Por: Roberto Ortiz
16 mil personas salieron a recorrer las calles de Cali en la jornada nacional convocada para rechazar la reforma tributaria. Gentes de todas las edades y diferentes estratos sociales marcharon el 28 de abril contra el proyecto que implementa el IVA a la mayoría de los artículos de la canasta familiar, grava con un 19% los servicios públicos de los estrados 4, 5 y 6; impone un impuesto a las pensiones y pone a tributar a todos los que se ganan un poco más de 2.500.000 mil pesos mensuales. Igualmente, esta reforma pretende incrementar los impuestos a la gasolina lo que conlleva automáticamente al alza de los pasajes del transporte público; y lo peor de todo, es que pone un IVA a los funerales. Ni muertos nos salvamos de la reforma.
En mi condición de concejal y ciudadano, he manifestado públicamente que no estoy de acuerdo con esa reforma tributaria, y soy solidario con las manifestaciones que, en el marco del derecho constitucional a la movilización, se han venido desarrollando a lo largo y ancho del país.
Pero una cosa es manifestarse pacíficamente, y otra muy diferente la actitud de las bandas de forajidos y desadaptados sociales que, amparándose en la protesta, aprovechan la misma para vandalizar la ciudad con saqueos, quema de buses, asaltos a centros comerciales, daños a bienes públicos, y en ocasiones, agresiones a los propios manifestantes pacíficos.
Cali ya estaba advertida de las actividades que esos vándalos realizan cuando se convocan manifestaciones ciudadanas, las autoridades ya habían tenido en noviembre de 2019 experiencias de la capacidad de implementar desordenes que tienen esas agrupaciones criminales.; las autoridades no midieron suficientemente la capacidad de respuesta para evitar ese vandalismo que se repitió en la ciudad nuevamente el 28 de abril pasado. Estos sucesos empañaron el buen comportamiento que tuvo la inmensa mayoría de los marchantes durante la protesta. La lección esta aprendida.
A lo anterior se agrega que la fuerza pública fue pasiva, como se pudo observar, frente al derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar, y no tuvo una presencia oportuna cuando los vándalos estaban saqueando el centro de la ciudad, apedreando bancos y entidades del Estado, y en el sur derribando cámaras de foto multas.
Es preciso advertir, que esta violencia que se expresa en Cali se explica tambien porque acá confluyen todos los conflictos sociales, de inequidad y exclusión de toda la zona del Pacífico Colombiano; Cali es tambien el centro de la región Sur del Narcotráfico y de la criminalidad organizada, y por ello necesitamos urgentemente que haya una política pública de seguridad integral.
Hago un llamado a los gobernantes para que entiendan que detrás de esas manifestaciones de violencia esta una ciudad con altos índices de desempleo, de pobreza, de corrupción, inequidad y exclusión; una ciudad que la habitan miles de jóvenes que ven con desconfianza su propio futuro por la falta de oportunidades; son problemas a los que debemos darle soluciones económicas y sociales, y no solo represivas.
.
ROBERTO ORTIZ URUEÑA
