Por: Francy Manuela Arango
El debate político y jurídico sobre la decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella de trasladar su acto de posesión constitucional a una guarnición militar en el convulso departamento del Cauca pone al descubierto la inmensa distancia moral que separa al sentir de una nación agraviada del cinismo de una clase política enferma de cálculo y sectarismo. Asumir la primera magistratura frente a los hombres y mujeres de la Fuerza Pública no constituye en modo alguno un quiebre al orden civil ni un desafío al estado de derecho, sino el más elemental, justo y urgente desagravio hacia una institución que durante cuatro años padeció un sistemático desmantelamiento, abandono y estigmatización bajo la engañosa doctrina de la autodenominada «paz total».
Sin embargo, lo realmente perverso de esta contienda no es únicamente la oposición frontal del petrismo, sino la sofisticada maniobra del establishment tradicional que, jugando a la defensa del reglamento, esconde una feroz disputa por la supervivencia política y la hegemonía electoral. Allí emerge con total claridad el trasfondo de las declaraciones del senador Rafael Nieto Loaiza a la Revista Cambio bajo el titular «Le vamos a ganar la guerra a Abelardo», una expresión donde el uso explícito del lenguaje bélico traiciona un discurso aparentemente pausado, legalista y reflexivo. Al igual que en la perversa lógica de la guerrilla cuando le dice a un niño reclutado «me lo llevo por su propio bien», el purismo formalista que invoca el artículo 14 de la Ley 5 de 1992 y la preeminencia del poder civil busca arrebatarle al país y a sus soldados un símbolo histórico de reparación ciudadana, disfrazando el sabotaje, la celotipia electoral y el celo de casta como una noble tutela institucional. No se trata de sabiduría procesal ni de superioridad democrática, sino del intento del viejo régimen parlamentario por impedir que un liderazgo emergente consolide desde el primer día una narrativa de autoridad y respaldo a la tropa que desplazó por completo a las viejas estructuras partidistas.
Esta contención burocrática coincide de manera insólita y vergonzosa con el puritanismo procesal de congresistas de izquierda como Iván Cepeda y Jennifer Pedraza, y con el cinismo de agitadores digitales cooptados por el gobierno saliente, quienes se atrevieron a emitir despectivos juicios de valor contra la doctrina militar y la legitimidad de las armas de la República sin tener la idoneidad técnica ni siquiera la formación académica básica para hacerlo. Es el caso emblemático de activistas como Laura Daniela Beltrán, conocida en redes como «Lalis», quien desde la más absoluta ignorancia sobre seguridad nacional fungió de inquisidora moral mientras facturaba contratos públicos por más de 51 millones de pesos con la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) para supuestamente «asesorar» la estrategia digital del Ejecutivo.
Esa indignación selectiva, que hoy rasga vestiduras y cuenta centavos por los eventuales costos logísticos de una sesión descentralizada en un batallón del Cauca, alcanza niveles de hipocresía monumentales cuando se contrasta con el despilfarro obsceno en el que se inauguró y gobernó Gustavo Petro. La historia clínica de ese derroche registra que tan solo en la transmisión de mando del 7 de agosto de 2022 el DAPRE comprometió 3.571 millones de pesos mediante un contrato interadministrativo directo con la empresa pública Plaza Mayor Medellín S.A., financiando un espectáculo populista en seis plazas de la capital y recepciones privadas en la Casa de Nariño plagadas de personajes de muy dudosa reputación, a lo que se sumaron insultos fiscales como los 75 millones de pesos pagados por un retrato al óleo para el pasillo presidencial o los más de 100 millones tirados a la basura en montajes, tarimas y alimentación en San Andrés y Tumaco para eventos a los que el mandatario simplemente decidió no asistir por sus caprichos de agenda.
