Los integrantes del Consejo Gremial, que reúne a 25 agremiaciones de distintos sectores de la economía del país y que administran los parafiscales, es decir, los multimillonarios aportes de los empresarios de esos sectores, son los principales opositores al proyecto de ley de la Contraloría General de la República conocido como Acto legislativo 355 por el cual se reglamenta el régimen de control fiscal y se le dan más herramientas a la entidad para combatir la corrupción y auditar esos importantes recursos.
El contralor Carlos Felipe Córdoba, quien ha utilizado su destreza política en el Congreso para impulsar el proyecto, sostiene que no se regresará al control previo y que el proyecto está encaminado a un control, ‘preventivo’. Sin embargo, los gremios se han opuesto con toda su fuerza al proyecto y sus temores encontraron eco en columnas como la de Guillermo Perry y la más reciente de María Isabel Rueda en El Tiempo titulada ‘¿Muy tarde para parar al rey Pipe?’ donde plantea los riesgos del posible regreso a un control ´previo’ y no ‘preventivo’.
Aunque los temores de los gremios, expresados en cuerpo ajeno en los medios de comunicación, aunque compresibles no dejan de llamar la atención toda vez que a 2018 la Contraloría tiene bajo la lupa $2.1 billones de pesos de esos recursos parafiscales que ellos administran.
El Expediente conoció algunos de esos procesos de auditoría fiscal en los que la Contraloría General ha hecho hallazgos administrativos, fiscales y hasta con connotación penal.
La CGR audita $21 mil millones del año 2017 y $18 mil del año 2018 del Fondo de Fomento Arrocero administrado por Fedearoz hasta el año 2026. En este ejercicio la contraloría vigila la destinación y el adecuado uso del 0.5% que los arroceros tienen que pagar por cada kilogramo de arroz comercializado.
La CGR también audita $10 mil millones de los aportes de los paneleros que aportan el 0.50% por cada kilogramo de panela que produzcan. Esos recursos son administrados por Fedepanlea mediante el contrato 2003-049 con vigencia hasta el año 2022.
También auditan el adecuado uso del 3% por cada kilogramo de cacao vendido que los cacaoteros le tienen que pagar a Fedecacao recursos que entre 2017 y 2019 rondaron los $10 mil millones de pesos.
La CGR también tiene dentro de sus funciones auditar a Fedepapa, también con poder entre el Consejo Gremial, y con $10 mil millones auditados entre 2017 y 2018 por cuenta del 1% de sus ventas pagan los productores de papa.
La poderosa Federación Nacional de Cafeteros, también integrante del consejo gremial, tiene $2.127 millones en 2017 y $1.961 millones bajo auditoría.
El Consejo Gremial Nacional, con claros intereses en tener un contraloría sin dientes, está integrado por la Asociación Colombiana de Minería, ACOLFA, ACOPI, ACOPLÁSTICOS, ANALDEX, ANATO, ANDESCO, ANDI, ASOBANCARIA, SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LA CAÑA, ASOCOLFLORES, ASOCIACIÓN DE FIDUCIARIAS DE COLOMBIA, ASOFONDOS, CAMACOL, CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA, COLFECAR, CONFECÁMARAS, COTELCO, FASECOLDA, FEDEGAN, FEDEPALMA, FENAVI
FENALCO y la SAC – Sociedad de Agricultores de Colombia
