Por: El Expediente
Hay ecosistemas en Colombia cuya importancia se mide no por su tamaño sino por lo que producen para millones de personas que ni siquiera saben que dependen de ellos. El páramo de Santurbán es uno de esos casos: una extensión de alta montaña en el nororiente del país cuyos suelos, cubiertos de frailejones, funcionan como una esponja natural que regula y almacena el agua que después baja, convertida en el suministro hídrico del que depende Bucaramanga y buena parte de su área metropolitana. Perder ese páramo no es un asunto abstracto de conservación ambiental: es, en términos muy concretos, poner en riesgo el agua que sale de la llave de cientos de miles de hogares.
Desde 2017, la Corte Constitucional colombiana ordenó que la delimitación definitiva de ese páramo se hiciera con una participación robusta de las comunidades que viven en la zona y bajo criterios estrictamente técnicos, precisamente para blindarlo frente a la presión constante de la minería, tanto legal como ilegal, que durante décadas ha buscado explotar el oro que también existe en esas montañas. Nueve años después de esa orden judicial, la delimitación sigue sin completarse de forma definitiva, y el Libro de la Verdad —el informe que el gobierno de Abelardo de la Espriella presentó tras el proceso de empalme con la administración saliente de Gustavo Petro— documenta que lo que sí avanzó en las últimas semanas del gobierno anterior fue algo considerablemente más preocupante que la simple demora acumulada durante casi una década.
Según el informe, las Resoluciones 863 y 992 de 2026 fragmentaron la delimitación del páramo en 29.199 hectáreas, divididas en bloques que, de acuerdo con el análisis del Equipo Élite Anticorrupción, no responden a un criterio técnico unificado de protección del ecosistema como un todo, sino a una parcelación que termina dejando distintas zonas del mismo páramo bajo distintos niveles de protección, dependiendo del bloque específico en el que cada una caiga. Es decir: en lugar de resolver de una vez la orden pendiente de la Corte Constitucional con una delimitación técnica y coherente, el gobierno saliente optó, en su recta final, por fragmentar la decisión, dejando un mosaico de protecciones desiguales sobre un mismo ecosistema que, por su función hídrica, debería tratarse como una unidad indivisible.
La consecuencia práctica de nueve años sin una delimitación clara, sumada a esta fragmentación de última hora, es un territorio que terminó, en buena parte, capturado por la minería ilegal. La Fiscalía General de la Nación documentó más de 200 bocaminas ilegales operando en la zona, sin ningún tipo de control ambiental ni fiscal, extrayendo recursos de un ecosistema que por su valor estratégico debería estar entre los mejor vigilados del país. Cada una de esas bocaminas representa, en la práctica, un punto donde el Estado colombiano simplemente no está presente, pese a que se trata de una zona bajo mandato judicial expreso de protección reforzada.
El Equipo Élite Anticorrupción no se limitó a documentar el deterioro ambiental como un dato aislado: presentó una investigación disciplinaria formal contra las exministras de Ambiente Susana Muhamad e Irene Vélez, ambas responsables, en distintos momentos del gobierno de Petro, de la política ambiental que debía haber resuelto de fondo la delimitación de Santurbán dentro de un plazo razonable después de la orden de la Corte Constitucional. Nueve años es, bajo cualquier estándar razonable de gestión pública, un tiempo excesivo para cumplir una orden judicial de esta naturaleza, y la investigación busca establecer si esa demora respondió a dificultades técnicas genuinas o a una falta de voluntad política sostenida durante distintas administraciones dentro del mismo gobierno.
El costo de esta indefinición prolongada no se mide solamente en términos jurídicos o disciplinarios. Recuperar una sola hectárea de páramo degradada por minería ilegal le cuesta al Estado colombiano decenas de millones de pesos, según cifras que el propio Libro de la Verdad documenta para casos similares de extracción ilícita en otras regiones del país. Con más de 200 bocaminas operando sin control, el pasivo ambiental acumulado en Santurbán probablemente ya representa una cifra considerable, aunque el documento no ofrece todavía una cuantificación específica para este páramo en particular.
Para Bucaramanga y las comunidades que dependen directamente del agua que baja de esas montañas, la pregunta que deja abierta este caso no es únicamente jurídica: es cuánto tiempo más tendrá que esperar la región por una protección real y efectiva de la fuente de la que depende, literalmente, su futuro. Nueve años de indefinición, y ahora una fragmentación de última hora que el propio gobierno entrante cuestiona, dejan a Santurbán en un limbo que ni el paso del tiempo ni el cambio de gobierno han logrado resolver todavía.