Quienes hoy pretenden dar cátedra de austeridad y legalidad para impedir un homenaje a los uniformados son exactamente los mismos dirigentes que instituyeron el clientelismo, la mermelada y el nepotismo familiar como política de Estado, como el congresista petrista David Racero, investigado por la Corte Suprema de Justicia tras revelarse audios donde exigía parte del salario a los trabajadores de su Unidad de Trabajo Legislativo mientras se destapaba la contratación estatal de al menos nueve de sus familiares, incluido su primo José Manuel Márquez Mayorca con contratos por más de 153 millones en la Agencia Nacional de Tierras y Colombia Compra Eficiente, y sus tíos cobrando millonarias órdenes de prestación de servicios directas en las regionales del SENA. Esa misma doble moral define al representante Alfredo Mondragón, enemigo acérrimo del orden civilizador, cuya prima recién egresada acumuló de la noche a la mañana cuatro contratos estatales simultáneos en los ministerios de Cultura y Justicia, la Unidad de Restitución de Tierras y la Alcaldía de Bogotá por más de 170 millones al año, o al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, con al menos siete familiares cercanos concentrando contratos públicos que superaron los 3.000 millones de pesos en entidades estratégicas como la ADRES y ProColombia.
Mientras estas redes burocráticas se repartían el botín del erario y pontificaban sobre la paz desde los micrófonos de la capital, la realidad en los campos de batalla dejaba un saldo sangriento y desgarrador que la nación no tiene derecho a olvidar y que constituye nuestra verdadera y más sagrada deuda moral: según datos consolidados del Comando General de las Fuerzas Militares, entre agosto de 2022 y julio de 2026 la Fuerza Pública sufrió el asesinato de 272 militares, registró 1.347 uniformados heridos y mutilados en combate por la acción cobarde de campos minados y explosivos, soportó 1.110 ataques directos contra las guarniciones y padeció 92 asonadas donde contingentes enteros fueron secuestrados, amarrados y humillados por masas populares instrumentalizadas por el crimen organizado.
La memoria de la patria sangra por tragedias imborrables como la masacre de Amalfi, Antioquia, en agosto de 2025, donde 13 valerosos policías fueron masacrados tras resistir once interminables horas de infierno y asedio bajo fuego enemigo y bombardeo con drones sin recibir apoyo aéreo ni refuerzos de un gobierno indolente, o el siniestro de la aeronave Hércules C-130 en la selva de Puerto Leguízamo, Putumayo, en marzo de 2026, donde perecieron 69 servidores de la patria —61 soldados, 2 policías y 6 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial— como consecuencia directa del desfinanciamiento, el rezago en el mantenimiento de la flota y la desidia administrativa de la cartera de Defensa.
Ante semejante sacrificio y abandono, el coraje silencioso de nuestros soldados y policías en las regiones más hostiles desborda cualquier formalismo de escritorio y nos recuerda dónde reside la verdadera grandeza de la nación: está en el arrojo sobrehumano del soldado profesional que en la Vía Panamericana, en el departamento de Nariño, no dudó en cargarse al hombro un pesado cilindro bomba recién desactivado para alejarlo corriendo de la población civil y evitar una masacre terrorista de las disidencias, jugándose la vida en un segundo de gloria; está en el militar al que le prendieron fuego y sufrió quemaduras graves en más del 70% de su cuerpo por defender a sus hombres de una turba de insurgentes disfrazados de inofensivos campesinos; y está en el valor inquebrantable de las tripulaciones de helicóptero que realizan arriesgadas maniobras de extracción aeromédica para rescatar a compañeros desangrándose bajo un intenso fuego cruzado en la manigua, aterrizando en zonas donde ningún político de salón se atrevería jamás a pisar.
Pretender satanizar con palabras adornadas de sabiduría parlamentaria un acto presidencial diseñado para honrar a estos héroes en su propia trinchera no es más que el estertor de un establishment enfermo que busca arrodillar y condicionar al nuevo mandato antes de su posesión. Por esa misma razón, ceder ante este chantaje del Congreso y trasladar la ceremonia de vuelta a la comodidad bogotana representaría para Abelardo de la Espriella un suicidio estratégico y la traición al mandato popular que lo eligió precisamente para restaurar el principio de orden y rescatar el honor militar. Endurecer la postura, confrontar el bloqueo legislativo y mantener firme la posesión en el Cauca no es un acto de soberbia temperamental, sino una imperiosa necesidad de supervivencia política para demostrar desde la primera hora que no habrá transacciones ni componendas con quienes priorizan la etiqueta burocrática sobre la sangre de los soldados, dejando claro que las reformas para recuperar a Colombia se defenderán de frente, sin titubeos, con la autoridad del Ejecutivo y el respaldo irrestricto de una ciudadanía que exige saldar de una vez por todas la deuda histórica con quienes han puesto su sangre y su vida y esto también incluye a los más inocentes y desarmados.