Por: Jazmín Balaguer
Ha pasado casi una semana desde que inició el Paro nacional, y las consecuencias del mismo son negativas para todos, principalmente para quienes este pretendía ayudar.
Es verdad que hay problemas sociales y económicos que se agudizaron con la pandemia, y ninguna reforma tributaria es popular. Sin embargo, hoy es cuando más se necesita. El país atraviesa su primera recesión económica del siglo XXI, después de 20 años de estabilidad, donde más de 1.5 millones de colombianos perdieron su empleo. Lo que significa, una tasa de desempleo 3 veces más alta, de la que ya se venía presentando en años anteriores, con 3.5 millones de personas que cayeron en la pobreza en 2020, según reveló el DANE. En otras palabras, se retrocedió por lo menos 10 años en logros económicos.
Sí el Gobierno, piensa pedir dinero a los colombianos bajo esas circunstancias, parece muy lógico salir a la calle a protestar. No obstante, esa reforma y la que se vaya a presentar, busca que sean aquellos a quienes ha afectado un tanto menos la pandemia, y aún conservan sus empleos con salarios de 2.4 millones de pesos hacia arriba, que den un poco, a quienes lo perdieron todo. Es entre todos, la única forma en que podemos mantener y ampliar el subsidio de ingreso solidario y la gratuidad de la universidad pública para estratos 1,2 y 3. Paradójicamente, los sectores que participan, promueven o lideran el paro, piden que se dé mucho más, lo cercano a 4 reformas tributarias.
Lo cierto es, que a pesar de esta difícil situación, la convocatoria del primer día del Paro, el 28 de abril, fue de aproximadamente 100 mil personas en todo el territorio nacional, según lo reportado por las cámaras inteligentes del Puesto de Mando Unificado (PMU), compuesto por diferentes instituciones de Gobierno, policiales, civiles y de control.
Una cifra mucho más baja, que la registrada en el Paro del 21 de noviembre de 2019, donde participaron aproximadamente 250 mil personas. Lejos de afirmaciones que dicen, que es un sentir de todo el pueblo colombiano.
Es posible que una de las razones de esta paradoja, es que se reconozcan los avances que hemos tenido como sociedad, y se entienda que los problemas que faltan por solucionar, no son culpa totalmente del Gobierno, ni los soluciona un Paro. Adicionalmente, está la falta de confianza sobre los convocantes y sobre los lideres políticos que los promueven. Porque hemos sido testigos de como han terminado, donde más allá de resultados, hay destrucción, muerte, saqueos, y una extensa lista de pretensiones populistas que buscan solucionar de un día para otro, problemas estructurales, y sobre ello justificar el cambio de la agenda política, de un gobierno que fue elegido democráticamente. Intentando ganar, lo que no logran en las urnas.
Desde la primera noche, emergió quienes quieren imponer al resto del país, por las vías de hecho, su interpretación de la realidad. Viendo en la fuerza pública a un enemigo, que no se une a su causa y por el contrario, controla su actuar vandálico, en ocasiones con fuerza excesiva.
Peor aún, cuando son grupos de delincuencia común organizados, los cuales aprovechan las marchas cuando pasan por lugares que controlan, como en Siloe (Cali), para atacar a la policía con armas de corto y largo alcance, buscando posicionarse territorialmente.
Según información de la Fiscalía y la Defensoría, hay 11 victimas mortales relacionadas con las marchas, y 7 que están por confirmarse. El trabajo mancomunado de estas instituciones, es establecer la responsabilidad de los uniformados, y si las victimas eran civiles inocentes, o parte de estructuras criminales que confrontaron a las autoridades.
Tenemos centenares de civiles como de policías heridos, y el asesinato de un oficial. También denuncias de violación de Derechos Humanos por abuso policial. Es necesario aclarar, que una denuncia, es una probabilidad de ocurrencia, no un hecho. Con respecto a los desaparecidos, la Unidad de Búsqueda y demás autoridades, han informado que ya los tienen ubicados prácticamente a todos.
Estas situaciones de orden público, han sido la excepción en toda la jornada del Paro. Ya que las movilizaciones, se desarrollaron en su mayoría en calma y acompañadas por la Policía, en aproximadamente 300 municipios del país, principalmente en capitales de departamento. De las cuales, quedan plantones en algunas ciudades.
En las regiones donde los indicadores de pobreza multidimensional son mas dramáticos, los grupos al margen de la ley impidieron salir a marchas, por medio de intimidación y amenazas. De permitirlas, provocarían ser foco de atención, facilitando el trabajo de la Fuerza Pública, que busca consolidar esos territorios, para liberar a las comunidades de la trampa de pobreza, en la que los tiene sumergidos la criminalidad.
Lamentablemente, sobre esos pocos puntos de violencia, es donde está la atención mediática, e inundando las redes sociales con videos sin contexto, y sin filtros de tiempo modo y lugar. Lo cual es instrumentalizado por la oposición (Lideres, algunos medios de comunicación e influenciadores), para promover la narrativa que el Esmad irrumpe cuando la protesta es pacífica, y que hay una represión sistemática de la institución policial y el Estado hacia los manifestantes. Sin importar, la afectación a la reputación del país a nivel internacional, con las consecuencias que trae para todos.
A toda esta situación, se suma el bloqueo de vías, que ha incrementando los precios de los alimentos, llevando al Gobierno a tratar de encontrar puntos de acuerdo, sobre propuestas viables, con los sectores convocantes. Algo que difícilmente se alcanzará, ante la variedad y extensión de peticiones. En definitiva, el Paro se unió a la pandemia para afectar a los colombianos más necesitados, y traerá una nueva reforma tributaria, que recaudará menos dinero destinado al gasto social. Volvieron a darle la razón, a quienes no marchan, que en su mayoría son los que terminarán votando.
