Por: Duván Idarraga
Para todos es claro que toda acción, tiene consecuencias…menos para el gobierno, que pretende hacer creer que nada tiene que ver en los pésimos resultados macro económicos del país.La calificadora Standars and Poor´s disminuyó su calificación de BB de junio del 2025 a BB- en abril 8 del 2026.
Ello, como consecuencia de los análisis que han hecho de las situaciones macro económicas, crecimiento de deuda y del déficit fiscal durante el gobierno actual. Es importante mencionar que es la calificación más desfavorable de Colombia de los últimos 30 años; ni siquiera vista en las peores circunstancias económicas del país, como la crisis de 1999 o la crisis mundial del 2008 (que también tuvo repercusiones en Colombia), ni mucho menos la muy complicada época de pandemia (cuando la calificación se ubicó BBB-, llegando en mayo del 2021 a BB+).
Esto es consecuencia de las decisiones adoptadas a lo largo de este gobierno y que han repercutido las finanzas públicas, tanto a nivel de ingresos, como a nivel de egresos. A continuación, me explico.
Por el lado de los ingresos, estos han caído de manera considerable; con un agravante, el equipo técnico del Ministerio de Hacienda ha sido irresponsable al estimarlos: Por ejemplo, las cuentas alegres y sin ningún fundamento técnico, como pensar que la DIAN iba a recuperar $10 billones en cartera y que al Estado ingresarían $15 billones por tema de litigios; por supuesto, eso no se dio. O no considerar que las empresas, que aportan poco más del 90% del total del recaudo, pagarían menos impuesto a la renta en 2023 y 2024, como resultado de que sus utilidades disminuyeron en los periodos fiscales correspondientes.
Adicionalmente, es claro que la decisión adoptada por este gobierno, en contra del sector minero energético y especialmente lo que tiene que ver con hidrocarburos, ha tenido parte de responsabilidad en la disminución significativa de los ingresos que ha percibido la nación. Por un lado, la disminución del 70.9% en las utilidades de Ecopetrol que pasaron de $33.4 billones en 2022 a $9 billones en 2025, producto de la decisión de no exploración ni explotación, más la pésima gestión del presidente Ricardo Roa; en ese mismo porcentaje cayeron ingresos de la nación que los recibe de la empresa vía dividendos, impuesto a la renta y regalías. Por otro lado, han caído las divisas que recibe la nación por la disminución de exportaciones de dicho sector.
Según el informe de exportaciones del DANE, cuando se comparan los totales del año 2022 (carbón US$12.288 millones; petróleo y sus derivados US$18.724 millones; ferroníquel US$908.000); en total suman US$31.921 millones, que, comparados con el 2025 (que representó en carbón US$4.901 millones; petróleo y sus derivados US$12.481 millones y en ferroniquel US $475.000), para un total de US$17.859 millones; es decir, una disminución de US$14.062 millones, que equivalen al 44.05%.
Por el lado de los egresos, las decisiones del gobierno han tenido efecto negativo desde diferentes frentes. El crecimiento general de los gastos dentro del Presupuesto General de la Nación que, comparando el 2026 con el 2022, ha representado un crecimiento de más del 45%, mayoritariamente representado en gastos de funcionamiento por el crecimiento desbordado de la nómina oficial más el incremento en los contratos de prestación de servicios que anualmente significan una cifra de $8 billones de pesos adicionales a lo que se pagaban el 2022; es decir, en los casi cuatro años hay un incremento de $30 a $32 billones en gastos de personal.
En lo que tiene que ver con egresos por pago de intereses y servicio de deuda, también hay consecuencias por las decisiones adoptadas por el gobierno: Un mayor incremento en la deuda total del gobierno en casi $440 billones desde 2022; adicionalmente, de manera más marcada en los últimos 18 meses, el gobierno ha contratado los nuevos empréstitos a mayores tasas; tanto a nivel interna como externo, prácticamente se han duplicado.
Este gobierno se endeudó más y casi al doble de interés, lo que ha significado un incremento importante en los egresos. Esa combinación perversa de menos ingresos y más gastos, ha disparado el déficit fiscal al 6.5 o 6.7% del PIB en 2025.Es Claro que esta disminución en la calificación de riesgo seguirá teniendo repercusiones negativas para Colombia.
Como se ha dado en los meses recientes, se está adquiriendo deuda más costosa. Lo complicado es que la reciente calificación de S & P va a llevar a los diferentes actores del mercado a elevar su expectativa de riesgo frente a Colombia y a querer que ese mayor riesgo sea compensado por una mayor tasa de interés.
