Por: El Expediente
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra Susana Muhamad e Irene Vélez por presuntas omisiones en la protección del páramo de Santurbán y por el incumplimiento de órdenes judiciales. El Tiempo lo puso en circulación el 5 de agosto. No es un fallo: es el primer paso disciplinario. Basta para dejar en el expediente lo que el gobierno Petro vendió como bandera ambiental.
La queja la presentó el 15 de julio el abogado Germán Calderón, coordinador del Equipo Dorado del Empalme Anticorrupción. Pidió investigar a Muhamad, a Vélez —entonces ministra encargada— y a otros funcionarios de la cartera. El eje es la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional: dejó sin efecto la delimitación de 2014 y ordenó una nueva, con participación real de las comunidades. Nueve años y tres gobiernos después, esa línea no está. El Consejo de Estado también había dado órdenes en una acción popular sobre la llamada Ventanilla Minera. Según la denuncia, tampoco se cumplieron.
En 2025 el Ministerio expidió la Resolución 0221, una reserva temporal en el costado occidental del macizo. Calderón sostiene que no se ejecutaron a tiempo el cronograma, los estudios ni la coordinación entre entidades. En junio, el Tribunal Administrativo de Santander ya había sancionado a Vélez por desacato: multa de cinco salarios mínimos de su bolsillo. Los magistrados no le cargaron todo el atraso desde 2017; le cargaron lo que no hizo desde que asumió el encargo en agosto de 2025. De 31 mesas previstas, en un tramo del proceso apenas se hizo una.
La denuncia cita reportajes de julio sobre minería ilegal dentro del páramo, pérdida de cobertura vegetal y ausencia de autoridad ambiental en zonas intervenidas. Habla de mercurio, plomo, arsénico, cianuro y uranio en fuentes que abastecen a más de 1,3 millones de personas del área metropolitana de Bucaramanga. En junio, Procuraduría y Defensoría ya habían pedido a la Fiscalía investigar el avance de esa minería.
Muhamad fue, durante casi todo el gobierno Petro, la cara del ambientalismo de Estado. El discurso era el páramo, el agua y la línea roja contra la minería. La indagación pone esa retórica contra el reloj judicial: la Corte habló en 2017 y el Ministerio no entregó la delimitación. Vélez heredó el incumplimiento y el Tribunal le puso multa. Ahora el Ministerio Público mira a las dos.
La indagación no es condena. Sirve para establecer si hay mérito para una investigación formal. El páramo, mientras tanto, sigue sin la raya que la Corte pidió hace casi una década.
Nueve años sin proteger a Santurbán: el gobierno de Petro dejó el páramo fragmentado y con 200 bocaminas ilegales — Especial Libro de la Verdad