Tenía nueve años cuando su vida cambió para siempre. En 1984, sicarios del cartel de Medellín asesinaron a su padre, el entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, en represalia por su cruzada contra el narcotráfico. La familia no tuvo más opción que salir del país: primero España, luego Suiza, donde el pequeño Rodrigo Lara Restrepo creció lejos de Colombia hasta 1993, cuando decidió regresar para hacer lo que muchos hijos de víctimas de la violencia terminan haciendo tarde o temprano: entender, desde adentro, el país que les arrebató a su familia. Empezó estudiando Sociología, pero pronto cambió de rumbo hacia el Derecho en la Universidad Externado — la disciplina que mejor le permitiría, años después, pelear las batallas institucionales que terminaría dando durante dos décadas en la vida pública colombiana.
Ese regreso no fue solo simbólico. Lara construyó una carrera política sólida, aunque con más tropiezos de los que suelen contarse en los perfiles de prensa: perdió su primer intento al Senado en 2006, y llegó finalmente al Congreso en 2007 por una vía poco convencional, ocupando la curul que dejó vacante el senador Reginaldo Montes tras verse envuelto en el escándalo de la parapolítica.
De ahí en adelante se movió con soltura por la institucionalidad: presidió la Cámara de Representantes entre 2017 y 2018, fue senador y representante por Cambio Radical, y se hizo conocido nacionalmente como el «zar anticorrupción» del gobierno de Álvaro Uribe, un cargo desde el cual impulsó auditorías ciudadanas, lideró la limpieza institucional de la liquidada Caja Nacional de Previsión Social, y hasta se apartó personalmente del proceso de concesión del aeropuerto El Dorado por un posible conflicto de intereses — un gesto de autocontrol poco común entre funcionarios de alto perfil.
Con el entonces vicepresidente Francisco Santos lanzó «Cuentos Legales», un programa para sembrar la cultura de la transparencia desde la infancia, mucho antes de que ese discurso se pusiera de moda en la política colombiana.
Su vida personal está tejida, igual que su carrera, con hilos de la historia política del país: está casado desde 2014 con la abogada María José Valenzuela, bisnieta del expresidente Alfonso López Pumarejo, lo que convierte su círculo familiar en un cruce de al menos dos linajes decisivos del siglo XX colombiano — el reformismo liberal de los López y la lucha contra el narcotráfico que le costó la vida a su padre.
Tras un intento fallido por la Alcaldía de Bogotá en 2023, se mantuvo relativamente al margen del ruido político hasta que Abelardo de la Espriella lo llamó para ser la primera pieza confirmada de su gabinete: el ministro encargado de tender puentes entre el Ejecutivo y un Congreso fragmentado, con la tarea explícita de sacar adelante las reformas del nuevo gobierno sin recurrir, según ha planteado el propio mandatario electo, a los intermediarios y pactos ocultos que históricamente han aceitado esa relación.
Pocos ministros del Interior llegan al cargo con una experiencia tan directa en los dos extremos del poder: el que se pierde de forma violenta, como le ocurrió a su padre, y el que se ejerce con disciplina institucional, como lo ha hecho él durante veinte años. Esa doble mirada será, para bien o para mal, la vara con la que se medirá su gestión al frente de la cartera que más depende de saber leer, en tiempo real, los equilibrios y las traiciones del Congreso colombiano.