Recordemos que hoy se está pagando hasta el 13.5% de interés; pensar que puedan ser tasas más altas sería mucho más negativo para las finanzas públicas. El gobierno que llega después de agosto del 2026 tendrá una ardua labor para recuperar la confianza de las Calificadoras de Riesgo; eso será, exclusivamente, mejorando indicadores macroeconómicos; para ello deberán tomar drásticas decisiones para reducir considerablemente los egresos del Estado con una combinación de acciones tendientes a reducir los gastos de funcionamiento y mejorar el balance fiscal para que las calificaciones de riesgo sean mejores, lo que permitirá renegociar la deuda total buscando una reducción importante en las tasas de interés, tanto externas como internas, para bajar los egresos por servicio de la deuda; un circulo virtuoso que aportará a la reducción del déficit fiscal.
Nota 1: La inflación vuelve a pasar factura a la economía colombiana; para el mes de marzo subió al 5.56%, 27 puntos básicos más frente a febrero (5.29%). Es claro e innegable que el incremento irresponsable del salario mínimo decretado por el gobierno sigue teniendo consecuencias. El analista Rusy Millán comparó los crecimientos de salario mínimo, del IPC y del PIB en los 43 meses de cada gobierno, encontrando que: En el gobierno Duque, el mínimo en 4 años creció el 28%, tuvo un IPC para el mismo lapso del 16.2%, con un crecimiento del PIB del 7.7% (en ese dato va sumado el decrecimiento por pandemia del 2020).
Durante el gobierno Petro, mismo lapso de comparación, el mínimo ha crecido el 75.1%, con un IPC de 30.5% y un crecimiento del PIB del 7.6%. Es decir, pese al excesivo incremento del mínimo durante este gobierno, su aporte al PIB es de solo el 7.6% (10 puntos básicos menos que durante el gobierno Duque), pero con una inflación acumulada de 30.5% (casi el doble de la Duque).
Ese dato de la inflación comprueba que ella absorbe parte importante del incremento del mínimo y que el impacto sobre el crecimiento de la economía (PIB) es insignificante. El gobierno dirá que el alza de la inflación es por efecto del incremento del precio de la gasolina, como consecuencia de la guerra en Irán. No es así, lo que más ha subido es la inflación de alimentos que marzo llegó al 6.27%, cuando en diciembre estaba en el 5.07%. Además, en marzo este gobierno redujo el precio de la gasolina en $ 500 por galón, en promedio.
Nota 2: Cómo era de esperarse y en virtud a el análisis que viene siendo la Junta Directiva del banco de la República sobre el comportamiento de la inflación; dentro de su objetivo Constitucional de mantener el poder adquisitivo de la moneda, en su reciente reunión (finalizando marzo), subió la tasa de interés al 11.25% (100 puntos básicos adicionales), lo que generó la molestia del Ministro de Hacienda, al punto de retirarse de la reunión.
Pese a las quejas del ministro y su jefe, para bien del país, la Junta Directiva tiene un componente altamente técnico y toma sus decisiones con total rigor e independencia.
Nota 3. En contra del ahorro de los colombianos en los Fondos Privados de Pensiones, el gobierno con su decreto 0369 de 2026, ordenó limitar la cantidad de dinero de las AFP en inversiones en el extranjero, al 30%. Creo importante mencionar que parte fundamental de los rendimientos de los ahorros en las cuentas individuales de los colombianas se ha dado por la posibilidad que tenían las administradoras de invertir hasta el 50% en el exterior.
Sin duda, esta medida afectará el ahorro individual y presionará el incremento de deuda del gobierno; ya que la propuesta es que ese dinero se invierta en TES. Andrés Velasco, Presidente de Asofondos hizo este cálculo: $1 millón, invertido en 2011, generaría a hoy un saldo de $3.23 millones; es decir, un rendimiento promedio de 8.5% anual. Ese mismo recurso, en activos en TES en Colombia, equivaldría a $1.67 millones; es decir, un retorno del 3.8% anual (ni siquiera lo de la inflación). Es clarísimo que, con este nuevo decreto, se afectan a los ahorros individuales de los colombianos.
Nota 4: El gobierno falta a la verdad al decir que el incremento en las tasas de interés decretado por el banco de la República, favorece a las entidades financieras colombianas. Es lo contrario, cuando se han dado este tipo de escenarios en años anteriores (alzas en las tasas por el Banco de la República), las ganancias de los bancos disminuyen por la presión que eso ejerce a la tasa de interés, lo que a su vez conlleva a que el índice de cartera vencida se incremente y eso afecte las utilidades de dichas entidades.