero de 2015.
Después de algunas misivas, el 19 de mayo de 2015, se reunieron el apoderado de SSA y la Ministra de Cultura, donde se manifestó que: “…el gobierno nacional está en plena disposición de facilitar la verificación del área determinada en las coordenadas establecidas en el fallo de la Corte Suprema de Justicia…”. Pura mentira y falsedad.
SSA ignoraba en ese momento que desde hacía más de dos años el gobierno ya estaba adelantando gestiones con sus asociados ingleses para “redescubrir” el galeón San José. Es más, la primera autorización de exploración con los ingleses se firmó una semana después del teatro armado por Garcés en aquella última reunión -Resolución 1456 de 26 de mayo de 2015-. El manoseo a SSA por parte de Santos, Garcés y demás funcionarios del Ministerio de Cultura duró hasta el 28 de julio de 2015, cuando Mincultura descartó abiertamente continuar el “diálogo” con SSA. Al fin y al cabo, ya estaban cerca de asegurar el “redescubrimiento” y de afinar los acuerdos económicos internos de porcentajes, todo bajo una confidencialidad criminal.
Estas jugadas y engaños eran decisivas para el gobierno Santos dado que el proceso contractual que pretendió adelantar con sus asociados ingleses enfrentaba dos asuntos jurídicos de importancia mayúscula, que amenazaban de facto el macabro plan de expolio -el que aún sigue sostenido y defendido por la actual ministra de cultura Carmen Inés Vásquez-. El primero de ellos, los pleitos internacionales mencionados; el segundo, la innegable amenaza que significaba para el gobierno y sus contratistas el embargo decretado sobre las especies naufragas que se encontraran en las vecindades inmediatas al punto denunciado por SSA en 1982.
Intentar contratar mientras estos asuntos estuvieran en plena vigencia revestía enormes riesgos para las partes. Haría evidente que el gobierno estaba, literalmente, feriándose la mitad que le quedaría a Colombia del naufragio del San José, dada la inseguridad jurídica que causa el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2007 que confirmó la medida cautelar -embargo- dictada el 7 de marzo de 1994 a favor de SSA sobre el 50% de su cargamento.
Un embargo cuya finalidad primordial no es otra que garantizar el cumplimiento de la sentencia. Por tanto, un estorbo mayor para perfeccionar la contratación entre Santos y sus asociados extranjeros bajo la modalidad de APP.
Las partes no querrían que, después del anhelado “redescubrimiento” del galeón San José en 2015 a partir de las coordenadas robadas a SSA por el “arqueo-gángster” Roger Dooley alias “Montañés” (lista Clinton), terminara aplicándose el embargo a favor de SSA y se les enredara el artificioso plan de repartición de objetos patrimoniales.
Para ello, Mariana Garcés arma un plan paralelo y consigue que después de tantos años de haber sido decretado el embargo, este fuera levantado el 31 de octubre de 2017 de manera descarada y abiertamente “irregular”. Aso si, con tan mala suerte que el embargo fue restablecido a favor de SSA en 2019.
Es el mismo Jack Harbeston, CEO de SSA, quien reveló y soportó con documentos todo el “engaño” del cual fueron víctimas por parte del gobierno Santos, como se constató el pasado domingo 13 de septiembre de 2020, dentro del ciclo internacional de conferencias que adelanta la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia -VNPCS, en el canal de YouTube “Salvemos al Galeón”, donde se presentó: “La versión de Sea Search Armada (SSA)”, a cargo de las cabezas de esta compañía norteamericana que mostró evidencia inédita de haber descubierto el galeón San José, junto a los profesionales que participaron en esa expedición.
A la fecha, y como resultado de esta nueva afrenta, SSA prepara nuevas demandas contra el gobierno de Colombia. Su indignación, la de sus socios y empleados, así como la de sus herederos, se refleja durante esta conferencia exclusiva que le permite a los colombianos y patrimonialistas, por primera vez en 40 años, entender con claridad la situación de esta empresa.
De la manera vergonzosa e indigna con que actuó Santos y la ex ministra de cultura Mariana Garcés no queda duda. Gracias a Dios y al grupo de ciudadanos preocupados que interpuso una acción popular, aún hoy “habemus galeón San José”, -así sea en el papel-, pues el mismo ya cumple 58 meses “botado a su suerte” en un área marítima cuyas coordenadas están en manos de peligrosos personajes. ¿Negligencia? ¿Estrategia? ¿Estarán esperando a que se lo roben? Preguntas que el actual gobierno nacional no tiene el valor de responder. Sólo debemos meditar en esto: ¿quién nos responderá a los colombianos y al mundo por esta masacre contra el patrimonio universal?
